El coletazo generado por el atentado en Berlín llegó al riñón del gobierno de Angela Merkel. El descontento con la política de asilo de los socios bávaros de la Unión Socialcristiana (CSU) y de los sectores más conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel emergió con fuerza tras la muerte del tunecino Anis Amri, principal sospechoso del atentado. El presidente de la CSU y del estado federado de Baviera, Horst Seehofer, reiteró al diario Welt am Sonntag su apuesta de fijar “un máximo de 200.000 refugiados al año”, demanda que lleva meses repitiendo y que Merkel rechaza. El vocero de política interior del grupo CDU/CSU en el Parlamento, Stephan Mayer, abogó por endurecer la ley de extranjería a fin de “encarcelar a los extranjeros que suponen un peligro para la seguridad pública”.