El ex policía Hugo Giuliano será el primero en llegar a juicio oral y público por el delito de enriquecimiento ilícito, y ya hay Tribunal para juzgarlo. Se trata del ex jefe de la Agrupación Unidades Especiales (AUE) de la Unidad Regional II y de dos departamentales en el sur provincial, denunciado en 2004 y procesado por incremento de patrimonio en calidad de funcionario público. La acusación tiene que ver con que sus bienes no coinciden con los haberes que percibía por su desempeño policial. En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe confirmó que la causa debe juzgarse en el sistema oral, pese a los planteos de la defensa del imputado. Así, se sorteó el Tribunal que estará conformado por los jueces Edgardo Fertita, María Isabel Mas Varela e Ismael Manfrín. Ahora se abrirá la etapa de presentación de las pruebas y solo quedará ponerle fecha al debate. La pena para el delito sindicado va de 2 a 6 años de prisión, pena de multa e inhabilitación perpetua.

El juicio a Giuliano marcará un precedente para una veintena de casos de expolicías que están siendo investigados en los Tribunales y el Ministerio Público de la Acusación, por el mismo delito. El ex comisario fue denunciado en 2004 por Apropol, el gremio policial no reconocido, que presentó un resumen de movimientos de tres cuentas que Giuliano tenía en bancos privados, y un conjunto de propiedades que -según la acusación- le pertenecen.

Tras la denuncia, la causa comenzó a ser investigada de manera administrativa, en la Dirección de Asuntos Internos, donde el expediente demandó dos años y agregó otros bienes que ingresaron a la causa judicial, abierta desde 2008.

Giuliano fue acusado de contar con varias propiedades entre viviendas y locales comerciales, títulos públicos, dos automóviles, una lancha y constancias de viajes reiterados al exterior, realizados tanto por él como por familiares directos. Algunos bienes eran propios y otros de familiares cosanguíneos inmediatos.

La investigación estuvo abierta muchos años sin que el acusado fuera citado a indagatoria. En 2011, fue sobreseído por la jueza Patricia Bilotta, por vencimiento de los plazos legales, pero el fallecido fiscal Esteban Franichevich rechazó esa resolución ya que sostenía que había prueba para enviarlo a juicio por crecimiento injustificado de su patrimonio, y apeló aquella decisión. La Alzada le dio la razón y la causa recayó en el Hernán Postma, que también lo sobreseyó, en 2013. El fiscal volvió a apelar y el 28 de febrero de 2014 la Sala IV de la Cámara Penal declaró nulo aquel fallo que dejaba fuera de proceso al ex policía por carecer de una valoración de la prueba. El expediente llegó a manos del juez Juan Andrés Donnola, quien lo procesó.

Tras ello, la defensa del acusado apeló ante la Alzada; pero, el fallo fue confirmado. El abogado Carlos Edwards insistió con un recurso de inconstitucionalidad, cuya admisión fue rechazada por el camarista Carlos Carbone, en el marco de la ley 13.004, que regula el nuevo sistema penal, y que plantea que no son apelables cuestiones que no causen un gravamen irreparable (como la prisión preventiva).

Tras ello, el letrado presentó el recurso extraordinario, en queja, ante al Corte santafesina, que fue rechazado porque no se trata de una decisión definitiva.

En tanto, en febrero de 2017, el juez de Sentencia 4º, Julio Kesuani, rechazó un planteo de nulidad absoluta de todo lo actuado; pero sobrevino otro incidente: la controversia sobre si el juicio debía ser oral o escrito. El código de transición expresa que las causas de enriquecimiento ilícito deben ir a juicio oral, pero Edwards sostuvo que esa legislación es posterior al inicio de la investigación. Finalmente, el máximo tribunal confirmó que la oralidad es la modalidad de juzgamiento que se debe aplicar. Tras ello, Giuliano eligió ser juzgado por un tribunal pluripersonal y días atrás el Colegio de Jueces Penales sorteó a los magistrados de Sentencia que ayer estaban siendo notificados.