“Tienen la decisión en sus manos sobre si sigo vivo o no”, dijo Matías Bagnato (38) a los integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal. Bagnato, el único sobreviviente de la llamada Masacre de Flores en 1994, pidió a la Justicia que rechace el pedido para que el autor del incendio en el que murieron sus padres y sus hermanos sea expulsado del país, y le dijo a los jueces que teme que si el condenado es excarcelado pueda buscarlo para matarlo.
El pedido fue realizado durante la primera audiencia oral en la que se escucha a un damnificado antes de resolver, algo previsto en la Ley de Víctimas sancionada el año pasado.
Su temor de encontrarse cara a cara con el autor de la masacre, Fructuoso Alvarez González (57), se evaporó minutos antes del comienzo de la jornada, cuando se conoció la decisión del condenado de no asistir a la audiencia.
En los cinco minutos que expuso ante los jueces Gustavo Bruzzone, Luis García y Luis Niño, Bagnato recordó que confió en la Justicia cuando, en 1995, condenaron a perpetua a Alvarez González, pero recordó que después de que lo extraditaron en 2004, el condenado volvió al país, lo amenazó y “empezó este derrotero que lleva ocho años”.
“Otorgarle la libertad a este monstruo significa ponerme preso a mí, yo paso a estar detenido, todos saben que tengo protección porque él me amenazó y demostró en sus actos que su intención es matarme”, aseguró el sobreviviente en su relato ante el tribunal.
Poco antes, el abogado defensor Rubén Alderete Lobo cuestionó la decisión del juez de Ejecución Penal 1, José Pérez Arias, quien el año pasado no hizo lugar al pedido de expulsión del español por la ley de extrañamiento, que permite a los extranjeros pedir ese beneficio después de cumplida la mitad de la condena.
El letrado recordó que en 2010, cuando Álvarez González ya había regresado en libertad al país desde España, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) emitió una orden de expulsión y de prohibición permanente de regreso en su contra.
En ese sentido, aseveró que el juez Pérez Arias “no tiene jurisdicción” para decidir sobre una medida solicitada por el Poder Ejecutivo y pidió que se le ordene que “autorice el pedido” de la DNM.
A su turno, el fiscal Diego García Yomha, acompañado por su colega Guillermina García Padín, pidió que se rechace el recurso de apelación presentado por la defensa de Alvarez González y afirmó ante los magistrados que “la exclusión no es un derecho de una persona privada de la libertad” y dijo que “lo que está en juego en el debate es el interés migratorio versus el interés punitivo”.
Por último, hablaron Bagnato y sus abogados, Rogelia Pozzi y Juan María Estévez, quienes sostuvieron los mismos argumentos que la Fiscalía y pidieron que no se haga lugar a la expulsión del país del condenado, resolución que los jueces tomarán en un máximo de 20 días.
Tras la audiencia Bagnato sostuvo que a partir de la aprobación de la ley “ahora la víctima pueda ser escuchada” y remarcó: “Hubo mucho respeto por parte del tribunal, me cuidaron mucho y estoy agradecido”.
“A los jueces les conté lo que vivo desde los dieciséis años para que ellos se pongan en mi lugar, de lo que fue ver mi casa quemándose con mis viejos y mis hermanos adentro, y de tener que explicarle a una abuela de noventa años que él (por Álvarez González) todo el tiempo puede salir”, dijo.
