Al menos veinte profesores fueron despedidos sin causa de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (Unvime), en San Luis. Los gremios docentes denuncian una maniobra política del rector organizador, David Rivarola, para garantizar un padrón que le sea favorable en un futuro llamado a elecciones y, según informaron, hoy lo denunciarán por discriminación ideológica ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). A la par de los despidos, la institución abrió una convocatoria pública para cubrir 120 cargos docentes. 

Los profesores afectados se enteraron por mail de que la gestión de la Unvime considera que sus designaciones vencieron el último 31 de marzo. La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Unvime (ADOI, integrante de la Conadu) y el Sindicato de Docentes Universitarios de la Provincia de San Luis (Sindulp, perteneciente a la Fedun) denuncian que los profesores estaban amparados por una paritaria firmada por los dos rectores anteriores, que garantiza su derecho de presentarse a un concurso cerrado para retener el cargo. 

La Unvime, creada en 2009, ya ha doblado el plazo máximo de cuatro años que la Ley de Educación Superior prevé para la normalización de las nuevas universidades, y es la única de las casas de estudio creadas en la década pasada que aún no fue normalizada –es decir que aún no se rige por el sistema de cogobierno universitario, con elecciones de claustros–. Por eso, sus docentes contaban con una designación provisoria. Otras universidades creadas con posterioridad ya han finalizado ese proceso. 

La gestión del gobierno de Mauricio Macri no contribuyó a agilizar la democratización, ya que en los dos años que lleva cambió tres veces al rector organizador, en un juego de tira y afloje con la gobernación provincial por el control de la universidad. El actual rector Rivarola, de origen radical, fue designado mediante un decreto de Macri, días después de las primarias legislativas del año pasado.

“Hay una clara mala intención de la universidad al desconocer el acuerdo paritario previo, que ya se aplicó en el caso de otros docentes. No se explica el criterio para hacer tal diferencia”, aseguró a PáginaI12 la secretaria gremial de la Conadu, Verónica Bethencourt.

El secretario general de Sindulp, Diego Saber, dijo que cuando los docentes se presentan a trabajar no los dejan entrar, o se encuentran con que los alumnos no están porque les avisaron que no tienen profesor. “Todo esto se constató por escribano público. Estamos preparando una medida cautelar para presentar en la Justicia Federal y otras presentaciones para el Ministerio de Trabajo, exigiendo el número de despidos y sus causas”, agregó. 

En paralelo a los recortes, la gestión de la universidad convocó abiertamente a docentes a inscribirse en un registro de aspirantes para 120 cargos. “La situación habla de una necesidad o voluntad de un desplazamiento de trabajadores. Supongo que se están preparando para terminar de apoderarse de la institución. Saben que si fueran a elecciones hoy en día, probablemente no les darían los números para ganar el rectorado”, reflexionó el secretario general de ADOI, Guillermo Zanón.

Al escenario se suma que, a fines del año pasado, las autoridades decidieron desconocer al gremio ADOI, que hasta entonces era reconocido como un interlocutor legítimo y firmante en las paritarias. El argumento utilizado es que al sindicato le falta la inscripción gremial, situación que no se modifica desde hace más de dos años. “De golpe nos desconocen, en el momento en que empezamos a marcar varias situaciones que no están ajustadas a ley”, dijo Zanón. 

Bethencourt agregó que esa situación se vincula con los plazos que se toma el Ministerio de Trabajo para otorgar las inscripciones: “En los últimos dos años sólo salieron nueve inscripciones gremiales, el trámite está trabado. La mora la estamos denunciando judicialmente, pero no puede ir en contra de los derechos de los compañeros. Además, mientras avanzan los procesos de legitimación de los sindicatos nuevos, los compañeros funcionan amparados en la personería gremial de la Conadu. Ha sido así históricamente”.

Informe: Inés Fornassero.