Fue uno de los pocos momentos en los que casi no se escuchaban rumores. En el atril, la abogada Nelly Minyersky, histórica de las luchas por los derechos de las mujeres, exhortaba a diputadas y diputados, ante quienes había subrayado: “acá está el fruto de mucha lucha, mucho sufrir y exigir”. “Hago un llamado a los legisladores para que pasen a la historia, ya que uno, cuando trabaja en temas tan serios que violan derechos fundamentales de más de la mitad de la población, queda en la historia”, explicó. Al subir, había advertido que para ella se trataba de “algo profundo, importante en mi vida” porque “los derechos de las mujeres son una asignatura pendiente”. Promediaba la mañana y el plenario mostraba que iba a ser una combinación curiosa entre historia, miradas frescas a argumentos largamente visitados y situaciones atípicas. Por las dudas, Minyersky se cuidó también en aclarar algo que se iba a apreciar sin matices por la tarde: “los mismos que argumentan en contra de la despenalización del aborto estuvieron en contra del divorcio vincular, de la patria potestad”, y sin embargo, esas leyes, “seamos conscientes, nos hicieron más felices”. Minutos después, la socióloga e investigadora del Conicet Dora Barrancos reclamaba una de las dimensiones de esa felicidad: separar la sexualidad del mandato reproductivo, porque el erotismo es un derecho (por ese mismo concepto, un legislador del PRO se acercó a felicitarla, contaban después entre risas integrantes de la Campaña).

Antes, al comenzar, la primera expositora a favor de la legalización del aborto, la abogada e investigadora del Conicet Paola Bergallo, señalaba que “la penalización ha sido ineficaz” y que la propia actuación del Estado, en términos históricos, demuestra que no sólo se trata de que las mujeres no dejen de abortar sólo porque está prohibido. “La norma penal es incapaz de disuadir a las mujeres, nunca nos tomamos muy en serio la persecución penal de las mujeres que abortan”, detalló, y aportó números de juicios y condenas informados por el ministerio de Justicia: entre 1990 y 2009, hubo “447 condenas por el delito de aborto”; entre 2002 y 2008, 59 mujeres condenadas “y ni un solo médico fue sancionado por abortos”. Bergallo insistió en que la criminalización no sólo no evita que las mujeres recurran a la interrupción del embarazo, sino que, además, “no las hemos castigado ni tenemos intención de hacerlo, pero además tampoco garantizamos los abortos que son legales”; una línea similar sostuvo más tarde el funcionario del ministerio de Justicia Martín Bohmer, quien, sin embargo, aclaró que exponía en tanto ciudadano. 

En el mismo sentido intervino, a continuación, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien además subrayó que “desde el punto de vista constitucional no hay ningún obstáculo para la legalización” (en lo que fue un adelanto del punto que, por el contrario, por la tarde sostuvo el ex ministro de Justicia menemista Rodolfo Barra); “el punto de partida es tener en claro que la penalización ha fracasado rotundamente”, porque no sirve ni a quienes pelean por el derecho al aborto como a quienes se oponen; “ustedes –dijo a las comisiones el abogado– tienen la posibilidad de superar el dolor y transformarlo en derecho. De eso se trata ser legislador: transformar el dolor en derecho”. En torno a los efectos negativos de la clandestinidad y de los obstáculos para el acceso a la ley giraron, también, parte de las exposiciones de la médica Mariana Romero, quien recordó que, desde el regreso de la democracia, “3030 mujeres fallecieron por aborto en la Argentina”. A ellas, dijo, “las mata la clandestinidad”. A su turno, la ginecóloga Sandra Vázquez, del hospital Argerich, sostuvo una perspectiva similar, alimentada por su “experiencia de 30 años en hospitales públicos”, un tiempo en el que vio “el impacto negativo de la norma vigente”, algo que abarca, también, “la falta de capacitación profesional, el estigma (sobre quienes practican abortos) y la falsa objeción de conciencia”, por la cual algunos médicos se oponen en el hospital público a las prácticas que sí realizan en sus consultorios privados.

El profesor de Derecho y de Filosofía Alejandro Alegre se preguntó si la oposición tenaz a la legalización –que “significaría la entrada jurídica al mundo desarrollado”– no tendrá como única razón “el extremismo ideológico”, mientras que la fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, Marta Alanís, explicó: “estamos a favor del derecho, de la despenalización y de la legalización porque las católicas también abortamos”. “La Campaña es federal, está en todas las provincias, tenemos apoyos de universidades, de sindicatos, de centrales sindicales. Hemos pasado estos trece años construyendo alianzas” para generar consensos en torno al derecho al aborto, añadió, en una intervención que también advirtió que “hay que despojarse de creencias personales a la hora de legislar”.