Un grupo de organizaciones civiles nucleadas en la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) pidió al Senado que evite dar un tratamiento express,  previsto para este miércoles sin debate público, a un proyecto de ley que apunta a consolidar el sistema de escuchas telefónicas vigente bajo la órbita de la Corte Suprema y, dentro de ella, en una Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos con amplias facultades.

La  propuesta originada en una idea del senador peronista Rodolfo Urtubey pone el énfasis en la promesa de implementación de un protocolo para el control de la cadena de custodia cuando se ordena la interceptación de una llamada, castigos penales para quienes rompan esas reglas (sean funcionarios, jueces o fiscales) y monitoreo por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. 

Como es conocido, las filtraciones de conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli ocurrieron desde que el sistema de escuchas fue transferido por decreto a la Corte. 

El proyecto que va camino a aprobarse “está muy lejos de resolver los problemas existentes y en varios aspectos, los agrava”, señalan desde ICCSI. Además de poner en discusión que las pinchaduras telefónicas las haga una estructura del alto tribunal –que a su juicio es el que debería controlar su legalidad–, advierten que según el texto que se votaría desaparece el plazo máximo para renovar una escucha, o sea que podría durar indefinidamente. También sostienen que la bicameral fiscalizadora nunca mostró voluntad de control, que su integración suele ser de mayoría afín al oficialismo y funciona en forma confidencial, y que una serie de imprecisiones impide saber si cualquier juez de cualquier fuero puede autorizar una escucha  y qué destino tiene el material que no es relevante para una investigación.

“Lo que está fallando es la cadena de custodia que se debe aplicar a las escuchas, para garantizar su preservación y que se usen para causas judiciales, no para difundir. Hoy no existe un protocolo”, explicó a PáginaI12 el senador Urtubey, autor del proyecto, que también firmaron Miguel Angel Pichetto, Pedro Guastavino y Carlos Espínola. “Lo que proponemos es definir una responsabilidad en cada etapa.  Y mejorar ciertos métodos. Por ejemplo, las comunicaciones deberían estar encriptadas pero por ahora todavía se entregan en CDs. No sé si se va a solucionar el problema. La intención es mejorar el sistema y asegurar el control de parte del Congreso.”

El texto impulsa el diseño de un protocolo, cuyo armado encomienda a la propia Corte, igual que la cadena de custodia. Establece castigos penales para posibles responsables de una filtración, e incluso la causal de mal desempeño que podría costarle el cargo a un juez o jueza. Así, la iniciativa se centra en generar mecanismos de preservación y de control de las escuchas, pero el esquema de funcionamiento actual se mantendría.

Aunque Urtubey insiste en recordar que presentó el proyecto hace un año, fue sorprendente el tratamiento repentino que tuvo esta semana en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde pasó velozmente y fue aprobado con apoyos múltiples, con la promesa de que se votaría en la sesión del miércoles próximo. Justo en la misma semana en que Elisa Carrió amplió su pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con el argumento de las filtraciones, el peronismo y el oficialismo se unieron en este plan que implica darle un respaldo. 

La realidad es que en este tema el Gobierno de Cambiemos y la Corte (más sectores judiciales) siempre estuvieron aliados. De hecho, la oficina de las escuchas -que antes ese llamaba  DICOM-  le fue quitada a la Procuración General cuando todavía estaba al mando de Alejandra Gils Carbó y entregada a la Corte por un DNU. Ese decreto nunca fue refrendado por el Congreso. El sistema funcionó dos años sin aval parlamentario. Pero el Poder Ejecutivo sacó otro decreto donde le prorroga por tres años el mandato como titular del área de las escuchas al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, que la Corte dijo haber designado por sorteo, de acuerdo al decreto de creación. Sin embargo, su nombre fue anunciado por los medios con antelación y un juez investiga la presunta designación a dedo. 

Luego, además, el Gobierno hizo convenios, con lo que dejó de ser una oficina solo de escuchas para convertirse en la Dirección de  Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Son acuerdos que le dan acceso a  bases de datos como los de la AFIP o la Dirección de Migraciones, con orden judicial, y que fueron complementados con nuevas acordadas, como la 30/2016, que incluye por ejemplo la potestad de ese órgano de “facilitar a jueces y fiscales el acceso a la información…” y “calificar la información obtenida a partir de la interceptación de comunicaciones….”. 

Al menos según los reglamentaciones, la vieja Ojota que hacía las escuchas grababa, a veces desgrababa y luego enviaba el material a los jueces. Hoy la Agencia Federal de Inteligencia también se mezcla con la oficina especializada de la Corte ya que puede ser convocada para hacer escuchas directas (en tiempo real para resolver casos urgentes). 

