El Sindicato de Policías Federales pidió a las autoridades trasladar a un cuartel de las Fuerzas Armadas al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La excusa utilizada para militarizar la prisión del ex presidente es que el acampe de la militancia en los alrededores del edificio policial donde está detenido el líder opositor en Curitiba, capital del estado de Paraná, generaría trastornos a la fuerza de seguridad. Los comisarios de la Policía Federal enviaron un oficio interno a la Superintendencia de la Policía Federal en Paraná, donde una de las salas sirve como celda para Lula, en la que señalan que el traslado es para que haya “mayor seguridad sin causar trastornos a la población y empleados de la fuerza”.
Lula llegó el sábado a la sede de la Policía Federal en Curitiba, en el barrio Santa Cándida, en cuyo contorno miles de personas de los movimientos sociales acampan, reciben visitantes y realizan actos para respaldar al ex presidente. El Partido de los Trabajadores anunció que permanecerá haciendo la vigilia hasta lograr la libertad de Lula, condenado a 12 años y un mes de cárcel. “Los policías que atienden a la población están sin poder desarrollar sus actividades normalmente”, dice el escrito, que agrega que algunos vecinos sufrieron amenazas por parte de los militantes que respaldan a Lula. En ese marco, sugirieren sin inocencia que una “unidad de las Fuerzas Armadas tendría más condiciones” para mantener detenido al ex presidente. La sala dormitorio del edificio para comisarios que llegan de otros puntos del país fue transformada en una celda para dar cumplimiento a la orden de detención impartida por el juez Sérgio Moro, responsable por la condena a Lula.
Por otra parte, un tribunal brasileño decretó el bloqueo de los bienes del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su instituto y una de sus empresas para el pago de una deuda tributaria, reveló ayer su defensa, que impugnó la medida. La Justicia de San Pablo ordenó paralizar sus bienes personales, los del instituto Lula y de la empresa L.I.L.S, encargada de la gestión de conferencias, para garantizar el pago de una deuda de cerca de 30 millones de reales (8,8 millones de dólares) con el Estado.
Según su abogado, Cristiano Zanin Martins, Lula no puede pagar no los valores indicados en el documento y la decisión del bloqueo fue apelada. “Además de imponer una condena sin base legal y privarlo de la libertad en un ataque a la presunción de inocencia, la Operación Lava Jato quiere retirarle a Lula cualquier posibilidad de defensa y privarlo de sus bienes personales para garantizar una deuda tributaria aún en discusión en el ámbito administrativo y que no tiene relación con los valores reales que fueron donados al Instituto Lula”, precisó el letrado. “Ni el Instituto, ni Lula, ni Paulo Okamotto (presidente del instituto) tienen 30 millones de reales”, dijo en un comunicado la organización dirigida por el exmandatario.
