La Justicia suspendió el decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal que disponía las jubilaciones de oficio para más de 3.000 docentes bonaerenses. La medida expedida ayer por el Juzgado Contencioso Administrativo 3 de La Plata fue el resultado de la cautelar presentada por la Federación de Educadores Bonaerenses y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación. “Esto se enmarca en la pelea que estamos dando contra el ajuste en la provincia de Buenos Aires”, dijo el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.

En diálogo con PáginaI12, Baradel consideró que la resolución firmada por Vidal “fue una decisión unilateral que no se notificó previamente y se comunicó de forma arbitraria” y, con respecto a la suspensión, destacó: “Teníamos mucha expectativa y los docentes que están en esta situación lo recibieron con mucha alegría. Esto fue posible gracias a la unidad docente”. Por su parte, Mirta Petrocini dijo a este diario que “además de las innumerables cuestiones legales y administrativas, el mayor problema fue el mecanismo de notificación”. “Tiene que quedar claro que lo que nosotros cuestionamos fuertemente de esta resolución es la forma en que pasan a la condición de jubilado a un docente”, resaltó la presidenta de la FEB. Explicó que cuando la resolución 2397/17 salió publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, “generó preocupación e incertidumbre, lo que hizo que muchos docentes tomaran per sé la iniciativa de retirarse del sistema”. 

El traslado, a fines de marzo, del reclamo docente a la esfera judicial tuvo que ver con la falta de respuestas por parte de la Dirección General de Cultura y Educación. En ese momento, los maestros subrayaron que la decisión del Ejecutivo provincial representaba no sólo una reducción de los haberes para los futuros jubilados, sino también la pérdida de la obra social. Otra cuestión importante que motivó la demanda fue el hecho de que el cese de oficio implica un sueldo congelado al 60 por ciento del último cargo. Es decir, el porcentaje es mucho menor –la ley jubilatoria establece entre un 70 y un 85 por ciento– y no tiene en cuenta el mejor cargo obtenido por el trabajador, como dice la norma. Sobre esto, Petrocini consideró que “el Estado empleador debe garantizar el mayor beneficio para jubilarse” y recordó que no es la primera vez que Vidal intenta imponer las jubilaciones de oficio, ya que el primer intento –fallido, también, por una cautelar presentada por los sindicatos– fue en el 2016.

Ambos gremios entendieron la decisión del juez Francisco Terrier como una “consecuencia del conjunto de presentaciones realizadas en enero, febrero y marzo, junto a la impugnación de la resolución 2397/17 y a la precautelar presentada”. El Suteba, que manifestó en un comunicado que la medida del gobierno “pretende condenar a la pobreza a 3.060 docentes de la provincia de Buenos Aires”, había evidenciado previamente que la resolución –publicada el pasado 22 de marzo– “fue celosamente guardada por la administración, ya que había sido dictada el 29 de diciembre del 2017, y en ella se vuelve a insistir con los ceses de oficio”. 

Si bien la noticia fue celebrada, desde ambas entidades gremiales manifestaron la continuidad de las medidas de lucha. “Vamos a continuar, como lo hicimos en el 2016, hasta lograr la nulidad total de estas arbitrariedades, para que triunfe el derecho al acceso a una jubilación digna para todos los trabajadores de la educación”, señalaron. Baradel, en ese sentido, adelantó que el Frente de Unidad Docente se reunirá el próximo martes para delinear los pasos a seguir.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.