El juez en lo Comercial Javier Cosentino inició ayer el proceso de salvataje de Oil Combustibles, la concursada empresa de Cristóbal López, para evitar su quiebra. "De acuerdo a las constancias de la causa, se encuentra en condiciones de acceder al salvataje", sostuvo el magistrado, en dirección contraria a lo que había opinado la AFIP cuando reclamó la quiebra para poder cobrar las deudas de la empresa con el organismo. Previo al fallo, el juez Cosentino dispuso la presencia de efectivos federales en la ex Refinería San Lorenzo para "mantener la seguridad" ante los riesgos ambientales por tener la planta paralizada. La llegada de gendarmes e integrantes de la Prefectura Naval al predio de San Lorenzo alertó a los trabajadores de Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, que creyeron se trataba de la "ocupación" del predio por parte de las fuerzas federales.

El salvataje "tiene por objeto permitir la reorganización de la empresa sin liquidación manteniéndola en actividad en el mercado, situación que resulta de toda conveniencia en tanto se protegen las fuentes de trabajo", sostuvo el juez en su fallo de 13 páginas.

Además "se continúa con la oferta de bienes y servicios atinentes al giro propio empresarial con todos los beneficios directos e indirectos que acarrea ello para la sociedad en general y para el Estado, e incluso se beneficia a los acreedores, quienes en mayor o menor medida suelen ver frustrado el cobro de sus créditos en la quiebra", remarcó el magistrado.

Al dar inicio a la posibilidad del salvataje, el juez dispuso "la apertura de un registro en el expediente por siete días, a fin de que los interesados en la adquisición de las acciones representativas del capital social de la sociedad anónima concursada, se inscriban".

El pedido de ingresar al salvataje había sido presentado por los administradores de la empresa, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, mientras que la AFIP sostenía que la única forma de cobrarse sus deudas con Oil Combustibles era a través de la quiebra.

Oil Combustibles acumuló una deuda de 8.000 millones de pesos con la AFIP por no haberle rendido lo recaudado a través del impuesto a las transferencias combustibles. Esa deuda es investigada en el fuero federal donde Cristóbal López y Fabián de Souza se encuentran procesados por apropiación indebida de tributos.

La llegada de gendarmes y prefectos "armó un revuelo bárbaro, pero fue una mala comunicación, o a destiempo", dijo el secretario de Asuntos Legales del Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), Héctor Brizuela.

El dirigente señaló que el arribo de las fuerzas federales obedeció a un oficio de Cosentino, en cuyo juzgado comercial se tramita el concurso preventivo de Oil, para "mantener la seguridad" de la refinería.

El juez "está tomando dimensión de la gravedad de tener eso parado", dijo Brizuela, quien la semana pasada presentó junto al diputado nacional Marcos Cleri un amparo ambiental en la justicia federal de Rosario al advertir sobre los riesgos para el medio ambiente que supone la paralización de la planta.