![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Luis-Brustein.png?itok=eE5raWl5)
El arresto de Lula va más allá de Brasil, tantea límites y bordea abismos conocidos, regresa a escenas del pasado, cierra puertas en toda la región. Las democracias recuperadas tras la caída de las dictaduras han llegado a una encrucijada o un despeñadero. Esa imagen de Lula perseguido y acorralado por los poderosos trae reminiscencias inevitables del Salvador Allende de los ‘70 en el Chile de los cacerolazos y los momios; evoca al presidente popular y democrático atrincherado en la casa de gobierno. Ahora no hay tanques en las calles, no hay bombardeos. Pero aquella brutal reacción de la derecha chilena proclamaba que no había democracia para los movimientos populares. Les declaraba la guerra y convocaba a la violencia política. Las luchas populares son como el agua, si las democracias se cierran, encuentran fisuras en la clandestinidad y todo ese camino ha desembocado en el apocalipsis de las doctrinas de la seguridad nacional y sus dictaduras.
Tras el golpe parlamentario que desplazó a la presidenta Dilma Rousseff, Lula decidió salir a la calle. A Rousseff la destituyó el Parlamento en un golpe palaciego y no le pudieron probar una sola acusación de corrupción. En cambio Eduardo Cunha, el golpista presidente de la Cámara de Diputados, está cumpliendo una condena de 16 años por causas muy probadas de coimas y enriquecimiento ilícito. Dilma fue derrocada pero ni siquiera fue acusada penalmente. Cunha, promovido por las iglesias evangélicas a las que pertenece, está en prisión.
La convicción democrática de Lula lo llevó a la calle, hizo caravanas por todo Brasil y logró revertir los efectos de la fuerte campaña de O’Globo en su contra. Las encuestas lo mostraron como el candidato con más intención de voto, muy por delante de su seguidor inmediato, Jair Bolsonaro, un fascista que simpatiza con las dictaduras militares. La derecha no tiene un candidato claro, es difícil que acepte a Bolsonaro y es probable que invente un candidato con un periodista de derecha, un actor, el actual intendente de San Pablo, Joao Doria Junior, o un juez del Lava Jato.
Lula hubiera ganado las elecciones y probablemente todavía lo pueda hacer porque el Partido de los Trabajadores anunció que presentará su candidatura aunque esté en prisión. Quedará así expuesta la falsa vocación democrática de la derecha representada por sectores del Poder Judicial, el poder económico y las corporaciones mediáticas. La única vocación democrática legítima que surge de estos escenarios está en los movimientos populares a pesar de la represión y las trampas de la derecha.
El juez de Curitiba, Sergio Moro, ha sido acusado de actuar por intereses políticos. Cunha fue condenado por Moro, pero después de que el político corrupto lograra la destitución de Dilma Rousseff. Y es el juez que ha perseguido en forma encarnizada a Lula y el que ha ordenado su encarcelamiento. Hay una fotografía de Moro, sonriente, junto a Aécio Neves, el ex candidato de la oposición derechista. La fotografía fue tomada cuando la revista derechista y sensacionalista Isto E declaró “Brasileño del año” al mediático y ambicioso juez Moro. Es la misma publicación que a finales del año pasado encabezó su tapa con un gran titular que decía “Lula debe morir”. Junto a Moro, el semanario premió también a varios ministros del gabinete del desprestigiado presidente Michel Temer.
El ex senador Aécio Neves, que en la foto sonríe y secretea junto a otro sonriente juez Moro, fue separado de su cargo porque fue filmado cuando le pedía a un empresario una coima de 600 mil dólares para pagar a los abogados que lo defendían por acusaciones de corrupción.
En un artículo publicado en el New York Times en enero de este año se señala que Moro “ha demostrado su propia parcialidad en varias ocasiones. Tuvo que disculparse ante el Supremo Tribunal Federal en 2016 por divulgar conversaciones grabadas entre Lula y la entonces presidenta Dilma Rousseff, su abogado y su esposa e hijos. El juez Moro organizó un espectáculo para la prensa en el que la policía se presentó en la casa de Lula y se lo llevó para interrogarlo, aun cuando el ex presidente había dicho que se reportaría voluntariamente”.
El artículo se extiende para demostrar que Lula ha sido condenado sin pruebas consistentes, nada más que con una declaración obtenida luego de que el testigo permaneciera detenido seis meses sin juicio. Previamente había declarado lo contrario y se negaron a concederle los beneficios de la ley del arrepentido, que solamente le otorgaron cuando implicó a Lula. “Esta escasa evidencia fue suficiente para el juez Moro –afirma NYT–, en lo que los estadounidenses podrían considerar un juicio amañado”. No hay papeles, documentos, fotografías ni otros testimonios. “La evidencia en contra de Lula –asegura Mark Weisbrot, autor del artículo– está muy por debajo de los estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial estadounidense”.
