En el marco de los reclamos por más fondos para las universidades –que esta semana incluyeron 48 horas de paro de los docentes–, representantes de estudiantes, profesores y rectores llevaron al Congreso su preocupación por la situación del sistema, luego de que la Secretaría de Políticas Universitarias anunciara –como informó este diario– un recorte de 3 mil millones de pesos en el presupuesto del sector, así como el congelamiento de las obras de infraestructura. 

Diputados del FpV, el Movimiento Evita, el Frente Renovador y el Frente de Izquierda recibieron el miércoles a dirigentes de las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica, a organizaciones estudiantiles y a la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, quienes buscaron visibilizar el reclamo por el desfinanciamiento a las universidades. Durante el encuentro, en el que participaron los diputados Laura Alonso, Daniel Filmus, Hugo Yasky, Araceli Ferreyra, Roberto Salvarezza, Lucila Masin, Pablo Carro, Romina Del Plá y Néstor Pitrola, entre otros, las principales preocupaciones expresadas por los universitarios apuntaron a la falta de avances en la paritaria docente, el recorte de fondos anunciado, la demora en la ejecución del presupuesto y la reducción de becas estudiantiles.

Los problemas generados por los retrasos en la transferencia de fondos para gastos de funcionamiento y para obras se manifestó en el último plenario del CIN (el consejo que reúne a los rectores), donde se aprobó un acuerdo plenario que expresó la “preocupación por la suspensión de las nuevas obras de infraestructura que estaban programadas para el ejercicio 2018, con especial énfasis en aquellas situaciones de instituciones universitarias que carecen de edificios propios” y encomendó a las autoridades del CIN “que gestionen ante el gobierno nacional alternativas de resolución” para la situación.

La rectora Torlucci confirmó que el retraso en el pago de las cuotas de gastos alcanza –en el caso de la UNA– al mes de noviembre de 2017 y aseguró que las universidades nunca sufrieron una demora tan pronunciada. Por el anuncio de que en 2018 no se aprobarán nuevas obras de infraestructura, la UNA, al igual que otras universidades, pospondrá proyectos previstos para este año, como la restauración de su sede ubicada en la Avenida Córdoba, cuyo edificio tiene un siglo.

Peor es el caso de obras que ya estaban en marcha y no podrán continuar. La rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Diker, confirmó a PáginaI12 que la Dirección de Fortalecimiento de Infraestructura Universitaria le anunció a la institución que una de las obras en ejecución desde noviembre pasado –la construcción de laboratorios y talleres necesarios para las carreras de ingeniería de la UNGS– dejó de tener financiamiento asignado. 

Diker explicó que el proyecto –que se inició y aprobó bajo la gestión del actual gobierno nacional, en 2016– es “central” para el desarrollo de las actividades de la UNGS. “Estamos reclamando que el crédito efectivamente se sostenga. Estaba asignado por ley y es la contraparte de un crédito de la Corporación Andina de Fomento. La obra está iniciada y con certificado ya pagado por el Ministerio del Interior y Obras Públicas”, precisó.

El martes y el miércoles de esta semana, los docentes de Conadu y Conadu Histórica cumplieron una huelga en reclamo de un aumento salarial del 25 por ciento, entre otros puntos. Según los gremios, la medida tuvo un alto acatamiento, cercano al 80 por ciento. 

En las paritarias del sector, el Ministerio de Educación aún no presentó ninguna oferta de incremento de sueldos. Ayer, en una nueva reunión, los gremios docentes acordaron con funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias la aplicación de la cláusula gatillo que formaba parte del acuerdo paritario del año pasado: será del 2,77 por ciento, y se pagará con el sueldo de abril, retroactiva a febrero. 

En las próximas semanas, el conflicto docente promete continuar. La Conadu ya anunció nuevas jornadas de protesta para el 26 y 27 de abril, además de un paro de 48 horas (10 y 11 de mayo) y una marcha federal universitaria para el 17 del mes que viene.

Informe: Inés Fornassero.