Luego de una audiencia realizada ayer en la sede local del Ministerio de Trabajo provincial, que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, el conflicto laboral en las plantas de Cargill en Villa Gobernador Gálvez y Alvear sigue sin resolución. La multinacional, que el pasado jueves decidió cerrar el complejo suspendiendo a los 500 trabajadores sin goce de haberes alegando razones de seguridad, planteó en la reunión que hoy reabrirá la planta, pero si continúan los paros sorpresivos volverá a cerrarla. "No se resolvió nada, como preveíamos, y si Cargill arranca mañana (por hoy) vamos a continuar con la medida de fuerza", advirtió Adrían Dávalos, secretario General del Sindicato de Aceiteros de Rosario (Soear). "Si Cargill tiene problemas de seguridad o de producción es por negligencia de ellos o por falta de mantenimiento, no por los trabajadores", agregó el dirigente.

La empresa y el gremio habían solicitado el pasado viernes la intervención de la provincia, luego que la multinacional decidiera el lockout. Los representantes de Cargill, el gerente de Recursos Humanos, Marcelo Patriarca, y la responsable de las plantas santafesinas, Mónica Castillo, reiteraron sus argumentos sobre la decisión de parar las plantas de molienda en pos de garantizar la seguridad de los trabajadores debido a los paros sorpresivos.

Los referentes sindicales, que piden la reincorporación de los 44 trabajadores despedidos, señalaron que la multinacional, con el guiño del gobierno nacional, busca disciplinar al gremio en el marco de la negociación paritaria. "Cargill vino a justificar su lockout, argumentando que no podemos seguir así por cuestiones de seguridad, cuando ellos mismos faltan a la seguridad, escondiendo a los accidentados para que no figuren en la ART, y pretendiendo operar con trabajadores que no están capacitados", dijo Dávalos.

El delegado aceitero, Marco Pozzi, agregó: "No podemos permitir que la gente que sea reemplazada entre y empiece a trabajar, necesitan una capacitación de al menos dos meses para manejar equipos que contienen químicos que ponen en riesgo a la salud".

Por su parte, el director de Salud y Seguridad en el Trabajo, Oscar Baronio, dijo que "si no hay una parada ordenada y un arranque ordenado eso genera riesgos", aunque aclaró que "los que saben del proceso son las personas que están dentro de la planta". Según el funcionario, "debe haber un compromiso de las partes para que la operación no se comprometa en términos de seguridad".

Los aceiteros recordaron que desde hace muchos años realizan medidas de fuerza, pero tomando todos los recaudos para garantizar la seguridad de los trabajadores. "Es otra excusa más de la empresa para tratar de que alguien declare nuestra huelga ilegal", resumió el titular de Soear.

La trascendencia política del conflicto en Cargill se vio reflejada por la participación en la audiencia de legisladores nacionales, provinciales y locales. Estuvieron la diputada nacional Lucila de Ponti, los diputados provinciales Carlos del Frade, Viviana Benas y Luis Rubeo, integrantes de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja, y Mercedes Meier, y el concejal Eduardo Toniolli.

Al finalizar la audiencia, hubo corridas e insultos de un grupo de aceiteros a representantes de la multinacional.