El habeas corpus que presentó Lula ante el Tribunal Superior de Justicia fue rechazado por seis de los once jueces que lo integran. De esos seis, cinco fueron designados durante la gestión del acusado. Por esa razón, eran los más vulnerables a la presión mediática encabezada por O Globo, que fue el origen de las denuncias. Estaba claro que si votaban a favor del hábeas corpus hubieran sido descuartizados por los medios. El poder de las corporaciones mediáticas desequilibra el sistema democrático. Y la parcialidad de una parte del Poder Judicial se suma a ese factor desequilibrante.
El jefe del ejército, el general Edoardo Vilas Boas, amenazó veladamente a los jueces: “no aceptaremos la impunidad en Brasil”. Y al mismo tiempo reclamó que los soldados que ocupan en este momento la ciudad de Río de Janeiro y que maten a civiles durante esta ocupación, sean juzgados por tribunales castrenses y no civiles. El general hizo este reclamo en el marco del reciente asesinato por un grupo paramilitar, de la concejal de izquierda Marielle Franco, que estaba al frente de una comisión que debía vigilar el desempeño de los militares en la ciudad de Río. Otro poder que desequilibra a un sistema que ya no es más democrático ni en apariencia, como incluso lo advierte el artículo del New York Times.
Los elementos son los mismos que en las viejas dictaduras, aunque se ordenan en forma diferente. Y son los mismos que sobrellevan otros países de la región. Son los mismos factores, jueces, medios, servicios de inteligencia, poder económico, que inciden y desequilibran las democracias hasta convertirlas en una escenografía de papel maché. Los ciudadanos son libres para elegir al gobierno de derecha que deseen. Pero los movimientos populares están proscriptos por la persecución mediática y judicial motorizada por el poder económico.
Lula en la sede de los obreros metalúrgicos de Brasil, rodeado por decenas de miles de manifestantes es una fotografía de esa realidad, que quiere expandirse hacia los demás países de la región. En Argentina, el mismo sistema de persecución se aplicó contra el kirchnerismo. Y Cristina Kirchner soporta el asedio judicial con causas que tuvieron gran impacto mediático en su momento pero que se dilatan ahora con jueces y fiscales que han mostrado manifiesta enemistad sin que encuentren las pruebas que ameriten una condena.
El comienzo es siempre una campaña de destrucción mediática que se transforma después en amenaza judicial para arrinconar a los movimientos populares. La amenaza se mantiene si esa campaña consigue dividir y debilitar. Pero culmina con prisión y condenas, como ahora en Brasil, cuando el movimiento popular resiste la embestidas y muestra capacidad para volver a disputar el gobierno. Son estrategias que se aplican también en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, con sus particularidades según el proceso político que intentan destruir.
La derecha llevó la violencia política a las calles de Venezuela apoyándose en la crisis económica, y fracasó. La derecha puso ahora a Brasil al borde de la violencia. Argentina y Ecuador atraviesan situaciones explosivas aunque los movimientos populares no encontraron todavía el camino de su recuperación. Pero en Argentina, la violencia y la política oficial de promover la brutalidad policial ya se ha cobrado numerosas víctimas en la protesta social. Constituyen el retorno de situaciones que se creían superadas en una sociedad que sufrió la peor de las dictaduras.
Es la misma estrategia en todos los países. Han institucionalizado nuevamente un estatuto de violencia que no existió durante los gobiernos populares. La prisión de Lula es violencia. La persecución judicial injusta, sin pruebas y con evidentes objetivos políticos, es violencia. La derecha no es democrática y promueve la violencia. Por el contrario, los movimientos populares son democráticos porque su única arma está en la posibilidad de generar formas de expresión ciudadana para las mayorías.
La decisión de Lula de recorrer su país para derrotar la campaña mediática; la determinación de seguir los pasos de la justicia pese a la evidente parcialidad de los jueces; convertirse en el candidato con mayor intención de voto, pese a toda la campaña en su contra, y asumir una resistencia pasiva en la sede de los obreros metalúrgicos, rodeado del pueblo que lo respalda, han sido todas acciones con una convicción democrática profunda. La estrategia de Lula ha sido confrontar cada contingencia de la derecha con participación democrática popular, abriendo formas de expresión de esas mayorías. La campaña mediática, la parcialidad de los jueces, su condena y la represión son acciones de autoritarismo para cerrar esas formas de expresión popular que busca abrir Lula.
Las viejas democracias empiezan a mostrar sus límites. Y la resistencia a las formas autoritarias y de privilegios que se preservan en su interior, está encontrando las formas de las nuevas democracias donde militares, medios y jueces no pueden constituirse en factores desequilibrantes o instrumentos del poder económico contra los movimientos populares.
