Producción: Tomás Lukin.

Menú de ricos

Por Carlos Bianco *

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro de cooperación intergubernamental donde sus miembros comparten experiencias de políticas públicas, identifican “buenas prácticas” y coordinan la aplicación de políticas domésticas. Hoy está compuesto por 35 países, casi todos desarrollados, con la excepción de México y Chile que son países periféricos y subdesarrollados. Justamente por ello, se lo conoce como el “Club de los países ricos”. El gobierno de Macri y los analistas de la derecha sostienen que el ingreso a la OCDE sería muy beneficioso para el país ya que elevaría el “estatus internacional” de Argentina, un beneficio tan poco concreto y tangible como la mejora del “clima de negocios” o del “ambiente de inversiones”. 

Desde este punto de vista, la adopción de las buenas prácticas de la OCDE llevaría a transformar a Argentina en un país confiable, preparando el terreno para la ya utópica “lluvia de inversiones”. El ingreso a la OCDE no depende únicamente de la voluntad del país interesado, sino que es el Consejo de la Organización quien acepta a los nuevos miembros, luego de múltiples instancias de evaluación y rendición de cuentas. El acceso a la OCDE depende fundamentalmente de la demostrada orientación neoliberal del país candidato y de su alineamiento con las potencias occidentales. En este marco, en julio de 2017 los equipos técnicos de la OCDE finalizaron un informe en donde revisaron el conjunto de las políticas públicas de la Argentina, denominado “Estudio económico multidimensional”. Dicho informe destaca positivamente las reformas y el cambio de rumbo económico del macrismo y concluye con una serie de recomendaciones de políticas: ajuste fiscal (reducir el empleo público, eliminar los subsidios a la energía y privatizar empresas públicas); apertura comercial (bajar aranceles y eliminar licencias de importación); reforma tributaria regresiva (eliminar el impuesto a los ingresos brutos, ampliar la base imponible del IVA y reducir el mínimo no imponible de ganancias); reforma previsional (elevar la edad jubilatoria de hombres y mujeres hasta los 70 años e indexar las jubilaciones a la inflación), y flexibilización del mercado de trabajo (reducir aportes patronales y promover modelos flexibles de contratación y duración de la jornada laboral).

Varias de estas recomendaciones ya han sido esbozadas o directamente puestas en práctica a partir de los recientes proyectos de reforma tributaria, laboral y previsional y en el DNU 27/2018 de “desburocratización y simplificación”. En otras palabras, las recomendaciones de la OCDE buscan tanto definir una “hoja de ruta” para las reformas impulsadas por el macrismo, como también dotar a dichas reformas de un “anclaje institucional” que aumente formidablemente los costos de salida a todo proyecto político alternativo. La discusión relevante, entonces, no es el ingreso a la OCDE en sí mismo, sino el camino a seguir desde el momento en que el país se propone como candidato. Es necesario abordar este proceso como una cuestión de medios antes que de fines, y como un asunto de política doméstica mucho más que una estrategia ensayada únicamente en el tablero internacional. 

La entrada a la OCDE no es ni más ni menos que un horizonte de reformas estructurales neoliberales trazado en conjunto por el actual gobierno y los comités técnicos del organismo que, de no mediar oposición, afectará profundamente un sinnúmero de leyes y políticas públicas que consagran derechos en la Argentina. El error en que incurre el macrismo es pensar en que por ser miembro del “Club de los países ricos” e implementar sus “buenas prácticas”, Argentina se va a transformar como por arte de magia en un país desarrollado. La historia muestra que los países que hoy son desarrollados, a lo largo de su proceso de desarrollo efectivo, no implementaron las “buenas prácticas” que hoy recomienda la OCDE, sino todo lo contrario. De implementarse, este conjunto de políticas resultará absolutamente ruinoso para un país periférico como la Argentina, que necesita de una mayor injerencia del Estado en la economía, mayor regulación de los flujos externos (administración del comercio, regulación de las empresas extranjeras y controles a la entrada y salida de capitales) e instituciones fuertes que regulen el empleo y que aseguren que los beneficios del crecimiento lleguen efectivamente hacia los trabajadores y las clases populares.

