Para alquilar una vivienda, una familia porteña debe destinar más del 40 por ciento de sus ingresos mensuales a ese gasto, sin contar expensas ni servicios e impuestos. Así, un 40 por ciento de la población de la ciudad queda afuera del circuito. Las cifras muestran, según advierten las asociaciones de inquilinos, cómo el Estado se corrió y se impuso la especulación: el mercado, señalan, es el que marca el ritmo de los precios y las condiciones para los inquilinos, quienes solamente tienen obligaciones y ningún derecho a la hora de alquilar una propiedad. Pero todo puede ser peor: las entidades advierten que el año próximo el precio de los alquileres duplicará la inflación y los aumentos salariales, por lo que cada vez serán menos quienes puedan ejercer su derecho a la vivienda y cada vez más las familias que tengan que vivir bajo el mismo techo para poder afrontar gastos. 

Para Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados, lo más grave es el precio de los alquileres porque “sólo el alquiler representa el 41 por ciento de los ingresos de una persona, sin contar expensas y tarifas”. Ese porcentaje que menciona Muñoz es el que deja afuera a tantas familias que se ven obligadas a recurrir al circuito ilegal de alquileres o a convivir varias familias bajo el mismo techo para poder afrontar los gastos. 

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Eduardo Reese explicó que para que una familia pueda afrontar el costo del alquiler y no dejar de consumir cuestiones tan básicas como alimentos o remedios, el precio no puede superar el 30 por ciento del ingreso. En ese sentido, se preguntó: “Si el 30 por ciento es lo máximo que una familia puede pagar en vivienda, con ese dinero, ¿qué puede alquilar?” 

El año pasado, la Dirección de Estadísticas del gobierno porteño decía que el alquiler promedio para un departamento de un ambiente era de 6060 pesos y 8260 para uno de dos, y un precio mínimo de 4 mil pesos en Constitución o San Cristóbal.

Reese explicó que desde el CELS analizaron el relevamiento de ingresos por hogar que hace el Gobierno de la Ciudad. “El gobierno divide los ingresos de la población en diez franjas del 1 al 10. La uno es de los pobres más pobres y la 10 de los ricos más ricos. Entonces tomamos las diez franjas del relevamiento de ingresos familiares, que es la plata que les entraron a todos los integrantes de un hogar y que el gobierno relevó  en la Ciudad en junio y julio del año pasado. Lo hicimos franja por franja y calculamos el 30 por ciento. Y resulta que para alquilar un departamento de un ambiente a un precio promedio sólo lo puede alquilar la franja número cinco. ¿Por qué? Porque el precio promedio es 6060 y el 30 por ciento de los ingresos de las familias ubicadas en la franja 5 es 6300”, precisó. 

En ese sentido, agregó que eso significa que “el 40 por ciento de la población se quedó sin alquilar”, y enfatizó que “es un cálculo estimado pero muy riguroso de la cantidad de gente que no puede alquilar en la ciudad”. En el caso de querer alquilar un departamento de dos ambientes, según el estudio realizado por el CELS, “el 60 por ciento se quedó afuera”.

En cuanto al precio más barato para alquilar en la zona sur de la ciudad, el 30 por ciento se queda afuera. “Hablo de un ambiente en el peor barrio de Buenos Aires. Para alquilar un ambiente, en el barrio más barato de Buenos Aires, una familia tenía que tener el año pasado un ingreso de por lo menos 17 mil pesos”, subrayó.  

Si bien el año pasado se sancionó en la Legislatura porteña una ley para regular el cobro de las comisiones usureras de las inmobiliarias y los depósitos y adelantos exigidos para poder ingresar, los especialistas consultados coinciden en que se incumple sistemáticamente esa norma y nadie lo controla. 

Mientras, en el Congreso de la Nación corre riesgo de perder estado parlamentario el proyecto de Ley Nacional de Alquileres para que el Estado comience a regular los contratos de alquiler y que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda digna sin someterse a condiciones o cláusulas perjudiciales. Esta iniciativa tiene media sanción de la Cámara de Senadores desde 2016, pero en la Cámara baja aún siguen pateando el tema para adelante. 

