Durante las audiencias se produjeron algunos episodios de interés académico. En 2009 la presidente del Consejo de Ciencias Económicas, Blanca Juárez, declaró que la militante Graciela López discutió con Morales y le advirtió que no se metiera con las organizaciones sociales. Pero nada dijo de la presunta amenaza de pegarle un tiro, a él, a su hijo y a su familia, que en cambio refirió ahora. El juez Juárez Almaraz se negó a la lectura de la declaración anterior. La defensa pidió reposición, que es una solicitud para que el mismo tribunal revoque su decisión anterior. El presidente respondió cortante que no permitiría reponer. Ante los rumores en la sala varias veces amenazó con desalojarla en defensa de la seguridad, la higiene, el orden y la moralidad. En un giro desopilante, que alguna vez llegará a las aulas de derecho, Gómez Alcorta pronunció la frase más bizarra del proceso:
–Repongo contra su decisión de no dejarme reponer.
Explicó que ése es el único recurso de la defensa durante el debate y precisó que aceptar o no una reposición es facultad del tribunal y no de su presidente y que de volver a negárselo se vería obligada a considerar recusarlo. Cataldi y Díaz dejaron de nuevo en minoría al cada vez más furioso Juárez Almaraz, que debió admitir la reposición. La contadora Juárez ratificó su declaración y el fiscal Federico Zurueta opinó que no veía variación. En vez de pedirle un certificado oftalmológico, el presidente también interpretó que no había variación ni contradicción, lo cual muestra que con tal de condenar a Milagro Sala, no se detiene ni ante las leyes de la lógica. Antes de dejar a la testigo a solas con su conciencia, Gómez Alcorta le preguntó si como presidente del Consejo había suscripto la solicitada tema “Los jujeños somos derechos y humanos”, inspirada en las denigraciones de hace cuatro décadas en contra de quienes denunciaban las violaciones a los derechos humanos del Terrorismo de Estado. En un solo episodio quedaron en evidencia la calaña del presidente del tribunal y de la testigo. Algo similar ocurrió con el testigo Oscar Gustavo Fernández, quien suministró una versión truculenta de los hechos, a la que le sumó una amenaza a Morales (“te vamos a matar”) que tampoco había mencionado cuando declaró ante el juez de instrucción horas después de los hechos. Por desgracia no había en la sala peritos psicólogos que pudieran explicar este fenómeno admirable de la mente, que permite recordar siete años después situaciones que no se tuvieron presentes a las pocas horas de lo sucedido. Sin tal explicación científica esos nuevos recuerdos podrían tomarse por una fabulación. Fernández tenía sus buenas razones. La defensora Álvarez Carreras, con exasperante serenidad, le preguntó si era pariente del contador Morales:
–Cuñado soy– debió admitir este militante radical, como nueve de cada diez testigos de la querella.
Cuando le pusieron en evidencia el falso juramento del testigo, Juárez Almaraz adujo que la pregunta del Código se refería a amistad pero no a parentesco. No es así. El artículo 249 ordena al juez interrogar al testigo sobre “vínculos de parentesco y de interés con las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad”. Durante las primeras audiencias preguntaba a los testigos si les comprendían las generales de la ley, como si los seres humanos estuvieran obligados a conocer esa jerga anacrónica que ni siquiera figura en los códigos. Así se produjo el blooper con el auditor Alejandro Nieva, quien se refirió a su amigo Gerardo, luego de jurar que no era amigo de ninguna de las partes. Juárez Almaraz bajó de su sitial de director del proceso para rescatarlo del berenjenal en que lo había metido e interpretar que había querido decir que no era amigo de los imputados. Con ayuda de los otros jueces, luego del incidente con el cuñadísimo, Juárez Almaraz aprendió sobre la marcha cómo debe tomarse el juramento de decir verdad, conocimiento que le será útil en el futuro si no decide dedicarse a un oficio menos ingrato.