“Lo que hay que preguntar a los ciudadanos es si están de acuerdo con que una mujer vaya presa por interrumpir un embarazo. Y estoy convencido de que la mayoría dirá que no. Entonces, hay que cambiar la ley”, así respondió a periodistas el presidente de la Comisión de Legislación general, Daniel Lipovetzky, antes de comenzar la segunda jornada plenaria para el tratamiento de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación. En una reunión que transcurrió sin mayores sobresaltos se destacó el discurso de la escritora Claudia Piñeiro, que exigió a quienes se oponen a que se despenalice el aborto, diputados/as y al mismo presidente, que no “roben la palabra vida”.
“El lenguaje construye realidad y nos están queriendo robar una palabra. Cada vez que alguien dice que está en contra de la ley porque está con la vida nos excluye a todos. Nosotros también estamos a favor de la vida, no permitamos que nos roben una palabra”, dijo Piñeiro, que entregó a la comisión un documento firmado por más de 200 escritoras a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
Como escritora, sumergió durante sus siete minutos –los que tuvieron todos quienes hablaron– en una clase sobre lenguaje, punto de vista y política. “Los escritores tenemos la posibilidad de pararnos desde diferentes puntos de vista. Los que estamos a favor de la ley de interrupción voluntaria no obligamos a los otros a interrumpir el embarazo, los que están en contra sí quieren imponer su punto de vista a todos”. A los diputados y diputadas presentes les dijo que no podía permitir que pecaran de ingenuos. “No lo acepto”, afirmó. También comentó que así como estaba agradecida al presidente Mauricio Macri de que abriera el debate, le iba a decir que “no diga que es por la vida, porque yo también estoy por la vida”.
“Estoy acá porque soy mujer, soy madre y porque soy escritora. Ustedes, los diputados que voten en contra, van a tener que mirar el día de mañana a una nieta y decirle que votaron para que una mujer tenga adentro de su cuerpo un embrión y los ojos de esa niña les van a transmitir el horror. Saben que cambiaron los tiempos, las mujeres estamos acá para defender nuestros derechos y no nos vamos a retirar”.
Por último, la escritora comparó los argumentos que se expresaron en contra de la despenalización del aborto con los que en su momento se vertieron contra la ley de matrimonio igualitario. “Si revisamos los argumentos de los diputados que votaron en contra del matrimonio igualitario sentirían vergüenza de las barbaridades que dijeron, barbaridades iguales que se escuchan estos días contra el aborto”, apuntó finalmente la escritora. “No nos ofendan más”, pidió.
Piñeiro despertó una ovación, que una diputada quiso interrumpir acusándola por su tono de amenaza. La intención sin embargo fue diluida por la queja de diputados opositores. Ya cursaba la mitad de la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Legislación Penal, y Familia, Mujer y Adolescencia, por la que ayer pasaron dirigentes políticos y del movimiento de mujeres, periodistas, médicos, abogados, tanto varones como mujeres. La concurrencia estuvo lejos de alcanzar el completo del martes pasado; hubo ausencias, sobre todo de parte de diputados/as del oficialismo.
Comenzó Andrea D’Atri, dirigente de Pan y Rosas, que homenajeó a Dora Coledesky, pionera en la lucha por el aborto legal; alusión que retomó en su momento la dirigente del movimiento LGTB María Rachid. Hubo varias históricas del movimiento de mujeres. María Elena Barbagelata, diputada mandato cumplido, habló de las consecuencias que la penalización tiene para la vida de las mujeres. “Solo sirve como castigo y es un trato cruel a las mujeres. Lo que se castiga es no querer convertirse en madres”, dijo. También comentó que la penalización “solo persigue a las mujeres más vulnerables y termina beneficiando un negocio con los medicamentos como el misoprostol, que en nuestro país cuesta mucho más que en otros donde el aborto es legal”. Estos últimos argumentos volvieron una y otra vez durante las más de tres horas de jornada. En esa línea, la médica generalista, Analía Bruno, planteó la necesidad de producción pública de misoprostol. También habló de la tortura que significó para una mujer afrontar un proceso judicial por “la denuncia de un violento que no estuvo de acuerdo con que ella abortara y fuera acompañada en el centro de salud”. Tortura que también se extendió a las profesionales que la atendieron, por 14 meses, hasta que la justicia consideró que el aborto había sido legal.
