Minimizar, banalizar, negar. La estrategia de Luis “Toto” Caputo en el Congreso fue desconocer el impacto de los paraísos fiscales tanto en la economía global como en sus cuentas privadas relegándolos a un lugar accesorio, marginal. Los argumentos que usó no son nuevos. Según el ministro de Finanzas, las guaridas fiscales son legales, equivalentes a una “caja de seguridad”, garantía de “seguridad jurídica”. Nada más lejos de la realidad.

A John Christensen, cofundador de Tax Justice Network (TJN), la organización líder mundial en la lucha contra el mundo offshore, las palabras de Caputo le asombran, pero no lo sorprenden. “Los Papeles de Panamá y los papeles del Paraíso dejaron en claro que la absoluta mayoría de las empresas fantasma que operan en paraísos fiscales fue creada para la evasión y elusión fiscal, para ocultar conflictos de interés y otras actividades ilegales. El hecho de que se le dé una pátina de legalidad para proteger a los perpetradores de estos delitos refleja el grado de corrupción que alimenta todo el mundo de los paraísos fiscales”, indicó a    PaginaI12.

Las multinacionales son responsables de un 60 por ciento de los flujos ilícitos, seguidos por las grandes fortunas, el uno por ciento que se lleva el 82 por ciento de la riqueza mundial, según la ONG con sede en Oxford, Oxfam. El crimen organizado y la corrupción política, centro de la cobertura mediática y la producción televisiva global, van muy por detrás (menos del cinco por ciento global). En todo caso, lejos de ser un fenómeno marginal de la economía mundial o argentina, el universo offshore es central en ambas.

A nivel global, el cálculo que hace el semanario británico The Economist es que concentran unos 21 billones de dólares, más que el PIB de Estados Unidos. La cifra es una aproximación dada la naturaleza opaca del mundo offshore (TJN habla de 30 billones), pero los efectos devastadores que tiene sobre el planeta están a la vista. El más importante evento económico de la posguerra, la debacle global de 2008, tuvo uno de sus pilares en las empresas fantasma y registros contables paralelos que tenían bancos y entidades financieras en guaridas fiscales.

La economía argentina de las últimas décadas no se entiende sin la fuga de capitales que ocurrió con dictaduras o democracias, con gobiernos de derecha, centro o izquierda, y que conoce hoy un pico inusitado. El cálculo –siempre aproximado– varía. Según el Indec, los argentinos tienen más de 260 mil millones de dólares en el exterior (44 por ciento del PIB). Según otras estimaciones, la suma total ronda los 500 mil millones (alrededor del 80 por ciento del PIB).

La batalla contra esta aspiradora de recursos que son los paraísos fiscales se da en todos lados y es central para el modelo económico-social de las próximas décadas. “La evasión fiscal offshore es una guerra contra el Estado de Bienestar que garantiza salud, educación, seguridad y justicia para todos. Si no se pone fin a las guaridas fiscales, el Estado de Bienestar corre serio peligro. La democracia también”, subraya a PáginaI12 John Christensen.

Las multinacionales y las grandes fortunas tienen mucho poder de fuego para imponer un sentido común económico con la invalorable ayuda de la academia. Así el debate sobre el déficit fiscal ha obviado el tema de la evasión y se ha centrado durante décadas en una sola de sus patas: el gasto estatal. El caballito de batalla es que “gastamos por encima de lo que tenemos”. El corolario es que hay que cortar, ajustar, bajar el gasto público cueste lo que cueste, fórmulas que cuentan con el estímulo, los dólares y la aprobación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Nunca se toma en cuenta la otra pata del déficit: la recaudación. Jamás se dice “recaudamos menos de lo que necesitamos”. Jamás se plantea una política pública que vincule con claridad las necesidades económico-sociales –infraestructura, educación, salud, pobreza, justicia, seguridad– y las exigencias de recaudación para su financiamiento.

Un estudio sobre multinacionales publicado en 2017 por el Instituto Wider, dependiente de las Naciones Unidos, muestra con claridad que resolver esta pata del déficit fiscal –el agujero recaudatorio de la evasión y elusión– solucionaría muchos problemas económico-sociales sin necesidad de programas de austeridad que terminan en recesión con aumento de pobreza y desigualdad. Según el estudio, las principales multinacionales del mundo evaden anualmente 500 mil millones de dólares cada año.

En este ranking Argentina figuraba en quinto puesto con más de 21 mil millones de dólares anuales, un 4,4 por ciento del PIB. Según Alex Cobham, coautor del informe, se trata de una estrategia global de las multinacionales. “Mueven sus ganancias de donde las obtienen a otros lugares donde no pagan impuestos, es decir, a guaridas fiscales. Para hacerlo manipulan los precios de transferencia entre las subsidiarias que tienen en distintas partes del mundo con lo cual terminan registrando ganancias en jurisdicciones con bajos o nulos impuestos, donde no tienen ninguna actividad real”, señaló Cobham a PáginaI12.

Uno de los problemas de este agujero en la recaudación es que termina distorsionando más un tema endémico que se da tanto en Argentina como el resto de América latina: el sistema impositivo regresivo. Un especialista del Instituto Centro Americano de Estudios Fiscales, Abelardo Medina, lo explicó en mi programa de podcast y radio en español sobre paraísos fiscales, Justicia Impositiva. “El principio más importante de un sistema impositivo es la capacidad de pago. Es decir, los impuestos tienen que basarse en la idea de que el que gane más, paga más, el que tenga menos paga menos y el que no tiene no pague. Esto solo se puede lograr con los impuestos directos que están en función de los ingresos o el patrimonio de las personas. El impuesto al consumo, en cambio, es homogéneo: todos pagan lo mismo. Con lo cual, proporcionalmente, los que tienen menos, pagan más. En los países desarrollados se recauda más con el impuesto directo que con el indirecto. En América latina es al revés”, señaló.

En su primera presentación de datos el pasado martes, el nuevo titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, confirmó esta constante que apunta Medina: el IVA (impuesto al consumo) representa la mitad de la recaudación fiscal argentina. No deja de ser una terrible ironía que Cuccioli tenga acciones en dos fondos de inversión en las islas Caimán y haya integrado el directorio de El Tejar, compañía inscripta en las Bermudas. “Los políticos y funcionarios deberían luchar contra este cáncer en vez de promoverlo como si fueran vendedores de coches usados”, indicó a PáginaI12 John Christensen, cofundador de Tax Justice Network, la Red de Justicia Fiscal.