El 28 de enero, Roxana Caballero, de 20 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja, Ramón Céspedes, en las calles de Pampa del Infierno. En enero, en El Sauzalito, el cuerpo de una adolescente de 16 años fue hallado flotando en aguas del río Bermejo. En los últimos meses, se reportaron 22 casos de mujeres desaparecidas y la provincia sigue buscando a Maira Benítez desde el 17 de diciembre de 2016. Esto pasa en El Chaco, allí donde miles y miles de mujeres, lesbianas, trans y travestis se trasladaron para vivir el último Encuentro Nacional de Mujeres, en Resistencia, en octubre del año pasado. Pero después del agite y la arenga a seguir tramando juntas, algo del latido conjunto vuelve a ponerse en peligro. Porque en un territorio tan vasto y geográficamente disímil como el de nuestro país, las grietas de la violencia dejan pasar el agua aunque cada vez sean más las que intentan frenarla. Un femicidio por día en la Argentina da cuenta de que la violencia no para, y que encuentra en la justicia y el aparato institucional que la contiene el resguardo ideal para seguir impune.  

Magdali Romero y Fátima Florencio llevaban una semana desaparecidas. El lunes, dos cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron encontrados en un descampado en Quitilipi y trasladados a Resistencia para su identificación. Inmediatamente sus familias denunciaron la desaparición, aunque no lo habían hecho formalmente en un primer momento, la policía estaba al tanto de que ambas faltaban a sus casas. Algo muy común en localidades del interior: las denuncias no se escriben en los libros de inmediato pero es imposible que no se sepa que a alguien se la tragó la tierra. Casi siempre se trata de una mujer, y casi siempre también, la sombra de la duda se derrama sobre su nombre. Esta vez no fueron los medios los que adjetivaron los femicidios con consideraciones ridículas como “crimen pasional”. Fue el Procurador General de la provincia quien salió a decir que Magdali y Fátima eran trabajadoras sexuales, como si eso pusiera un precio al hallazgo, lo minimizara o marcara un contexto de justificación. “Nos pone muy en alerta y nos enojan profundamente las declaraciones de Jorge Canteros, quien salió casi a justificar los crímenes diciendo que por ser prostitutas solían hacer viajes largos con camioneros y que vaya a saber por qué las mataron” dice Magdalena Corvalán, del colectivo Ni Una Menos Chaco, una activista que fue perseguida y amenazada el año pasado en los meses previos a la realización del Encuentro por su trabajo de acompañamiento constante a las víctimas de violencia machista. “La gente sabe dónde vivimos, se entera dónde estamos y nos pide ayuda” dice Magdalena para explicar la desidia institucional de una provincia que funciona de un modo muy similar al resto del interior de nuestro país, minimizando las agresiones a mujeres, cargando con centenares de casos sin justicia, como el de la misma Maira Benites, el de Liliana Garabedian en Catamarca o el de Paulina Lebbos en Tucumán, solo por nombrar algunos. 

“Es necesario que esto se exponga. No es la primera vez que este tipo hace comentarios tan desubicados y peligrosos para ser un Procurador” dice Magdalena, quien recuerda que hace unos meses Cantertos declaró que los femicidios son “como un fenómeno de la naturaleza, inevitables” y que no se podían prever, como si fueran caprichos del clima. Lo contrario de lo que viene denunciando el feminismo hace añares: que los asesinos en general están en el círculo íntimo de la víctima, que el personal policíaco y de justicia no está capacitado para atender y acompañar a las víctimas, que si el Estado no da recursos a las personas que sufren violencia machista desde el principio, el femicidio llega después de muchas etapas en las que la víctima estuvo sola. “Tenemos muy en claro cuáles son las herramientas con las que contamos y cuáles no, por lo tanto vivimos articulando con agentes del Estado. La cuestión de la justicia es preocupante: para dar un ejemplo, la semana pasada nosotras acompañamos a tres mujeres sobrevivientes de violencia y lo que vimos es tremendo: la revictimizacion y el maltrato, teniendo que intervenir muchas veces por las preguntas aberrantes que se les hacen a las víctimas. Nosotras vivimos esto frente a la justicia y no es casual que después salgan diferentes funcionarios con un discurso peligrosísimo, machista y ofensivo. Canteros salió a exponer, suponer y manifestar que ellas eran trabajadoras sexuales cuando no lo sabe y si lo sabe, no es un dato relevante. Nosotras como militantes del movimiento de mujeres interpretamos que sus dichos son una manera de restarle gravedad e importancia al hecho. Es una información que no suma, por lo menos en la lucha contra la igualdad y por la justicia. Entonces si hay diferentes funcionarios con altos cargos que hablan de esta manera, ¿qué se puede pretender de quien está en una mesa de entrada en un juzgado, en una fiscalía? Nos ha pasado de escuchar al jefe de la policía de la provincia decirle a los padres de Mariela Fernández “¿Pero si ella sabia que la iba a matar para qué volvió?” Y esta desidia, este abandono, esta violencia institucional nos atraviesa a todas. No hay intenciones de mejorar nada. Hemos llevado propuestas tratando de articular con el Ejecutivo municipal y estamos a la espera de respuestas. No hay políticas públicas impulsadas desde el Ejecutivo provincial. Así que cuando tenemos que exigir asesoramiento, contención, acompañamiento, investigaciones serias, terminamos dependiendo exclusivamente de voluntades y predisposiciones personales”.