La multinacional Cargill anunció en la madrugada de ayer la decisión de suspender las operaciones en sus plantas de molienda de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe) y Bahía Blanca, en respuesta a un conflicto gremial que comenzó el 16 de marzo, tras la decisión de cesantear a 33 personas. La parada de las plantas afecta a 500 trabajadores a quienes la compañía adelantó que no les pagará el sueldo mientras dure la suspensión que, en principio, se extenderá hasta el 10 de abril.  

Los empleados se enteraron de la novedad a través de un cartel escrito a mano que apareció en la puerta de las plantas. “Frente a la situación de frecuentes paros intermitentes, irregulares tanto en el momento del día como en las áreas de trabajo y de duración variable para mantener las condiciones necesarias de seguridad-física de las personas, equipos, instalaciones y procesos, se suspenden las operaciones en este establecimiento y consecuentemente la prestación laboral sin goce de haberes a partir de las 6.00 del 05/04/2018, y en principio, hasta las 6.00 del 10/04/2018, donde deberán presentarse a trabajar en sus distintos horarios”, se informa. Por último, se aclara que “las actividades se reanudarán normalmente siempre y cuando se regularice la situación, permitiendo operar de forma segura”. 

A fines de enero, la cerealera echó a 44 operarios que no habían aceptado los retiros voluntarios. Tras un período de negociaciones, solo un puñado se sumó a los retiros. Una semana después comenzaron a llegar los telegramas de despido para el resto y volvió a desatarse el conflicto. El gobierno decretó la conciliación obligatoria que concluyó el jueves 15 de marzo y la multinacional finalmente comunicó que reemplazaría a los 33 trabajadores de las plantas de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear y aseguró que los reemplazos se iban hacer en idénticas condiciones de contratación, es decir como empleados de Cargill en relación de dependencia y en las mismas zonas geográficas. “Cargill reitera que el objetivo de esta medida no es la tercerización, ni la eliminación de puestos de trabajo, sino el reemplazo de colaboradores por otros con características y perfiles distintos y adecuados para garantizar la continuidad de las operaciones”, indicó el comunicado de la firma. 

El Sindicato de Obreros Aceiteros de Rosario rechazó el argumento de la empresa. “Estamos tomando medidas paros por un par de horas en algunos turnos y volver a arrancar la planta”, explicó entonces Daniel Yofra, secretario general de la federación. La respuesta a esa medida de protesta llegó ayer por la mañana cuando Cargill paralizó la producción y suspendió a todos los trabajadores sin goce de sueldo al menos hasta el 10 de abril. 

Cargill aseguró que en los últimos veinte días se produjeron 80 paradas operativas no programadas y que decidió tomar esta decisión porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. Desde la Federación de Aceiteros respondieron que van a denunciar el “lockout” por ilegal y remarcaron que “es más ilegal aún que Cargill diga que no va a pagar los haberes porque se le ocurrió suspender las tareas”.