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El 22 de este mes hay elecciones en Paraguay, el socio más pobre del Mercosur y ubicado debajo de los cien primeros países del mundo en ingreso por habitante: entre 4 y 5 mil dólares por año.
Hace pocos días, el presidente saliente, Horacio Cartes (empresario de origen, con estudios en Estados Unidos, varios años prófugo por una estafa al Banco Central paraguayo estimada en más de 34 millones de dólares, luego sobreseído), recibió en Asunción a Christine Lagarde, en la primera visita que un titular del Fondo Monetario Internacional hace a Paraguay en un cuarto de siglo. La francesa se deshizo en elogios a la economía guaraní, “una de las más fuertes en toda Latinoamérica, con un crecimiento sólido”. Si bien el PIB se expandió más que varios de sus vecinos estos años, con tasas superiores a 4 y a 3 por ciento en 2016 y 2017, respectivamente, la economía enfrenta problemas estructurales de pobreza, poca diversificación en sus dos pilares (comercio y agroganadería) y una altísima cuota de concentración de la riqueza, en especial de la tierra, lo que genera los conflictos más recurrentes de su historia.
Para las elecciones rivalizan Mario Abdo Benítez, del gobernante Partido Colorado, y Efraín Alegre, del Partido Liberal. El primero integra la fórmula de la Asociación Nacional Republicana junto al candidato a vice Hugo Velázquez. El segundo va con la Alianza Ganar, que suma al ex presidente y actual senador Fernando Lugo, cuya organización, Frente Guasu, aporta además al candidato a la vicepresidencia, el periodista Leonardo Rubin. Hay, luego, otra media docena de propuestas electorales.
La Comisión Económica para América Latina publicó en marzo un informe que incluye datos sobre la creciente deuda latinoamericana. En total y en promedio, en 2017 cerró con un stock equivalente a 38,4 por ciento del PIB regional, superior al 37,6 por ciento del año anterior. En ese contexto, Paraguay tiene uno de las más bajos porcentajes (21,9), pero junto con Ecuador, Brasil, Chile y Argentina es de las que más creció el año pasado. Los países con más deuda/PIB son Brasil, con 74,0 por ciento; Argentina, 53,7 y Costa Rica, con 48,8 por ciento, según la CEPAL.
Más allá de los datos macro como crecimiento y deuda, un problema central del Paraguay ha sido y sigue siendo la concentración de la tierra en manos de grandes hacendados, locales o extranjeros, que se dedican a la soja y al ganado bovino. Paraguay vivió para ello un gran proceso de deforestación, para plantar pasto para las vacas, que duplican en cantidad a las personas que viven en el país, o sembrar soja transgénica. El agronegocio ya significa más de 30 por ciento del PIB.
Según el censo nacional agropecuario, apenas 2,5 a 3,0 por ciento de los propietarios concentran el 85 por ciento de las tierras productivas. Es, así, una de las naciones latinoamericanas con mayor proporción de latifundistas.
El informe “Yvy Jára. Los dueños de la tierra en Paraguay”, realizado por la organización no gubernamental Oxfam, dice que 15 propietarios poseen un total de 1,5 millones de hectáreas, mientras que por otro lado 75 mil familias campesinas aún esperan respuesta a sus pedidos de tierras. Entre los mayores propietarios se encuentran los ligados a la Secta Moon, agrega. También se destacan argentinos y brasileños. Se estima que el campesinado alcanza a un tercio de la población, pero de ellos, 80 por ciento no tienen tierras. Y de acuerdo con la ONG Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), sólo 6,3 por ciento de la tierra cultivable va a la producción familiar campesina, lo cual no alcanza para abastecer de frutas y hortalizas a todo el país, que por tanto se importa de Argentina y Brasil y quita esa posibilidad laboral y productiva al campesinado local.
En la última década, la hectárea de la región más productiva pasó a valer de 200 a 1200 dólares en promedio, pero en las mejores zonas puede llegar a 15.000 dólares.
Violencia
Todo este cuadro generó y genera violencia en Paraguay. Y uno de los casos de tomas de tierra justamente estuvo detrás del golpe parlamentario que terminó en 2012 con el gobierno de Lugo, el primero y único que intentó cambios progresistas en más de un siglo. El caso de Curuguaty, aún no esclarecido, dejó 11 campesinos y 6 policías muertos por terrenos públicos en disputa. El problema causa asimismo desplazamientos desde el campo hacia asentamientos muy precarios en la ciudad: la Federación Nacional Campesina, que viene reclamando una reforma agraria, los estima en casi 1 millón de personas, de una población total de 7.
El reclamo por una mejor distribución de la tierra, en un país muy atrasado, lo llevan adelante muchas organizaciones. Una de las que nuclea a varios sectores es la Coordinadora Nacional Intersectorial, que desde 2016 lucha porque se condenen deudas y se apliquen políticas de apoyo a la agricultura campesina. Marielle Palau, coordinadora del informe “Con la soja al cuello”, de BASE Investigaciones Sociales, dio a Cash detalles de ese estudio. Allí se lee que si bien hubo logros parlamentarios, luego Cartes vetó todo lo que los grandes latifundistas y el poder financiero le fueron dictando, en línea con el tipo de “democracia” que se va consolidando y deslegitimando en el Cono Sur.
Básicamente lo que piden, teniendo la reforma agraria como meta de más largo plazo, son una Ley de Emergencia de Agricultura Familiar Campesina y una Ley de Rehabilitación Económica a pequeños productores. Esas acciones, apoyadas por entidades como Organización de Lucha por la Tierra, el Movimiento Campesino Paraguayo, la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos, la Federación Nacional de Campesinos y comunidades indígenas, dominaron el escenario durante 2017 y “los reclamos y planteos han girado principalmente en torno al caso Curuguaty”, expresa el trabajo citado.
Como se señaló, esa masacre de 2012 derivó en el final escandaloso de la breve experiencia de Lugo, una primavera paraguaya en medio de décadas y décadas de injusticias y saqueos. Como antes en Haití (2004) y en Honduras (2009) o luego en Brasil (2016), además de otros intentos infructuosos y acciones destituyentes de gobiernos populares en otras naciones de la región, el poder no está dispuesto a conceder cambios.
La continuidad la expresa el candidato Abdo, egresado con una especialización en Marketing en otra universidad de Estados Unidos, en su caso, en Connecticut, subteniente de Reserva de Aviación y Paracaidista Militar en las Fuerzas Armadas paraguayas y cuyo padre, Mario Abdo, fue secretario privado del dictador (1954-1989) Alfredo Stroessner.