La ICSSI pidió que el proyecto que se quiere apurar vuelva a la comisión para ser tratado en profundidad y con un debate público que incluya la voz de especialistas. Este grupo sostiene que la crisis del sistema de inteligencia es vieja pero ahora “se ha trasladado al ámbito de la Corte Suprema” y opina desde que las escuchas quedaron concentradas “son notorias las deficiencias y complicidades”. 

“El primer problema es que el proyecto reconoce el monopolio de la interceptación a la dirección de asistencia de la Corte”, dice Sidonie Porterie, vicepresidenta del Instituto de Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). “Esto afecta al propio control de legalidad del sistema y de las escuchas, que deberían a mi entender estará en manos de quienes estaban a cargo de la persecución penal y la investigación, como el Ministerio Público Fiscal.” 

“La bicameral como organismo de control también es tema polémico, porque se le estaría dando la posibilidad de fiscalizar todas las escuchas, ya sea las que puede pedir la AFI, o las que derivan de una investigación judicial”, agrega Porterie. “Pero la dirección de la Corte no está en el sistema de inteligencia, que la comisión controla. El proyecto no distingue entre escuchas de investigación en una causa y las escuchas de inteligencia. Tampoco lo hace para hablar del límite temporal para las escuchas, porque deroga de hecho el aspecto de la ley de inteligencia que establece que a los 60 días una escucha caduca, o a lo sumo puede ser prorrogada una vez más. El proyecto dice que el juez o jueza pueden autorizar a renovación de la escucha sin precisar el límite.”

Sobre la bicameral, un comunicado de ICCSI se explaya: “La bicameral nunca demostró voluntad de fiscalización, y además carece de condiciones institucionales para llevar adelante un control efectivo, su integración es siempre favorable al Ejecutivo, gracias a un pacto bipartidario inalterable, y funciona bajo reglas de secreto innecesarias y contraindicadas para este caso. Una cosa es que se preserve la confidencialidad y otra muy distinta es que no hay rendición ni control público alguno” sobre ella. Como están las cosas hoy y como quedarían a futuro, cualquier diputado que demuestre un interés podría controlar escuchas.

“Lo que vemos a través del proyecto que se quiere votar es el pacto del peronismo con el gobierno de Cambiemos”, dice Marcelo Saín, que dirige el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad. “La quietud de la comisión bicameral es quizá más preocupante que el espionaje político, y me preocupa el Frente para la Victoria. El que gobierna espía, y el que ejerce la oposición convalida. Buscan consolidar lo que hoy ya es un órgano de inteligencia en la Corte”. Y propuso: “Habría que generar algún dispositivo para que los propios jueces por medio de las empresas prestatarias establezcan un sistema directo de captación de comunicaciones. Lo único que tienen que hacer es escuchar, que es una diligencia investigativa. Pero a futuro deberían estar en manos del Ministerio Público Fiscal, que exista una Policía Juidicial y cerremos la AFI.” ICCSI congrega al Ilsed, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre (FVL), el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad (NEGyS UMET) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Por un acuerdo entre la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo y el Senado, el sistema político está por legitimar en una ley sin dar ninguna discusión, y establece que está bien que las escuchas las haga la propia Corte”, explica Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS. “¿Realmente quieren transparentar? El proyecto no plantea ningún sistema serio de control que permita prevenir o evitar las filtraciones o la realización de inteligencia ilegal. En otros países hay un órgano específico que se ocupa de eso, pero no hay debate sobre otros modelos. El control no se resuelve con un protocolo.”

“Hoy la Corte en lugar de discutir su propia legitimidad como último interprete de la Constitución y garante de Derechos, sigue sosteniendo un avance en funciones que no le corresponden de un sistema degrado”, añade Litvachky. “La Corte desarrolla herramientas de investigación y si uno quiere cuestionarlas por su constitucionalidad, ella tiene que resolver sobre sí misma. Es muy grave”, sostiene la especialista, que preferiría esta tarea en manos de quienes conducen la investigación criminal. “Está bien el control parlamentario      –agrega– pero hay que ver cómo se implementa. La bicameral no funcionó en años, nunca previno nada ni resolvió problemas; su propia actividad es secreta.”

La ICCSI insiste que hay un gran abanico de  vacíos legales que el proyecto/dictamen no resuelve: ¿cuándo se puede pedir una escucha? ¿Lo puede hacer un juez o jueza de cualquier fuero? ¿Y qué pasa si el producto de la escucha no es relevante? ¿Y quién se responsabiliza por ese material? El clima parlamentario, pese a que se trata de una ley de máxima importancia, muestra que el pacto podría avanzar con comodidad.