La justicia dictó ayer la prisión preventiva por 45 días a un policía federal y a una mujer, ambos de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Gustavo Ponce Asahad por las amenazas calificadas que sufrieron a través de Whatsapp decenas de referentes de derechos humanos y sociales. Los imputados por la jueza de Primera Instancia, Paula Alvarez, son el policía federal Lucas Semec de 40 años de edad, acusado por los delitos de "publicación, difusión y distribución de imágenes pornográficas de menores", "amenazas calificadas por ser anónimas" y "apología del crimen", todas ellas en concurso real, y Teresa del Valle Cazón de 53 años por los delitos de "amenazas calificadas por ser anónimas", y "apología del delito" en carácter de autora. En la causa había otros tres rosarinos demorados que quedaron en libertad. Consultado sobre la mecánica de las amenazas, el fiscal señaló: "No puedo asegurar que sean grupos organizados a priori. Pero llama la atención la mecánica que han utilizado y cierto grado de inteligencia, lo cual para nosotros es un hecho de extrema gravedad, ya que la inteligencia debe ser legal dentro de los márgenes que impone el estado constitucional de derecho".

Ponce Asahad abundó sobre este concepto: "Es indudable que hay una tarea de inteligencia, porque se han creado grupos de Whatsapp a los cuales se han agregado números de personas que tienen que ver tanto en su calidad de denunciantes o querellantes de delitos de lesa humanidad; se han agregado funcionarios o magistrados del fuero federal que intervienen en esas causas que tramitan en la ciudad de Rosario, y también a dirigentes políticos, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, concejales mandatos cumplidos y funcionarios de esferas de la provincia".

Uno de los datos puntuales que permitió la identificación de los detenidos fue, precisamente, la titularidad de una de las líneas. "Los allanamientos en territorio bonaerense se realizaron porque se identificó al titular de la línea desde la cual partieron las amenazas calificadas que cercenaron la libertad y los derechos de las personas amenazadas. Dimos con el lugar, con el titular de la línea y secuestramos los teléfonos", describió Asahad.

El jueves pasado se produjeron las detenciones por el hostigamiento, que fue a través de Whatsapp, una modalidad que recrudeció después de la marcha del 24 de marzo.