La cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas se coló esta tarde durante la reunión especial en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas trató el ataque de tres potencias de occidente contra Siria. Durante su intervención, el embajador de Bolivia, Sacha Llorenti, no sólo calificó a la acción bélica contra Damasco como “violatoria del derecho internacional” sino también como un ejemplo de medidas "imperialistas" que llevan adelante estos país. Llorenti dio varios ejemplos de esa actitud imperialista y entre ellos comparó la negativa de Londres de “retornar la soberanía” del archipiélago a la Argentina. Gran Bretaña respondió inmediatamente: “No tenemos ninguna duda de la soberanía del Reino Unido sobre las islas”.

El contrapunto tomó por sorpresa al presidente del Consejo de Seguridad y embajador de Perú, Gustavo Meza-Cuadra, quien para calmar las aguas ante el planteo de Bolivia debió dar derecho a réplica en dos oportunidades. Llorenti fue uno de los que apoyó el proyecto de repudio que presentó Rusia contra los bombardeos de la coalición de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña sobre el territorio sirio. No obstante, la iniciativa no prosperó tras recibir el rechazo de los representantes de las tres potencias cuestionadas, que tienen un asiento permanente en el Consejo.

En su argumentación condenatoria a la acción militar de la coalición, el embajador de Bolivia -país que ocupa uno de los dos asientos no permanentes que le corresponden a América latina en ese organismo- sostuvo que el bombardeo a Siria es parte de una “historia larga” de “decisiones unilaterales” y de “violaciones a la Carta de la ONU”. Y citó varios casos, entre ellos Malvinas.

“Lo mismo que se vive en el marco del desprecio al derecho internacional en Siria se lo vive, en cierta medida, cuando el Reino Unido no retorna la soberanía de las islas Malvinas a la Argentina”, lanzó Sacha Llorenti. Antes había dicho que la intervención militar en Siria fue una “medida imperialista” propia de quienes “se creen moralmente superiores al resto del mundo. Se creen excepcionales e indispensables y, por tanto, por encima de la ley”.

Tras la intervención de Llorenti hablaron varios diplomáticos de otros países, hasta que la embajadora de Gran Bretaña, Karen Pierce, sangró por la herida y pidió derecho a réplica. Luego de que el peruano Meza-Cuadra le dio la palabra, dijo que solo quería referirse “a lo que dijo el embajador de Bolivia”.

“No tenemos ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las islas Falkland,  Georgia y otros territorios. La soberanía no se va a transferir en contra de los que desean (quienes viven) en las islas”, respondió Peirce y mencionó que la cuestión está en tratamiento de la Corte Internacional de Justicia.

Sacha Llorenti retomó el guante y pidió una declaración adicional. Para dejar clara la postura del gobierno de Evo Morales sobre el tema, aclaró que solo se limitaría a leer la Declaración Especial Sobre las Cuestión Malvinas firmada el año pasado por los jefes de estado América latina y el Caribe, en la República Dominicana.

En esa carta, leyó el diplomático boliviano, los mandatarios reiteraron “su más firme respaldo a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” y expresaron “el permanente interés” de que Londres y Buenos Aires “reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a dicha disputa”.

Llorenti incomodó a los diplomáticos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña desde el comienzo de su discurso. “Este es un día oscuro en la historia de este Consejo”, fue lo primero que dijo y luego criticó a esos tres países por tomar ventaja por su condición de miembros permanentes del Consejo. “No se puede combatir la supuesta violación del derecho internacional con la violación del derecho internacional”, sostuvo.

Bolivia dejó clara su “condena categórica” al uso de armas químicas por tratarse de una “injustificable y criminal” cuyos responsables “deben ser identificados, investigados, procesados y sancionados con el mayor rigor”. En este sentido, exigió “una investigación transparente e imparcial” de las acusaciones contra el gobierno de Bashar Al Assad.