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Desde Barcelona

Muchos son los hogares que en Cataluña quieren abrirse para aquellos que huyen de la guerra, muchas son las voces que cada vez gritan más fuerte contra la indiferencia de los gobiernos y la xenofobia creciente en Europa. Buena muestra de esto es la campaña lanzada recientemente por más de 200 entidades del ámbito solidario, sindical, educativo y cultural –“Casa nuestra, casa vuestra”– para reclamar a las instituciones catalanas una acción decidida de acogida de refugiados y denunciar la vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional que comporta el cierre de fronteras.

“Esta campaña se propone hacer una acción de gran impacto social, dirigida tanto a un público masivo como a las autoridades porque, por un lado, queremos combatir la oleada de discursos xenófobos y fascistas que se está extendiendo por Europa y, por otro, queremos hacer presión para que la acogida de las 4500 personas ofrecidas por Cataluña se concrete”, explica Jordi Armadans, uno de los portavoces de “Casa nuestra, casa vuestra” y director de la asociación FundiPau que desde 1983 trabaja por el respeto a los Derechos Humanos y la promoción activa de una cultura de paz. “Si bien es cierto que no depende de la Municipalidad o de la Generalitat (máximo órgano de gobierno de Cataluña) desde un punto de vista jurídico, también es cierto que ellos pueden forzar más la situación para que el Poder central agilice los trámites y les dé más competencias, y en este sentido es importante hacer presión desde la sociedad civil para que lo hagan”, dice Armadans.

Visibilizar el absurdo de que haya muchas personas dispuestas a dar asilo y 65 millones de refugiados todavía malviviendo en campos, atrapados por las leyes de la Unión Eurpea (UE) es uno de los objetivos primordiales de la campaña presentada en el Teatre Lliure de Barcelona. Así lo plasmaron en un manifiesto firmado por más de 200 entidades y personas del ámbito público y privado donde se critica directamente «la inacción del Estado español» y se reclama a las instituciones catalanas «compromisos inmediatos para pasar de las palabras a los hechos».

La campaña quiere recordar que el gobierno de Mariano Rajoy sólo acogió 516 de los 10.500 refugiados que se comprometió dentro del esquema de reparto de la Comisión Europea –que se tendría que llevar a cabo en dos años– y que, por su parte, la Generalitat todavía no hizo efectivo su compromiso de acoger 4500 personas emigradas. “Ha habido receptividad desde la Generalitat y el Ayuntamiento para dar una respuesta solidaria ante la llegada de refugiados pero la cuestión no se ha tratado mucho en este tiempo”, señala el director de Fundipau. “Ni uno –ni mucho menos el otro– tienen suficientes competencias para facilitar la entrada de gente. A pesar de esto se han ocupado de asistir a quienes llegan y buscar las soluciones que están a su alcance”, concluye Jordi Armadans.

Algunas de las medidas del gobierno de Ada Colau se encuentran dentro del marco del programa “Barcelona ciudad refugio” que este octubre cumplió un año. El refuerzo en los servicios dirigidos a atender y a acoger a las personas refugiadas en la capital catalana fue uno de los retos del proyecto cuando nació y durante el último año, el plan se tuvo que adaptar “a una situación cambiante, a la carencia de coordinación y a la opacidad informativa por parte del gobierno central, que todavía hoy no ha hecho pública una estrategia y un calendario de llegada ordenado para la acogida de las personas refugiadas que se comprometió a reubicar y realojar”, manifiestan desde la Intendencia.

A pesar de esta incertidumbre y teniendo en cuenta la llegada creciente y sostenida de personas refugiadas a Barcelona –tal como lo señalan las cifras del Servicio de Atención de Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) que, a 30 de octubre, había atendido 1.890 personas refugiadas, un incremento del 51% respecto al mismo periodo del año anterior y seis veces más que el 2012– el gobierno de Colau aumentó el presupuesto de este servicio municipal de los 1,1 millones de euros el 2014 hasta llegar a los 1,8 millones de euros.

Paralelamente a este servicio, Barcelona puso en marcha un programa propio de alojamiento y atención a personas solicitantes de asilo que da protección y asistencia a aquellos refugiados que están en la ciudad y que no reciben atención del Estado. El teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, anunció a finales del mes pasado que las 27 plazas de las cuales se disponían al comienzo se ampliarán hasta 100 y que se podrán beneficiar personas que, o bien agotaron el tiempo de cobertura del programa estatal de asilo del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, o bien han quedado excluidas por su rigidez en las condiciones que tienen que cumplir los solicitantes. “Impulsar este programa no es sólo una forma de garantizar una atención integral y adecuada a las personas refugiadas en situación de mayor vulnerabilidad. Es también una forma de señalar las insuficiencias y la rigidez del Programa estatal y demostrar que con voluntad política se puede acoger mucho más y mejor”, afirmó Asens durante la presentación del proyecto.

Durante este año de vida, Barcelona también impulsó su presencia en diferentes organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Comisión Europea donde la alcaldesa Colau puso de relieve la importancia de que los estados europeos reconozcan el papel fundamental de las ciudades a la hora de acoger personas refugiadas. En esta línea, el Ayuntamiento de Barcelona firmó acuerdos con las ciudades que reciben el impacto más grande de la crisis migratoria como Lesbos, Atenas o Lampedusa y desarrolló la red Solidarity Cities –de la que ya forman parte Atenas, Amsterdam, Berlín y Barcelona– para intentar la reubicación directa de refugiados entre ciudades. 

Desde el pasado mes de marzo, también el Gobierno de Cataluña, la Generalitat, se adhirió a la marcha emprendida por Barcelona hacia la recepción y atención de las personas desplazadas. La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Balsa, comunicó que Cataluña ya está preparada para acoger “1800 personas en estos momentos, y 4500 en los próximos tiempos” con la dotación de plazas gestionadas por la misma Generalitat que incluyen albergues, departamentos fuera del mercado e incluso habitaciones cedidas por hoteles. 

Los primeros pasos ya se dieron en el barrio barcelonés de Sant Andreu, donde la Generalitat trabajó conjuntamente con el gobierno de la capital catalana y las organizaciones CEAR, Accem y Cruz Roja para acondicionar un emblemático edificio modernista –la Casa Bloc– con el fin de que puedan vivir 90 solicitantes de asilo. Después de esto la voluntad de Cataluña es la ampliación del parque de viviendas disponibles para quienes huyen de las guerras de Siria y Afganistán y la cesión por parte del Estado español de la gestión de la crisis de los refugiados, de forma que se pueda hacer directamente con las instituciones europeas sin ningún nuevo rechazo del gobierno de Rajoy.