La Corte Suprema de Justicia advirtió que los gobiernos nacional, bonaerense y porteño no están cumpliendo con el saneamiento ambiental del Riachuelo y los emplazó a que en 30 días establezcan “plazos ciertos de cumplimiento”. En un fallo dado a conocer ayer, el máximo tribunal advirtió acerca de la debilidad institucional de la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), alertó sobre el déficit en la medición de los niveles de contaminación y remarcó que la relocalización de los asentamientos precarios es extremadamente baja y que está muy retrasado el cumplimiento  del plan de viviendas, ya que de las casi 18 mil viviendas proyectadas se construyeron menos de 4 mil.

La Corte busca que se dé cumplimiento a su fallo de julio de 2008, en el que ordenó el saneamiento del Riachuelo y la adecuación del entorno para las cinco millones de personas que habitan sus márgenes. En ese marco, el 14 de marzo de este año se realizó una audiencia pública para supervisar en qué estado se encuentra el proceso de saneamiento. En esa instancia, el máximo tribunal planteó, por unanimidad, la realización de una serie de acciones.

Entre otros pedidos, los jueces del máximo tribunal buscan precisar si para 2022 quedará finalizado el emisario subfluvial de la planta Berazategui; si en 2020 será concluido el Parque Industrial Acuba o si el año próximo quedará liberado el camino orillero de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros objetivos planteados por los administradores de la cuenca.

La Corte concluyó que “los informes presentados en la causa y las exposiciones realizadas en la (reciente) audiencia pública por Acumar, el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Cuerpo Colegiado permiten observar un estado de avance en la ejecución del PISA (programa de saneamiento) muy lejano al de su pleno cumplimiento”.

“En la cuenca hídrica se registran 16.701 establecimientos industriales empadronados, de los cuales 1.385 fueron declarados agentes contaminantes históricos, 505 fueron reconvertidos, pero aún restan 880 agentes contaminantes pendientes de reconversión”, apuntó el supremo tribunal. Para dar cuenta de las demoras y los plazos incumplidos, la Corte menciona, por ejemplo, los casos de “el proyecto ‘Asociación de Curtiembreros de la Provincia de Buenos Aires’ (Acuba), también llamado POlo Industrial Curtidor (PIC), para 62 establecimientos de curtiembres e lanas. De acuerdo con lo establecido por Acumar, “el PIC y la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos deberían finalizar en mayo de 2019 y enero de 2020”, pero según informaron las autoridades de Acumar, “la construcción de estas obras demandaría un plazo de dos años a partir de su adjudicación, y esto último recién sucedería en el mes de julio” de este año.

La resolución también  señaló que en la medición de contaminación se “constata que dichos indicadores a veces remiten a datos desactualizados o carecen de la posibilidad de ajustarse a la dinámica de su evolución”.

Acumar tiene la facultad de clausurar empresas por contaminar, pero también puede prorrogar los plazos en casos de que las empresas demuestren que media dificultad económica para pagar los altos costos del saneamiento.

La judicialización del saneamiento del Riachuelo comenzó en 2003, cuando un centenar de vecinos demandó a los Estados nacional, bonaerense y porteño, y a medio centenar de empresas por los daños físicos que sufrieron y el deterioro del ambiente como consecuencia de la contaminación de las aguas.

Luego de convocar a numerosas audiencias públicas con organismos de la sociedad civil, las empresas, defensores del Pueblo y funcionarios y abogados del Estado, la Corte ordenó en 2008 que se cumpliera con el saneamiento de la cuenca. Diez años después, el máximo tribunal constató serias demoras en los trabajos y emplazó a los gobiernos de las tres jurisdicciones a que a través de la Acumar presente “los plazos ciertos” para el cumplimiento de su sentencia.