Producción: Javier Lewkowicz
Pasos al costado
Por Juan Ignacio Balasini *
La reforma del impuesto terminó resultando claramente perjudicial para la mayoría de los contribuyentes, que se hubieran visto más beneficiados aun con el primer proyecto que envió al Congreso el gobierno. En medio de un debate que por momentos se concentró en cuál debía ser el salario a partir del cual se comenzaba a pagar, y cuáles las reformas tributarias que debían financiar la consecuente pérdida de recaudación, el gobierno nacional logró que se apruebe un proyecto que es austero en ambos aspectos y que se diferencia en poco a su primera propuesta.
Para entender cómo es que Cambiemos llegó a imponer una versión edulcorada de su proyecto original hay que analizar algunos de los puntos de la reforma. Entre ellos se destacan las deducciones por horas extras, viáticos y alquileres. Las primeras dos se colocaron entre los principales reclamos de los gremios mientras que la tercera era una demanda que se encontraba en la agenda desde hacía tiempo y contaba con un acuerdo más amplio en el universo de contribuyentes.
Como es habitual, en las propuestas de Cambiemos siempre hay que leer la letra chica. Las horas extras no podrán aplicarse sobre los días laborables, sino que quedan alcanzadas solo las de fines de semana y feriados. Los viáticos tienen un límite a deducir cercano a $1.700 mensuales, mientras que el alquiler tiene un máximo mensual para descontar de $4.330 mensuales o el 40% del alquiler. En particular, hay muchos interrogantes acerca de cómo instrumentará AFIP esta última deducción, entendiendo que en los contratos de alquileres los papeles en regla no son precisamente lo que abunda entre las inmobiliarias.
Por otro lado, resulta auspicioso que se haya logrado incorporar a empleados y funcionarios del Poder Judicial dentro del impuesto. En el pasado, diversas acordadas de la Corte Suprema anularon iniciativas en este sentido, bajo la excusa irrisoria de que era un avance sobre la división de poderes. La fórmula que logró resolver esta dificultad, que siempre estuvo en agenda de diversos gobiernos, consta en que sólo aquellos empleados y funcionarios que ingresen a partir de 2017 deberán pagar el impuesto.
Pese a estas modificaciones, quedan pendientes algunos de los principales reclamos, como por ejemplo la exclusión del aguinaldo y a las escalas del impuesto. En el primer caso el gobierno solo se mostró dispuesto a aplicar una regla de pagos mensuales que “suaviza” a lo largo del año el pago del impuesto causado por el aguinaldo.
En el segundo caso, se destaca que la nueva escala no presenta cambios de relevancia. Los primeros cuatro tramos del impuesto se diferencian en tan solo $1000, por lo que pequeños incrementos salariales siguen generando saltos en las alícuotas marginales. De hecho, se observa que para casi un millón de contribuyentes el nuevo proyecto es menos conveniente que el que inicialmente propuso el gobierno. Este es, sin duda, el punto más relevante de la reforma.
A partir de estimaciones propias verificamos que del total de actuales contribuyentes un 22% dejarán de pagar el impuesto, aunque este beneficio solo es temporal hasta las nuevas paritarias, mientras un 27% se beneficiará al pagar menos que en la actualidad y menos que en la primera versión que intentó imponer el gobierno. Lo que al momento nadie pudo explicar es cómo se terminó aprobando un proyecto que perjudica al 51% de los contribuyentes, que obtienen un menor beneficio respecto a la primera propuesta del gobierno.
En resumen, el debate dejó a relucir la dificultad de reformar un impuesto de tanta relevancia y que cuenta con múltiples elementos que puede generar efectos agregados inciertos. Modificaciones de escalas, alícuotas, cantidad de tramos y deducciones llevaron a una extraña combinación que derivó en una reforma que, paradójicamente, terminará siendo la menos beneficiosa para la mayoría de los contribuyentes.
* Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala.
