Pasaron ya diez años del llamado conflicto con el campo que conmocionó a la sociedad. Fue un conflicto por la distribución de la renta agraria, con las consecuencias sociales y políticas que ahora son ya inocultables. Una década atrás, la Resolución 125/08 de retenciones móviles a las exportaciones de soja desató una disputa que se inició en términos económicos, pero que rápidamente escaló al plano político. Durante cuatro meses se sucedieron grandes movilizaciones, cortes de ruta, enfrentamientos varios y un fuerte debate en el Congreso.
El gobierno mantuvo las retenciones fijas, incrementó los ingresos fiscales y potenció su política social. En los dos últimos años de su primer mandato, desplegó un programa de ampliación de derechos (recuperación del sistema jubilatorio, ley de medios, matrimonio igualitario, ley de muerte digna) que constituyó el período virtuoso de todo el ciclo kirchnerista. Lo que le permitió a CFK ser reelegida con el 54 por ciento de los votos.
Sin embargo, todo esto no era más que la superficie de aquellos acontecimientos, por debajo de aquel conflicto estaba la evidencia de que esa potencia oculta que es la renta de la tierra había regresado para ocupar el lugar del cual había sido desplazada poco más de setenta años atrás.
Diez años después aquel regreso se ha consolidado. La agroindustria y las finanzas lideran el proceso de acumulación de capitales. En la reciente visita a la Expoagro, el presidente Mauricio Macri lo reconoció explícitamente en su discurso de inauguración: “El campo es el gran motor que tiene la Argentina, los felicito” les dijo, reafirmado esa alianza estratégica y completó: “Ustedes respondieron. Hicieron lo que tenían que hacer, ganaron y volvieron a invertir para crecer más”.
Si apenas comenzada su gestión el gobierno eliminó retenciones y redujo las de la soja y devaluó, ahora anunció medidas largamente esperadas por los ruralistas: obras públicas para mejorar la infraestructura (circulación y control de inundaciones), eliminación de registros y declaraciones juradas (desburocratización) a riesgo de facilitar la evasión fiscal, rutas para los bitrenes (reducción de costos de transporte). Esto contrasta con el desinterés por la industria, con la excepción de maquinaria agrícola y ciertas cadenas de valor ligadas al procesamiento de alimentos.
Todo quedó en evidencia cuando el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, acusó de mendicantes a los industriales, “Hay que dejarse de llorar” les dijo, y pidió que inviertan para aumentar la producción en lugar de ajustar por precios. Respondió así a los empresarios que planteaban que la capacidad instalada del sector estaba solo en el 61 por ciento y que habían perdido 68.000 puestos de trabajo en dos años; que reclamaban por las importaciones, por el aumento del costo laboral, porque las provincias aumentan sus impuestos en lugar de bajarlos y otras demandas.
En el campo se verifican hoy las tendencias que adelantara al inicio de los ‘70 el economista belga Ernest Mandel, que, basado en Marx, las caracterizó como “industrialización agraria”. Es que junto con las innovaciones tecnológicas en la siembra, riego, cosecha y almacenaje se han impuesto criterios de eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad propios de las grandes empresas. Argentina es unos de los principales exportadores de oleaginosas del mundo y junto con Brasil el mayor núcleo productivo mundial en materia de granos
El gran capital, sobre todo financiero, ha ingresado a la actividad agrícola–ganadera. Con los desmontes, el desplazamiento de poblaciones originarias de sus tierras ancestrales y el daño ambiental que esto supone se incorporaron millones de hectáreas de tierras fértiles y se expandió la frontera agropecuaria. La superficie cultivable creció más de 35 por ciento y en los últimos 40 años la producción de granos pasó de 45 a 135 millones de toneladas.
Si hace diez años el conflicto del campo hizo emerger el regreso de la renta agraria, la actualidad muestra que ese regreso se ha consolidado y que hoy la renta pisa fuerte. Nuestra propia historia revela que el campo es liberal en lo económico y profundamente conservador en lo político e ideológico. El actual gobierno es muestra de ello.
* Integrante de Economistas de Izquierda (EDI).