“Es frustrante que nos acusen”

Sea por cuenta propia o en sociedad con el Poder Ejecutivo, la  presión de la diputada Elisa Carrió sobre el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti generó una respuesta inmediata: la apertura pública de la central de escuchas judiciales, que antes perteneció a los servicios de inteligencia y hoy depende del máximo tribunal. Si el problema son las filtraciones, un examen a vuelo de pájaro permite sacar una conclusión: un operador podría romper el secreto que juró mantener pero también podría hacerlo, ya fuera del circuito, un juez, un fiscal, un espía o un oficial de una fuerza de seguridad. Las dos últimas categorías dependen del Gobierno central.

En la oficina de escuchas directas hay tres personas con auriculares de calidad. Una de las pantallas tiene el letrero “secuestro”. Es el corazón de uno de los centros del misterio, que está desde siempre en un edificio de ladrillos rojos de Avenida de los Incas 3834, entre Estomba y Tronador, en Villa Ortúzar. La zona es hermosa. Casonas o construcciones clásicas de no más de siete u ocho pisos. 

Un cartel frente a la entrada dice: “Distrito audiovisual”. Nunca más ajustado.

Antes la oficina de escuchas telefónicas se llamaba Ojota, Oficina de Observaciones Judiciales. Históricamente dependió primero de la Secretaría de Inteligencia. Cuando Cristina Fernández de Kirchner, al final de su mandato, creó la Agencia Federal de Inteligencia, en junio de 2015 le pasó la responsabilidad de la interceptación al Ministerio Público Fiscal que entonces encabezaba Alejandra Gils Carbó. La Ojota pasó a llamarse Dicom, Dirección de Captación de Comunicaciones. A fines de diciembre de 2015, ya con Mauricio Macri en el gobierno, un Decreto de Necesidad y Urgencia confirió las funciones a la Corte Suprema. Entonces la Corte creó la DAJuDeCO, sigla no muy sintética de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Después dispuso poner al frente a dos camaristas.

El ente sigue estando en el mismo lugar que la Ojota. Lo dirige Juan Tomás Rodríguez Ponte, que trabajó durante 10 años como secretario en el juzgado federal de Ariel Lijo y es hijo del intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, un radical de Cambiemos. 

Junto al resto del directorio, mayoritariamente menor de 40 años, Rodríguez Ponte dijo ayer a este diario en una oficina del séptimo piso: “Es frustrante que después de tanto trabajo alguien acuse de filtrar escuchas cuando este organismo no dejó salir ninguna. A las seis horas del famoso episodio de las filtraciones ya habíamos hecho una investigación interna y después informamos que no teníamos ninguna responsabilidad. Es frustrante que nos acusen a nosotros”.

El episodio célebre es la serie de amables diálogos entre CFK y su ex secretario general de Presidencia Oscar Parilli, suturas incluidas. 

Mientras hacía de anfitrión en una recorrida por varios pisos no muy aggiornados (alfombras de goma seguramente inflamables, por ejemplo) Rodríguez Ponte buscó subrayar algunos puntos:

• “No queremos trabajar con una sola fuerza de seguridad porque ayudaríamos a concentrar poder, criterio que no compartimos”.
• “Brindamos servicio a jueces y fiscales”.
• “La cantidad de interceptaciones aumenta, porque las hacemos más rápido”.
• “El juez tiene que fundamentar otra vez un nuevo pedido, para evitar que las situaciones se prolonguen”.
• “El aumento de velocidad en escuchas directas, en tiempo real, mejoró el nivel de resolución de delitos como secuestro y trata”.
• “Salvo en las escuchas directas, que hace personal propio o personal de fuerzas de seguridad que va a locutorios situados en la planta baja, no sabemos ni a quién pertenecen las líneas que nos piden interceptar”.
• “Nuestra función no es analizar el contenido de las escuchas. Ese rol es de jueces y fiscales”. 

n “Aquí hay una cadena de custodia y una trazabilidad, y cada uno de los que trabajamos en la DAJuDeCO tiene obligación de guardar secreto. Si no, comete delito penal”.

El punto es, justamente, la trazabilidad, o sea la chance de monitorear el recorrido de las escuchas desde que llega la orden a Avenida de los Incas hasta que sale. Todavía el organismo utiliza CDs. En cantidad: 1500 día. Es decir, 547.500 por año. Si se considera que Spotify está desplazando la venta de música en compacts, las interceptaciones judiciales deben ser el mayor usuario argentino de este soporte ya en desuso. Como en el resto de la administración pública, el directorio informa que el 80 por ciento de los 460 millones recibidos de la Corte, que a su vez recibe dinero de Hacienda, se destina a sueldos y solo un 20 por ciento queda para desarrollo.

Una posibilidad, naturalmente, es que la filtración parta de la ex Ojota. El directorio replica que eso no sucede y señala que su trabajo queda terminado cuando entrega a un juzgado el CD con las conversaciones interferidas.

Otra posibilidad es que surja de quienes, en las empresas prestatarias de telefonía fija o móvil, reciben el pedido de conectar las líneas a esta oficina del Poder Judicial. Por lo pronto con la requisitoria saben quiénes están siendo interceptados o grabados.

Una tercera es que las filtraciones salgan de algún juzgado o fiscalía.

Una cuarta es que quien filtra pertenezca a una fuerza de seguridad.

El abanico está tan abierto como la crisis entre Carrió y Lorenzetti, entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y entre todas esas combinaciones posibles.

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