El juez federal Sebastián Casanello procesó por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público a los ex secretarios de Ambiente y de Minería, Sergio Lorusso y Jorge Mayoral, en la causa que investiga la falta de controles a la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, en San Juan, a raíz del derrame de cianuro ocurrido en el río Potrerillos en septiembre de 2015.

Por el derrame, que contaminó con 1.072.000 litros de solución cianurada el cauce de seis ríos como consecuencia de la rotura de una válvula, Casanello embargó bienes de ambos funcionarios por dos millones de pesos a cada uno y proceso también a Beatriz Domingorena, ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

"Sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extracción del oro, que la forma de trabajo no era segura para el ambiente -habida cuenta de los derrames de solución cianurada que precedieron el de septiembre de 2015- la máxima autoridad ambiental nacional no intervino e incumplió el mandato legal", afirmó Casanello. Después de los sucesos de 2015 y "de manera tardía" se ordenaron fiscalizaciones a la mina.

Según el juez los funcionarios no ejercieron sus obligaciones de control a pesar de los riesgos de la actividad, en la que se usa cianuro para la extracción de oro. También agregó que la propia empresa ya había informado a las Secretarias varios derrames anteriores, que nunca se contrastaron con nuevos informes. Para el magistrado el control estatal se limitó a actos administrativos sin cuestionar las falencias que estaban a la vista.

El “retraimiento” de las funciones de control, según Casanello, permitió que la empresa actuara con discrecionalidad.

"Se verificaron claras omisiones de los funcionarios públicos", concluyó el juez en la resolución en el marco de la causa donde actúa como querellante la "Asamblea Jachal no se toca" y como fiscal Ramiro González. A Mayoral "se le reprocha el incumplimiento de promover estudios e investigaciones para evaluar, planificar y coordinar el racional aprovechamiento de los recursos mineros del país, contemplando la preservación del medio ambiente" y de "promover e instrumentar un sistema de monitoreo ambiental", sostuvo el magistrado.

En el procesamiento se tuvo en cuenta un informe técnico que aludió a "falencias relacionadas con la operatividad" en la mina que "repercutieron" a la hora de facilitar "el flujo de la solución rica derramada sin impedimentos hacia el cauce del Río Potrerillos".  Además, en ese informe, se advirtió que el sistema carecía de controles automatizados y todo se hacía de manera manual, y que el derrame "se detectó a raíz de observar una variación significativa en el caudal del Río Potrerillos" por parte de un empleado.