Un proyecto de ley, con media sanción en la Cámara de Diputados, busca que se puedan investigar los abusos sexuales infantiles (ASI) sin que los padres o tutores tengan que ratificar el pedido. El proyecto, presentado por la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical), impone que el ASI pase a ser un delito de instancia pública, que la Justicia pueda actuar de oficio y debe tratarse en la comisión de Legislación Penal del Senado. “Para luchar contra el Abuso Sexual Infantil la Justicia debe poder investigar sin pedir permiso y hoy no es así. Llega tarde, cuando los chicos son grandes, si es que llega. Por eso es necesario modificar el artículo 72 del Código Penal para que el abuso sexual en menores de 18 años sea un delito de instancia pública”.
El alma mater de la lucha, Paula Wachter, de la Fundación Red por la Infancia, enfatiza: “Cada 1000 abusos que se comenten se denuncian 100 y de ellos se condena uno. En el 80 por ciento de los casos los abusos son intrafamiliares, por lo que tenemos que entender que la familia puede ser el lugar de mayor protección, pero también de mayor riesgo. Al considerarlo como un delito de instancia privada, el Estado argentino está incumpliendo su deber de proteger a los niños. Este proyecto de ley implica un cambio radical en la concepción del delito: deja de ser algo que pertenece a la esfera privada, a la familia y pasa a ser un delito que debe investigarse como cualquier otro. Nuestra sociedad está rompiendo el mandato de silenciar el abuso. A medida que pasan los años, cada vez son más frecuentes las denuncias: en los primeros tres meses después de la campaña de abuso que hizo el Ministerio de Justicia, las denuncias aumentaron un 3000 por ciento, registrándose 594 nuevos casos o sea un promedio de seis nuevos casos diarios a nivel nacional”.
