“Mi despido tiene que ver con razones políticas”. Así definió el abogado Rodrigo Sola a la situación que vivió hace un mes, cuando le informaron por mail y en una sola línea que no trabajaría más en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en Jujuy. Se desempeñaba en un área ligada a la defensa de los derechos humanos de pueblos indígenas y su ingreso fue producto de un acuerdo marco con la Prelatura de Humahuaca. Su apartamiento le fue anunciado luego de que el obispo local le dijera cara a cara al gobernador Gerardo Morales y al presidente Mauricio Macri que “dejen de gobernar para los ricos y gobiernen para los pobres”. Sola interpreta su despido como “una revancha” por esos dichos.

El despido “arbitrario y discriminatorio” que denuncia el abogado ocurrió el 28 de febrero pasado y le fue anunciado por el subsecretario a cargo de la Defensoría, Juan José Böckel. Sola se lo veía venir. Es que a principios de ese mes Morales y Macri habían asistido a un misa celebrada en Humahuaca por el obispo Pedro Olmedo. En su homilía, el religioso fue duro con el jefe de Estado: “Lo bendigo, pero deje de gobernar para los ricos. La gente pobre necesita más de los gobiernos y aquí se persigue a los pobres”, le dijo delante de toda la feligresía.

A Sola le afirmaron que su apartamiento se debió a “cuestiones presupuestarias”. Pero él asegura que “se debe a razones políticas”. Y esas razones “tienen que ver con la homilía de Olmedo” a las administraciones provincial y nacional de Cambiemos, puntualizó el abogado a PáginaI12. Su caso fue dado a conocer ahora luego de que él agotara sus intentos por ser reincorporado y en momentos en que varias organizaciones sociales visibilizaron el caso.

Por su parte, Böckel aseguró a este diario que a Sola “no se lo despidió” sino que “no se le renovó el contrato” que venció el 28 de febrero pasado. “No cumplía tareas y no se presentaba a trabajar”, sostuvo el funcionario, sin pronunciarse por el trasfondo político denunciado por el abogado.

El abogado especializado en derechos indígenas había sido incorporado a la Defensoría del Pueblo de la Nación el 1 de agosto de 2014, producto de un convenio marco de articulación entre esa dependencia estatal y la Prelatura por entonces a cargo de Olmedo. “Estuve con contratado durante un año y el resto con una relación laboral como empleado de planta: cobré por recibo y a través de una cuenta sueldo, percibí bonos (otorgados a los estatales), hice aportes jubilatorios, de obra social y me descontaban por planilla la cuota sindical” a ATE, aseguró. “Existen sobradas pruebas” de su relación de dependencia, dijo.

En enero de este año salió de vacaciones y tras su retorno “informé que mi esposa estaba embarazada”. Le respondieron 20 días después “diciendo que el contrato que vencía ese día no se renovaría”. Sin embargo, según Sola, “no había ningún contrato firmado”. Al día siguiente le liquidaron los haberes pendientes y le rechazaron los pedidos de indemnización. Ante esta situación, el letrado presentó una denuncia ante la Justicia.

Sola insiste con que no lo echaron “porque había ajuste” de personal en la Defensoría, sino “por lo que pasó con el obispo”. Pero también hay otra cuestión de fondo: “El vaciamiento de la Oficina de Defensa de los Derechos Indígenas” en la Defensoría del Pueblo, denunció. “El año pasado fue el más grave en materia de denuncias por conflictos contra distintas comunidades, sobre todo con la mapuche, y pedí varias intervenciones pero nunca se nos habilitó” a trabajar en ellas, relató.

Esa oficina había sido creada en 2014 pero ahora pasó a llamarse de “Grupos Vulnerables” e incluye niñez, género y trata de personas, entre otros asuntos. “Perdió especificidad”, cuestionó Sola. Es más, “llegamos a ser siete personas trabajando ahí por los derechos de las comunidades, y ahora hay solo una que ni siquiera es abogada”, la mentó. “En este momento –sumó–, la Defensoría tiene una debilidad institucional muy fuerte ya no se hizo el nombramiento de un titular.”

Distintas organizaciones sociales y políticas se hicieron eco del reclamo por “el despido irregular” de Sola. Exigen tanto su reincorporación como “la reactivación” de la oficina que tenía a su cargo. Algunas de las entidades que acompañan el reclamo son el Serpaj, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).