Al final, la causa que tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner por presuntas irregularidades en contratos para obras viales otorgados a Lázaro Báez y la que lo tiene al empresario como acusado de maniobras de lavado de dinero por al menos 60 millones de dólares, tendrán juicios orales separados. Así lo decidió ayer la sala IV de la Cámara de Casación Penal Federal, que señaló que aunque pudiera existir alguna conexión entre ambos expedientes, hacer un megajuicio podría derivar en un retraso “colosal e innecesario”. La decisión está en la misma línea que lo que había dictaminado el fiscal Raúl Pleé, y con lo que había señalado también el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) cuando rechazó absorber la causa contra CFK para juzgarla con la de lavado. El fallo de Casación, a su vez, hizo una especie de llamado a los jueces a actuar con celeridad en los casos de corrupción.

Para la ex presidenta, que se haga un juicio aparte por la obra pública es una buena noticia, porque la aleja de la teoría que insiste en asociarla a los millones que Báez sacó del país. La sala II de la Cámara Federal, había sido el tribunal que más insistió para que CFK fuera incluida en la causa por lavado de dinero, que estuvo a cargo del juez Sebastián Casanello, quien aún instruye un tramo de esa investigación pero siempre planteó que no tenía pruebas para implicar a la actual senadora. Báez en sus últimos planteos sintonizó con ese concepto, y se quejó de que se investigara sólo su responsabilidad. Increíblemente coincidía con el planteo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), siempre conformes con las posiciones de la Cámara.

Casanello finalmente elevó a juicio a Báez y otras 24 personas por lavado de dinero, por “haber conformado una estructura jurídica societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos entre 2010 y 2013. El llamado “delito precedente” del lavado, está focalizado en el hallazgo de facturas truchas. Este caso será juzgado por el Tribunal Oral Federal 4, que recientemente rechazó devolverle la libertad a Báez y prorrogó su prisión preventiva por un año más. En la resolución se deslizaba la posibilidad de que el juicio empiece este mismo año, en el segundo semestre.

El juicio contra CFK por las obras viales estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, y tendrá también en el banquillo a Báez, señalado como principal beneficiario de los contratos, a su hijo Martín, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex subsecretario de coordinación de obra Pública, Carlos Kirchner (primo de Néstor Kirchner) y al ex director de Vialidad Nelson Periotti. Llegan acusados de asociación ilícita y fraude y si bien algunos de ellos están detenidos, es por otras causas. La denuncia que llevó al inicio de la causa la hizo el actual titular de Vialidad, Javier Iguacel, quien aseguró que a Báez le habían otorgado 52 obras en rutas de la provincia de Santa Cruz por unos 46.000 millones de pesos y hubo un sobreprecio del 15 por ciento. La denuncia de Iguacel fue incorporada a una vieja causa iniciada por Elisa Carrió en 2008 que hablaba de una gran asociación ilícita del kirchnerismo que por años no tuvo ningún resultado. 

La decisión de que haya dos juicios separados fue tomada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, quienes sostuvieron que es prioridad la celeridad en la resolución de los casos. El concepto que sobrevuela, además, es que los “megajuicios” no son eficaces y que, en ocasiones, hacen que se desdibujen presuntas responsabilidades que podrían ser sustanciales.