Con sabor a poco
Por Foro Universitario de Estudios Fiscales *
La reforma de la ley del Impuesto a las Ganancias fue sesgada por la improvisación del Gobierno Nacional, la decisión de varios gobernadores de evitar un mayor costo fiscal y la tibieza de algunas fuerzas opositoras. El presidente Macri y el candidato Massa, en la campaña electoral, habían prometido que los trabajadores no deberían pagar este impuesto. Promesa irresponsable e incumplible, sólo para ganar votos. A su vez, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en agosto, en el informe que realiza regularmente en el recinto parlamentario, había prometido la presentación de una reforma integral del tributo. Tampoco se cumplió.
El impuesto a las Ganancias es el segundo impuesto que más recauda en el país (6% del PBI) y el de mayor potencial redistributivo. Su reforma fue parcial, giró únicamente en torno a las personas físicas, que representan la mitad de la recaudación del tributo, y alcanzó pocos asuntos: a) un ajuste amarrete del mal llamado “mínimo no imponible” (23% de aumento); b) la modificación de la escala de ganancia sujeta al impuesto y c) las alícuotas. El debate parlamentario agregó aspectos positivos como la exclusión para el cálculo de las horas extras, las jubilaciones hasta $ 30.000 mensuales y las deducciones por alquiler y viáticos.
Se añadió un coeficiente de actualización, tanto para el mínimo no imponible como para las deducciones, a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. Esta regla automática es un avance respecto de la escasa actualización que tuvo el concepto en los últimos años, aunque es discutible si es el mejor instrumento. Sin embargo, más trabajadores asalariados estarán alcanzados (y pagaran) por este impuesto ya que el aumento del mínimo no imponible es inferior a la variación de salarios de este año.
La modificación de la escala de alícuotas no fue sustantiva: se redujo la mínima (del 9% al 5%) y la máxima continúa, inexplicablemente ante la concentración del ingreso cada vez más aguda, en 35%. En los países desarrollados de Europa, la alícuota marginal máxima para las personas físicas está por encima del 50% (en Suecia y Dinamarca por arriba del 55%), en Estados Unidos es del 46% y en Chile del 40%. Para nosotros los máximos de la escala de alícuotas deberían ser más altos: al menos del 40% para una ganancia neta entre $ 200.000 y $ 320.000 (hoy alguien que está en esa franja pagará entre 27% y 35%) y de 45% para los que superen esa cifra.
Otro tema que no fue abordado fue el del impuesto para las sociedades comerciales (personas jurídicas). Allí la alícuota es única y plana (para todo nivel de ganancia) del 35%. Pagan lo mismo todas las empresas, sin distinción de tamaño o según reinviertan o no sus utilidades. Una reforma integral debería haber modificado esto, con alícuotas diferenciales según tamaño, utilidades normales o extraordinarias y alícuotas más altas a quienes distribuyan las ganancias en dividendos (los que además, en el Caballo de Troya de la ley de blanqueo fiscal, quedaron desgravados). Quedó en el camino, por las idas y vueltas entre el Ejecutivo y el Parlamento, algo que era muy decisivo y progresista: gravar mejor las rentas financieras (plazos fijos, títulos, bonos, acciones).
Bajo la apariencia de una reforma del impuesto para beneficiar a los asalariados (en realidad a un porcentaje de los asalariados), el proyecto no mejoró la progresividad del tributo, achatando la pirámide. La regla debería haber sido “que paguen más (muchísimo más) los que más tienen”. Esa es la única forma de consolidar un Estado que pueda brindar bienes y servicios públicos en cantidad, calidad y accesibilidad para lograr una sociedad de iguales.
* Investigadores de las Universidades Nacionales de General Sarmiento y Moreno: Hugo Andrade, Roxana Carelli, Juan Fal, Alejandro López Accotto, Carlos Martínez, Martín Mangas, Alejandro Otero, Ricardo Paparas y Alejandro Robba.
