La batalla entre parte de la Corte Suprema de Brasil y los procedimientos de la Operación Lava Jato tuvo una nueva escalada. El magistrado del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes acusó al juez Sérgio Moro de ejercer tortura contra detenidos para poder arrancarles una delación.
“El uso de la prisión preventiva para obtener una delación no es algo constitucional. Es tortura. Eso no tiene cabida en nuestra Constitución, sí la puede tener en la Constitución de Curitiba”, dijo Mendes, en alusión a la ciudad sede de la Operación Lava Jato donde trabaja el juez Moro.
Mendes lanzó esta dura denuncia el jueves al votar a favor de un hábeas corpus por la liberación del ex ministro de Economía del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Antonio Palocci. El ex funcionario estaba preso desde el año pasado y acusado de ser el máximo recaudador del Partido de los Trabajadores (PT) con la empresa Odebrecht y organizaciones financieras y bancos. La corte finalmente no aceptó por mayoría el habeas corpus. El rechazo al recurso de habeas corpus en el caso de Palocci, quien está condenado sólo en primera instancia, se basa en que su salida, según Moro, es un peligro para la investigación. Palocci fue ministro de Economía de Lula y jefe de gabinete de Rousseff y admitió que negociaba dinero con la constructora Odebrecht para donaciones de campañas, legales e ilegales.
Tras su dura intervención, Mendes, un tradicional y abierto rival del PT de Lula, fue respaldado por su colega Ricardo Lewandowski, quien criticó que existan excesos en las prisiones preventivas sin que los jueces busquen penas alternativas. Mendes, ex abogado general del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, comparó el rechazo al habeas corpus de sus colegas con el Acto Institucional 5, el decreto marcial que prohibió las libertades públicas en la dictadura brasileña. “Estamos transformando las detenciones provisorias en definitivas, como quiere Moro. Entonces, mejor suprimir la Constitución y aplicar el Código Penal de Curitiba y la Constitución de Curitiba. ¿Ese sujeto habla con Dios acaso? ¡Estamos haciendo populismo judicial!”, había denunciado unas horas antes.
Mendes también acusó de corrupción a la Operación Lava Jato y citó al fiscal Diogo Castor de tener un hermano que es abogado especialista en negociar delaciones premiadas, la principal herramienta que destapó el esquema de corrupción conocido como Petrolao y que generó una tormenta en la política brasileña desde 2014.
La respuesta no tardó en llegar desde Curitiba, capital del estado de Paraná, corazón de Lava Jato y donde desde el sábado pasado cumple su pena de prisión Lula. Los fiscales que investigan ese masivo esquema de corrupción defendieron a Castor y acusaron a Mendes de falta de seriedad en un comunicado. Los fiscales de la Operación Lava Jato incluso aprovecharon su respuesta para acusar públicamente a Mendes de haber liberado sin razón al considerado jefe de la mafia del transporte en Río de Janeiro, Jacob Barata Filho.
El Poder Judicial se encuentra así ante una encrucijada, sobre todo por el caso de Lula. La semana que viene, luego de una postergación, la corte suprema podría tratar una acción que pide la anticonstitucionalidad de la jurisprudencia de ese mismo tribunal que mantiene preso a Lula. En 2016 la corte aceptó que un condenado en dos instancias puede empezar a cumplir su pena efectiva sin esperar a transitar todos los niveles de la Justicia, tal como lo marca la Constitución. Cuando Lula presentó un habeas corpus para evitar la cárcel y algunos jueces insinuaron que se podría discutir la jurisprudencia del tema de fondo, generales retirados del Ejército amenazaron con una intervención si eso sucedía y el jefe de la fuerza en funciones llegó incluso a advertir sobre lo que llamó la impunidad en el país.
En medio de este clima de tensión dentro del Poder Judicial y entre él y parte de la dirigencia política y la sociedad, Brasil tiene por primera vez una mujer jueza como jefa del Estado por ayer y hoy, ya que el presidente Michel Temer se encuentra en Lima por a la Cumbre de las Américas. Carmen Lúcia Antunes, quien desempató la votación que mandó a la cárcel a Lula, es la jefa del Estado, ya que los jefes de las cámaras de Diputados y del Senado están impedidos de asumir el Poder Ejecutivo porque son candidatos a las elecciones de octubre próximo.
En otra arista del conflictivo año electoral de Brasil, el presidente Temer viajó el jueves por fuera de su agenda a San Pablo para reunirse con sus abogados luego de que el diario Folha de Sao Paulo revelara que uno de sus amigos, acusado de lavado de dinero y de recaudar dinero ilegalmente para su partido, pagó reformas en la casa de una hija del gobernante.
