La segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri se inauguró el 28 de diciembre de 2017, cuando los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, respectivamente, el Presidente del BCRA, Federico Sturzenegger y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunciaron un recrudecimiento de la política económica en contra del poder adquisitivo de las mayorías. El 2018 inició una temporada de aumentos que reduce la capacidad de consumo de trabajadores y jubilados, arrinconando la calidad de vida de los hogares.
Ese 28 de diciembre, el Día de la Inocentes, se advirtió a la sociedad que habría vía libre para que los sectores de capital concentrado determinen el tipo de cambio, la tasa de interés y el nivel de precios según les convenga, y que los trabajadores sólo podrían aspirar a un aumento máximo del 15 por ciento en sus ingresos.
En pocos días la indexación de la economía comenzó a proyectarse bien por encima de esa soñada ancla salarial del bloque dominante en ejercicio del Gobierno, iniciándose otro ciclo de reducción del poder de compra de los ingresos populares.
Una muestra son los aumentos de las tarifas de los servicios públicos básicos que, tomando lo anunciado para 2018, alcanzan un incremento de hasta 1490 por ciento acumulado en dos años, como es el caso de una factura promedio de electricidad. Otros servicios esenciales como el gas o el agua o el transporte público, acumulan aumentos de 1297, 664 y 105 por ciento, respectivamente.
La desregulación tarifaria en los servicios públicos, en especial en combustibles y energía, que afecta directamente las posibilidades de acceso popular a bienes básicos, se difunde por toda la economía, acelerando el alza de precios de la mayoría de los productos y servicios de consumo masivo.
En medio de una intensa puja entre los dueños del capital por determinar la mejor coordenada monetaria y cambiaria, cada uno para sí mismo, los trabajadores son objeto de provocación en los ámbitos de paritarias salariales, como entre otros, en el caso del 9 por ciento ofrecido por la patronal bancaria, el 12 por ciento a los estatales, o el congelamiento de salarios en el Sistema de Medios Públicos.
A lo largo de los dos primeros años del Gobierno de Cambiemos, los trabajadores formales de casi todos los sectores, que cuentan con sindicatos y negociaciones paritarias para defender su poder de compra, han sufrido una pérdida de poder adquisitivo (ver cuadro).
Mientras, para quienes viven con un trabajo informal o mediante “changas” la situación es aún más preocupante.
Los aumentos de precios de los alimentos y de los servicios públicos (el transporte, por ejemplo), impactan muy desigualmente al interior de la clase trabajadora. Los informales y desocupados, al límite de las posibilidades de subsistencia, enfrentan horas de enorme sacrificio, sin que se vean perspectivas de regeneración de ingresos en sus hogares. De hecho, una desagregación de la inflación de acuerdo a los patrones de consumo de cada decil permite observar que los hogares de menores ingresos son los que sufren mayores aumentos.
Ajuste
El plan de los sectores que forman la alianza de Gobierno es explícito: ajustar las condiciones de vida de las mayorías populares.
El ajuste encontró un límite contundente en las movilizaciones de diciembre, contra la reducción de los haberes previsionales. Esa expresión potente de resistencia, lejos de frenar la implementación del programa del Gobierno, tuvo como respuesta un aumento represivo inédito en democracia; que no viene sino a confirmar el carácter regresivo del programa económico que, como tal, debe ser custodiado por las fuerzas de seguridad.
Sectores mayoritarios dentro del movimiento obrero, ante la agresividad patronal y estatal sobre los trabajadores, organizan el sendero de la protesta social frente al ajuste, ya en condiciones de marcada defensiva, y en medio de una inclemente cadena mediática de estigmatización de todo aquello que exprese a los más humildes, desde los dirigentes que los representan, hasta los jóvenes excluidos en la marginalidad.
Despidos en el Estado y en el sector privado refuerzan el asedio sobre el poder negociador del movimiento obrero. Parte de esa estrategia es la precariedad del trabajo generado. Tras un 2016 de pérdida de puestos de trabajo, el 2017 recuperó el terreno perdido en términos cuantitativos. Sin embargo, la creación de estos puestos en el último año está explicada por nuevos monotributistas (4,9 por ciento) y monotributistas sociales (14,0 por ciento), las modalidades más precarias dentro del empleo registrado. En cambio, sectores asociados a empleos de mayor calidad como los de la industria manufacturera presentan una baja en los puestos de trabajo de 5,3 por ciento respecto de noviembre de 2015. El crecimiento del empleo registrado es de solo 0,2 % desde esa fecha, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Mientras, la Población Económicamente Activa crece a una tasa aproximada de 1 por ciento anual.
Estigmatización, violencia física, amenazas y encarcelamientos. Así ha decidido enfrentar la derecha en la Argentina a la oposición ciudadana, política, social y sindical.
Son claves, en este riguroso contexto, los conflictos que ya encaran sectores importantes de trabajadores, como los bancarios y los docentes. Sin dudas, van a generar precedentes que influirán en el resto de los sectores, y por ello es urgente rodearlos de solidaridad.
En ambos casos, y con sus manifiestas diferencias, se repite una articulación perversa entre determinados medios de comunicación, el Gobierno, el Poder Judicial y el sector patronal, para coordinar acciones de hostigamiento en medio de la negociación salarial.
El Gobierno, que para sectores más ricos y concentrados del país tiene (des)regulaciones, precio e indexación automática y rebaja de impuestos, para los trabajadores, las PYMES, los comercios minoristas y los sectores sociales más vulnerables solo tiene rebaja salarial, despidos, quita de derechos y persecución.
Impúdicamente, y en simultáneo, se sucede una trama de corrupción y negocios público privados, protagonizada por gran parte del Gabinete Nacional, incluido el propio presidente.
La vulnerabilidad y exposición externa a la que están sometiendo a la Argentina, dejándola al arbitrio de intereses financieros locales e internacionales, que son incontrolables y que se fugarán en cuanto las condiciones no les resulten tan favorables, enciende las luces de alarma social en reclamo del freno a un plan económico dirigido a instalar una etapa de miseria planificada para millones de argentinos.
* 225 economistas integrados en el Colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA).
Evolución del salario real
2016-2017
(en variación acumulada, neta del efecto inflacionario)
| Transporte | -8,5% |
| Docentes | -8,2% |
| Petroleros | -7,8% |
| Estatales | -7,1% |
| UATRE | -6,4% |
| Comercio | -4,9% |
| Bancarios | -4,3% |
| Camioneros | -4,2% |
| Telefónicos | - 3,5% |
| Construcción | -1,4% |
| Aceitereros | 3,2% |
Fuente: EPPA, elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
