La planta de La Campagnola del grupo Arcor en la localidad mendocina de San Martín presentará hoy un aspecto poco habitual, si el sindicato de la Alimentación de la provincia cuyana cumple su anuncio de bloquear el establecimiento ante la falta de respuestas al reclamo por la reducción incesante del personal y el no pago de una suma compensatoria comprometida en un acuerdo previo. El grupo de la familia Pagani viene produciendo “achiques” de personal en sus plantas en la región (tiene otra en Mendoza, en San Rafael, y también instalaciones en San Juan), desde el año 2017, pero la situación pareciera haberse agravado en las últimas semanas. Pocas semanas atrás, la firma había logrado el respaldo de los gobernadores cuyanos a su reclamo ante las autoridades nacionales por el crecimiento geométrico de las importaciones de tomates en lata, unos de los aspectos que está afectando la rentabilidad del grupo. El otro es la caída de la demanda en el mercado interno.
El conflicto sindical en las plantas de La Campagnola viene en escalada. El viernes último, la asamblea de trabajadores de la planta San Martín votó un quite de colaboración (retención de tareas durante dos horas por turno), y si no hay respuesta al bloqueo de hoy, desde el lunes próximo podría disponerse un cese de tareas de hasta cinco horas por turno, de acuerdo a fuentes gremiales.
El grupo Arcor ya habría producido unos trescientos desplazamientos en sus dos plantas localizadas en Mendoza, entre 2017 y lo que va de 2018. En el reciente mes de marzo, el ministro de la Producción de la Nación, Francisco Cabrera, recibió el reclamo de productores e industriales de Cuyo por el aumento de las importaciones que afectaban, directamente, a la economía regional. El sector productor y envasador de tomate se declaró en alerta ante un crecimiento de la entrada del exterior de “tomate entero pelado en lata”, que entre 2015 y 2017 pasó de 335 toneladas a 10.300 toneladas, al acumular un crecimiento del 971 por ciento en 2016 y otro de 187 por ciento el año pasado.
La solución adoptada no fue distinta a la que vienen repitiendo otras corporaciones empresarias: ante la reducción de la rentabilidad, buscan hacer caer el peso del ajuste sobre las espaldas de sus trabajadores. En forma unilateral, la firma resolvió no pagar un bono compensatorio de 7000 pesos por empleado rubricado y homologado, mientras siguen los despidos. El gremio de la alimentación mendocino denunció presiones sobre los trabajadores para que acepten “arreglar una salida de la empresa”: mecanismo al que, paradójicamente, se lo denomina “retiro voluntario”.
