El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, defendió ayer ante la comisión de Sistemas y Medios del Senado, el proyecto oficial que habilita a las telefónicas a operar en el sistema de televisión satelital. La propuesta apunta a “propiciar la inversión y generar más competencia”, dijo Ibarra sobre la iniciativa hecha a la medida para que Telefónica de España pueda dar pelea al gran jugador del mercado, los fusionados Cablevisión-Telecom, en la disputa por el cuádruple play (TV paga, Internet y telefonía fija y móvil). El proyecto fue una ofrenda del propio presidente Mauricio Macri a su par español, Mariano Rajoy, durante en el encuentro empresarial “argentino-español” realizado en un hotel de Puerto Madero. 

“Hoy no basta la inclusión económica, necesitamos dar herramientas para inclusión digital”, fue la frase textual de Ibarra que eligió su ministerio para titular el comunicado que difundió tras el paso del funcionario por el Senado. Ante los senadores, Ibarra insistió en que el proyecto busca “mejorar los servicios” y “bajar los precios” a través de la “competencia”. 

Ibarra enmarcó la iniciativa oficial en las “tres grandes áreas de trabajo” que desarrolla su cartera: “los gobiernos digitales, la economía digital y el talento digital”. Aunque el acotado proyecto intenta compensar el reclamo de Telefónica y Claro de participar en el mercado de la TV paga a través del sistema satelital, la única vía para intentar competir ante la expansión del Grupo Clarín en las telecomunicaciones y la función de su empresa Cablevisión con Telecom.   

El proyecto elaborado por el ministro, que planificó los ajustes y despidos en todos los estamentos del Estado, también tiene su sello en el área satelital. Uno de los ejes de la propuesta que es que el Estado podrá disponer de las frecuencias que se le habían otorgado a la empresa estatal Arsat, con carácter de reserva preferencial, y ofrecerla al sector privado para “la mejora en la oferta y la calidad de servicios”. Este punto lo celebran por igual los tres operadores de la telefonía móvil: Movistar (Telefónica), Claro y Telecom.

“La ley busca destrabar una cantidad de barreras regulatorias y también propiciar algunos mecanismos para acelerar estos desafíos que tenemos por delante”, dijo Ibarra en el salón Illia del Senado. “Necesitamos que el despliegue de la fibra óptica le llegue al país lo más rápido posible”, sentenció. El texto del proyecto establece que los operadores de telecomunicaciones y de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) compartan su infraestructura pasiva (torres, postes, ductos, antenas), e introduce una cláusula por la que “la comercialización de señales o programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias”.

En sus fundamentos el proyecto habla de la declaración de la ONU sobre libertad de expresión por Internet y acceso a la misma. El ministro agregó ayer que en el país “el 70 por ciento de los usuarios móviles accede a Internet a través de sus dispositivos”, pero que “el volumen de datos por usuarios es sólo del 33 por ciento del registrado en los países de la OCDE, el organismo internacional que reúne a los principales países desarrollados y promotores de la economía de mercado. 

Sin embargo, la iniciativa no contempla obligaciones para que los operadores cubran el servicio en los lugares que las compañías no consideran rentables. El Gobierno busca saldar esa situación con la exclusividad que tendrán cooperativas y pymes para operar como prestadores en ciudades de hasta 80 mil habitantes, que partirán con la desventaja de no poder brindar el servicio de telefonía celular y deberán adaptar su tecnología para convertirse en operadores móviles virtuales (OMV).