El ex juez español Baltasar Garzón afirmó que “la detención de Lula demuestra que la política se ha metido en la Justicia”. En una entrevista concedida a FM La Patriada agregó que “hay demasiadas coincidencias en una expansión desde el norte en ámbitos judiciales y económicos”.
Garzón consideró además que “la lucha contra la corrupción debe ser contundente, pero las resoluciones tienen que estar fuera de duda”. En ese sentido indicó, en referencia al caso judicial por el que ex presidente de Brasil está detenido, que "en España el testimonio de un solo testigo no sirve para llevar a prisión a nadie”.
El ex magistrado también se refirió a la situación de la Argentina y sobre la cárcel que sufrieron ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kicrchner como Carlos Zannini y Amado Boudou y el todavía detenido Julio de Vido, dijo que “son acciones de marketing que no conducen a nada” porque “la Justicia tiene que emitir sentencias fundamentadas, no actos de propaganda”. En ese sentido sentenció que “se están ajustando cuentas contra el gobierno anterior”.
Consultado sobre la posibilidad de que estos ex funcionarios e incluso Lula puedan recurrir a organismos internacionales, Garzón sostuvo que “si el sistema nacional fracasa, las instancias internacionales deberán hacer su trabajo”, a los que definió como "fundamentales para regular el derecho en todos los países y se está produciendo una tendencia peligrosa que cuestiona las resoluciones de los organismos internacionales“
También opinó sobre las cuentas offshore a nombre de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. En ese punto, el ex magistrado indicó que “si alguien miente en relación a sus cuentas en el exterior, ha quebrado su honestidad con la ciudadanía” y por ese motivo criticó al gobierno de Cambiemos porque “si tenés cuentas en el exterior o negocios, o si sos político y tenes más dinero que cuando asumís el cargo, no deberías de estar más de 5 minutos en el cargo correspondiente”.
Como abogado Garzón representa a Julián Assange y sobre la situación que atraviesa el fundador de WikiLeaks dijo que “la situación es insostenible para el derecho internacional, es ridículo que los periodistas de WikiLeaks estén sometidos a procesos por ejercer su derecho a la libertad de información” y agregó que “el cambio político en Ecuador no debería alterar el compromiso del Estado, creemos que va a seguir manteniendo su protección”.