El médico obstetra Mario Sebastiani apuntó que la penalización da como resultado 50 mil mujeres internadas por problemas derivados de abortos clandestinos por año. Otra consecuencia, dijo, “es un número cuatro o cinco veces superior de abortos que en países donde está legalizado”. También explicó que el aborto es 14 veces menos peligroso que un embarazo y un parto. Todos estos números, conocidos por los disertantes presentes por sus años de estudio y experiencia en la materia, dieron lugar a varias preguntas por parte de legisladores al final de la jornada. Querían conocer las fuentes de esas afirmaciones y otras de público conocimiento, como la de que en Argentina se estima que se realizan entre 400 y 500 mil abortos al año. “La fuente es el Ministerio de Salud de la Nación”, apuntó en su momento la abogada Soledad Deza, que vino desde Tucumán para su presentación (ver aparte). Sebastiani apuntó además que si el aborto fuera legal, esos datos serían mucho más precisos.
La abogada del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, puso el eje en recordar que desde 1921 el aborto está parcialmente despenalizado en Argentina. ¿Qué es lo que está en debate entonces? Se preguntó. “Pasar de un sistema de causales a uno de plazos, que establezca un límite temporal. Una regulación que reconozca la falibilidad y la imposibilidad de implementar el sistema actual, plagado de barreras, que no es universal, accesible ni igualitario”. La diferencia es importante pero no es abismal, consideró. “Lo que debe debatir el Congreso es la eliminación de la actual necesidad de explicitar las razones para solicitar la interrupción, bajo amenaza de sanción penal. Las mujeres siempre tenemos motivos para abortar, la pregunta es si los tenemos que dar”. También en pos de achicar distancias entre las argumentaciones de la mañana y las que vendrían por la tarde, Mabel Bianco, presidenta de Fundación para el Estudio y la Investigación de las Mujeres (FEIM), rescató una coincidencia fundamental: “Todos y todas queremos que haya menos abortos”. “Lo que no compartimos –agregó– es cómo lo queremos lograr y si queremos evitar que haya muertes de mujeres”.
A su turno, la periodista de PáginaI12 Mariana Carbajal habló de lo que implica para toda mujer el temor a estar embarazada cuando no se lo desea. “Persiste toda la vida, es un miedo que un varón no puede imaginar porque lo que está en juego es nuestra vida”, dijo. Luego hizo un repaso por historias de mujeres que tuvieron que recurrir a la justicia para poder abortar y algunas que murieron por someterse a un aborto en la clandestinidad, como María Campos (ver página 40).
Desde la psicología, Andrea Berra, respondió a la afirmación sobre el supuesto sufrimiento psíquico que generaría afrontar un aborto, que esto no es así. Que “el sufrimiento psicológico depende del contexto normativo, legal, social y político del país. La clandestinidad es la que genera sufrimiento psicológico”, así como llevar un embarazo no deseado.
Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, se preguntó por qué se mantiene la penalización, tan injusta. “Hay una operación ideológica política que se pone en juego cuando se habla de la vida. Hay un posicionamiento moral y religioso que se quiere imponer al conjunto. Priorizar la vida del embrión, humanizar la vida del embrión, es deshumanizar la vida de las mujeres. Eso se inscribe en una historia milenaria de la humanidad, es patriarcado”, dijo.
Hablaron también el constitucionalista Roberto Gargarella; Laura González Velasco, de Mumala; Vanina Biasi, dirigente feminista; el abogado Manuel Ochandio, el escritor Alejandro Katz y el dirigente político Claudio Lozano.
Hacia el final, una diputada intentó cuestionar desde la lingüística las afirmaciones de Piñeiro. Se preguntó sobre la pertinencia de usar el verbo “interrumpir” en el marco de este debate. No hubo respuesta, la escritora había dejado la sala. Se oyó apenas un murmullo generalizado de agotamiento.
