El Gobierno se presentó ante la Corte Suprema para pedir que avale el decreto que endureció la política migratoria y permite una expulsión expres de extranjeros sin que tengan condena firme. Así apeló la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había anulado el decreto 70/2017 dictado por el presidente Mauricio Macri. Los funcionarios del Gobierno pidieron a la Corte que declare constitucional la norma. 

No se puede negar una línea de coherencia, que va desde Macri en 2010 hablando de la “inmigración descontrolada que llega de la mano del narcotráfico” mientras morían inmigrantes bajo balas policiales en el Parque Indoamericano hasta ese decreto. El problema es que la normativa tuvo varios traspiés en el Poder Judicial.

La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal objetó la constitucionalidad de la norma y el Ejecutivo decidió apelar a la Corte. La presentación fue conjunta de los ministerios de Justicia e Interior y fue coordinada por la procuración del Tesoro. El escrito, que fue difundido por el medio oficialista Infobae, indica que el Poder Judicial no debe entrometerse en la política migratoria. Sostuvo que esa intervención es  “además de inoportuna, ilegítima y contraria al principio de división de poderes”. El mismo argumento que usaba el macrismo para responder a fallos en la Ciudad cuando cuando un magistrado entendía que afectaba el derecho a la vivienda, a la educación o a la salud de sus habitantes.

En la presentación sostuvieron ante la Corte que el fallo judicial “implica una traba al justo desempeño de los otros poderes del Estado”. Y remarcaron que ese decreto –que permite la expulsión de extranjeros que cometan delitos en la Argentina sin que tengan sentencia firme y también el impedimento de ingreso a aquellos extranjeros que tengan causas penales– se dictó “para garantizar la seguridad nacional y de la población”. 

El Gobierno sostuvo que hay una “arbitrariedad manifiesta de la sentencia”. Cuestionan que el fallo haya interpretado la falta de “necesidad y urgencia” del decreto dictado con Macri. E indicaron que el Congreso, a través de la Comisión Bicameral Permanente que analiza la validez de los DNU, no emitió aun opinión alguna al respecto. El macrismo, con una movida a comienzo de este año, se aseguró mayoría en esa comisión y consiguió frenar el tratamiento de las impugnaciones de DNU. En el caso del mega DNU de Macri, que modificó una decena de leyes, negociaron convertirlo en una normativa aprobada por el Congreso y eliminar el DNU. Pero, a la hora de hacer esto último, la bancada macrista se levantó y dejó sin quórum la sesión para que no ocurriera.

En el documento que enviaron a la Corte Suprema –y que fue avalado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el director de Migraciones, Horacio García; y el ministro de Justicia, Germán Garavano– sostienen que en el endurecimiento de la política migratoria “se da fe del cumplimiento de los estándares de los derechos humanos”, pese a que no respeta el derecho a contar con todas las garantías en un juicio y llegar a una condena. “El agravio inferido al Estado Nacional por la resolución cuestionada implica una clara intromisión de uno de los poderes del Estado en la esfera de otro, al declarar la inconstitucionalidad de una norma dictada por el Poder Ejecutivo en pleno uso de sus prerrogativas constitucionales, por la que se modifican ciertos aspectos de la normativa migratoria en beneficio de la seguridad de los Argentinos”, dice sostiene el documento.