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Los insistentes intentos de Cambiemos para poner en funcionamiento una Inspección General de Justicia (IGJ) en la Ciudad de Buenos Aires no logran el aval del Poder Judicial. A la imputación por “abuso de autoridad” y “mal desempeño” del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por haber creado un organismo con esas atribuciones sin una ley que lo ampare, se sumó el viernes la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de hacerse con el expediente para fallar sobre la medida cautelar que desde el 2009 le impide a la CABA avanzar en la puesta en marcha de una IGJ local. La obsesión de manejar con normas más flexibles el organismo que autoriza el funcionamiento de sociedades comerciales, incluidas las offshore, es una constante desde que el PRO ganó en la CABA.
Esa obsesión tuvo una vuelta de tuerca en febrero pasado. Poco más de un mes después de que Mauricio Macri lograra ascender de la Ciudad a la Presidencia, la Justicia avaló la medida que durante años había dilatado una definición sobre la medida cautelar interpuesta en su momento por la entonces fiscal general y actual Procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, contra la ley porteña que creaba una IGJ local. La actual fiscal general Gabriela Boquin apeló esa decisión de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez. La magistrada se las ingenió durante el año para demorar el expediente hasta que, ante la insistencia de la fiscal, la Cámara Nacional en lo Comercial decidió el viernes reclamarle el caso.
En el ínterin, el gobierno porteño hizo caso omiso del marco legal estipulado por la denominada Ley Cafiero de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que deja en la órbita nacional la IGJ y designó a Hernán Najenson, director del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas mediante el decreto 195/16 firmado el 7 de marzo y retroactivo a enero. Najenson es un hombre de estrecha confianza del presidente de Boca, Daniel Angelici, el cuestionado operador judicial del macrismo. Integra la Fundación Boca Social y estuvo a cargo del Instituto provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires. El juego es otro de los negocios del empresario Angelici.
En una de las últimas presentaciones ante Marra Giménez, la fiscal había cuestionado esa designación porque violaba la norma vigente: se nombró a alguien a cargo de un organismo cuyo funcionamiento está expresamente prohibido por la ley vigente. Por otra vía, el Centro de Estudios para la Transparencia (Ceptra), a través de Ernesto Tricarico, presentó una denuncia contra Rodríguez Larreta y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, entre otros, para que se investigue si hubo delito en la creación de la IGJ porteña.
La denuncia recayó en el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien dio curso al pedido del fiscal Franco Picardi y decidió la imputación de los funcionarios. La demanda sostiene que la creación de la IGJ local implicaría “un claro retroceso en la seguridad jurídica de los habitantes de esta ciudad” y que el nuevo registro de la Ciudad regularía las sociedades offshore abriéndose la posibilidad de elegir “el sistema más ventajoso” cuando la IGJ nacional “incrementó los controles sobre esa clase de sociedades”.
“Con la excusa de otorgar mayor agilidad a los trámites societarios, se prevé la derogación del régimen informativo que deben brindar las sociedades constituidas en el extranjero o la eliminación del requisito de la pluralidad sustancial de socios que son verdaderos pilares para evitar fundamentalmente el fraude empresario”, advirtió la denuncia que ya motivó diversas medidas de prueba de parte del fiscal Picardi. Están imputados también el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y el propio Najenson.
La decisión de atropellar la legalidad quedó en evidencia también en la incongruencia de haber enviado al Senado un proyecto de modificación de la Ley Cafiero para poder crear la IGJ mientras al mismo tiempo se daba vía libre al funcionamiento de ese organismo por vía administrativa. En el Senado el tema no llegó a tratarse.
El intríngulis legal está demorando la urgencia de Cambiemos cuyos funcionarios, empezando por el propio presidente Mauricio Macri, se han develado como fanáticos de las sociedades offshore, ese artefacto de la ingeniería legal pensado para que ricos y famosos puedan, en el mejor de los casos, evadir impuestos y ocultar sus fortunas. El pedido de la Cámara Nacional en lo Comercial para tomar cartas en el asunto y, en otro fuero, el avance de la causa por abuso de autoridad contra Rodríguez Larreta obliga, de hecho, a replantear los tiempos de los funcionarios de la IGJ nacional. En setiembre, Osvaldo Norte Sabino, mano derecha de Sergio Brodsky, titular de ese organismo, había dado por hecho la delegación en la IGJ porteña teniendo en cuenta la coincidencia del signo político entre la Nación y la CABA. Las limitaciones de las leyes vigentes parecían no perturbarlo. Sin embargo, el año nuevo los recibirá sin haber podido sortear esas instancias. No siempre se puede.
