Paraná recibió el encuentro con la apatía de una ciudad conservadora, típicamente indolente y a veces autocomplaciente. En los días previos, el arzobispo Juan Alberto Puiggari hizo público un protocolo de actuación ante casos de abuso. Se llama “Protocolo arquidiocesano de actuación ante la sospecha o descubrimiento de abusos sexuales en los que sean víctimas menores o adultos vulnerables” y contiene una serie de normas para la prevención y un protocolo sobre los pasos que deben seguirse ante una denuncia o sospecha verosímil de un abuso cometido por un clérigo, religioso, religiosa o laico. Sobre el encuentro, sin embargo, no emitió ningún comentario.
El protocolo para la prevención de los casos de abuso impone a los sacerdotes la prohibición de “realizar cualquier insinuación, comentario o chiste sexual delante de menores o adultos vulnerables; poseer o exhibir cualquier material sexual o pornográfico; consumir o estar bajo la influencia de alcohol, drogas o utilizar lenguaje vulgar; involucrarse en conductas sexuales secretas o manifiestas, y dar o recibir regalos personales o desproporcionados”. También advierte que se debe evitar el contacto físico y “si es el menor o el adulto vulnerable quien inicia gestos como un abrazo, la respuesta debe ser sobria, breve y apropiada, y siempre en lugares públicos y delante de otras personas”; y señala que “un adulto nunca puede permanecer a solas con un menor o un adulto vulnerable en una habitación o ámbito cerrado. Cuando esto no sea posible, la reunión tendrá lugar con la puerta al menos semiabierta o asegurándose de alguna manera la posibilidad de ser vistos en todo momento”.
Gabriel Cuesta, referente de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, consideró ante la consulta de Página/12 que “el protocolo es parte de una campaña de la Iglesia para cuidar su prestigio, por eso no es casual que salga a hablar de esto a pocos días de que comience el juicio de (el cura, Justo José) Ilarraz” y advirtió que “se presenta como un protocolo para la prevención de los casos de abuso y habla de cómo reconocer a un niño abusado, pero no hace nada para detectar al agresor. La Iglesia debería ocuparse de formar y evaluar psicológicamente a los curas y acompañar su proceso psicoespiritual. Entonces parece una paparruchada. Por otro lado, con este protocolo la Iglesia está reconociendo que estas cosas pasan puertas adentro, que es algo que las autoridades no admiten públicamente”, remarcó.
Cabe mencionar que Puiggari fue quien primero tomó conocimiento de los abusos cometidos por el cura Ilarraz, luego de que una víctima se lo comentara a un seminarista y éste llevara el caso a oídos del entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic.
Los casos de pedofilia han sacudido el gobierno de Puiggari: Ilarraz fue denunciado en la Justicia por abusos en 2012 y el lunes 16 de abril se sentará en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio oral; Juan Diego Escobar Gaviria fue condenado por abusos y corrupción de menores a 25 años de prisión; y Marcelino Ricardo Moya también carga con dos denuncias, aunque la causa está más demorada y a la espera de que la Cámara de Casación Penal resuelva un planteo de prescripción.