* Docente-investigador de la UNQ / Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA-T.

¿Desintegración regional?

Por Martín Burgos *

Desde los años ochenta, Brasil y Argentina se han encaminado a una alianza estratégica que, con vaivenes, se ha mantenido. Ambas economías se encuentran íntimamente relacionadas y la evolución macroeconómica de una impacta directamente sobre la otra, situación que replica en varios otros países de la región. Así, la crisis de fines de los años noventa afectó a toda la región con la devaluación de Brasil en 1998 y de Argentina en 2002, y posteriormente las tasas de crecimiento fueron comunes a todos los países del Cono Sur hasta 2014. Esta evolución económica tuvo su corolario en lo político, ya que los gobiernos neoliberales en ambos países durante los años noventa dieron lugar a gobiernos populares en 2003 y, más recientemente, un regreso de gobiernos neoliberales a ambos lados de la frontera.

Como suele ocurrir, la política económica de esos gobiernos tiene reflejo en su política internacional: los gobiernos populares propiciaron la construcción de una nueva institucionalidad (Unasur, Celac) y rechazaron el ALCA. Esta perspectiva tiene una lógica política y también productiva, ya que los principales destinos de las exportaciones industriales son regionales. En cambio, los gobiernos neoliberales son más propicios al “regionalismo abierto” y los acuerdos de libre comercio, ya que sus dificultades económicas las resuelven con endeudamiento en los mercados financieros de Estados Unidos y, en menos medida, en Europa.

La relación entre Argentina y Brasil no es producto del azar ni del mercado, sino de acuerdos firmados en un esquema de integración inspirado en políticas de “intercambio compensado”. Esta forma de comerciar, totalmente distinta a la del intercambio competitivo donde no hay restricciones al comercio, tiene como resultante importantes impactos sobre los modelos industriales nacionales y regionales. En efecto, en el intercambio competitivo se espera que la estructura económica tienda a especializarse en los productos en que cada país cuenta con ventajas de costos. En cambio, en el intercambio compensado se genera una complementación productiva entre países, lo que implica muchas veces un reacomodamiento de la estructura industrial existente, pero permite lograr una eficiencia de especialización intra-industrial, es decir, mayor eficiencia dentro de esa industria.

De todos los sectores en los cuales se proyectó complementariedades industriales durante los años ochenta, la más relevante realizada en el marco del Mercosur es la industria automotriz. A partir de principios de los años noventa, Argentina y Brasil vieron aumentar su comercio hasta llegar a ser los socios comerciales más importantes: Brasil pasó de representar 15 por ciento del comercio argentino en 1991 a 30 por ciento desde 1995, colocándose en el primer puesto como importador y como exportador.

De esa forma, la industria automotriz, tal como se reconfiguró a principio de los años noventa, es el corazón económico del Mercosur, dado su peso en el comercio regional. Pero también es un sector muy sensible a los vaivenes económicos de Argentina y de Brasil, y objeto de numerosas críticas por sus consecuencias en las divisas debido al desbalance de la industria de autopartes.

Desde la asunción de Mauricio Macri, el intercambio automotriz se volvió totalmente liberado al mercado y dirigido por las ventajas de costos antes que por el “flex”, medida que permite compensar los intercambios entre ambos países. Así es como el mercado interno esta inundado de importaciones que explican el rojo comercial con Brasil.

Algunos analistas confían en el crecimiento de ambos países de este año para poder sortear los problemas comerciales, cuando en realidad es muy probable que en las circunstancias actuales, mayor crecimiento genere mayores importaciones. Además, las últimas noticias sobre la política interna de Brasil no dejan de preocupar: si la población reacciona a los últimos atropellos de la justicia contra Lula, una espiral de violencia y represión al estilo de la Colombia post-Gaitán generará muchas dudas en los inversores. Por otra parte, si no hay reacción y gana un candidato neoliberal, los ajustes estarán a la orden del día y ya sabemos que estos son poco propicios para un incremento de la demanda. De todas formas, es probable que la economía brasileña no tenga el crecimiento suficiente para arrastrar la economía argentina.

* Coordinador del departamento de economía del CCC.