Jonathan Thea, referente de Ahora Buenos Aires y de Seamos Libres, consultado por PáginaI12 explicó que “quienes hoy regulan el precio de los alquileres es el mercado y las cámaras inmobiliarias”.

“El inquilino no tiene capacidad de discutir sobre el valor del alquiler. Sumado a eso, en los últimos años el aumento del valor del alquiler en la renovación de contratos es mayor que el aumento de salarios y que la inflación”, señaló, y recordó que “los alquileres que se firmaron a fines del año pasado o principios de este pactaron aumentos semestrales del 15 por ciento cuando el gobierno fijó un techo de paritarias del 15”.

“El aumento del alquiler duplicará al aumento del sueldo para el 2019. Hay un abuso de poder muy grande, porque lo que se encuentra en juego es el acceso a una vivienda digna”, enfatizó Thea.

Para la diputada de Unidad Ciudadana Vanesa Siley, que el lunes presentó un escrito para exigir el tratamiento de la ley de alquileres en Diputados, opinó que ese 41 por ciento que se destina del sueldo al pago del alquiler es “casi confiscatorio”.

“En este proyecto hay dos cuestiones fundamentales, una de ellas es la duración de tres años del contrato de locación y la otra es que se haga ajustable el monto del alquiler entre un promedio del coeficiente de variación salarial e inflación”, precisó la diputada.  

Para Thea, el oficialismo “está trabando el tratamiento legislativo porque es una ley que genera rechazo en ciertos sectores de poder como las cámaras y desarrolladores inmobiliarios”. 

“Creo que el Estado no profundiza en proteger al inquilino porque hay una cuestión de base que es que la vivienda es un negocio, por lo tanto es difícil tener soluciones reales al problema de la vivienda. El gobierno actual tiene una mirada mercantilista de absolutamente todo, por eso el crédito UVA y el planteo de la solución son los créditos. Hay una relación muy importante entre el mercado inmobiliario y la clase política. Y cualquier solución para los inquilinos requiere regular las ganancias del mercado inmobiliario. Es un país que fundamentalmente se concentra en las ciudades, el 93 por ciento de la población vive en las ciudades. Y algo que está sucediendo ahora es que el sistema  financiero y los grupos económicos cambiaron, ya se quedaron con las tierras y ahora van por las ciudades. Y esto se nota cada vez más en la concentración de las viviendas, que cada vez está comprando menos gente y cada vez hay más inquilinos. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada dos personas y mientras el mercado y el gobierno dicen que hay que elevar la oferta, nosotros lo que decimos es que hay que distribuir las viviendas de otra forma. No puede ser que una persona tenga 300 viviendas en la ciudad y hay otras que por generaciones no van a poder acceder a la vivienda propia”, resumió Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.

“Yo tengo una visión de comunidad organizada. La situación de los inquilinos es desventajosa porque es la parte débil de la relación. Y la parte débil de la relación cuando las reglas las pone el mercado sale perjudicada. Cuando esos precios estén regulados, en cuanto esos plazos no sean abusivos para la parte débil, el trabajador y la trabajadora que alquila va a poder acceder a un alquiler, no va a haber morosidad, no va a entrar en deuda, va a haber menos conflicto social. También esto es una forma de dar seguridad jurídica para el propietario, porque va a saber que va a tener todos los meses el cumplimiento efectivo del contrato”, sintetizó Siley.

Hay 1.115.000 inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires y 8 millones en todo el país cuyo derecho a la vivienda está supeditado a la regulación que impone el mercado inmobiliario, por eso la clave por estos días pasa por si finalmente se tomará la decisión política de llevar el proyecto de ley de Alquileres al recinto de la Cámara de Diputados y que corre riesgo de perder estado parlamentario si no se trata en los