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La tasa de inflación de marzo fue de 2,3 por ciento, acumulando un alza de 6,7 por ciento en el trimestre con un proyección del 22 al 25 por ciento en el año. Quedó totalmente fuera de registro la meta del 15 por ciento impuesta por la Jefatura de Gabinete al Banco Central. Ese último porcentaje es el aumento salarial pactado por varios grandes gremios y cámaras empresarias, bajo la atenta presión del Ministerio de Trabajo. La cartera laboral informa que el 75 por ciento de las paritarias ya negociadas fueron cerradas con esa cifra, quedando pendiente acuerdos con la UOM, Bancarios y Camioneros. Si no hay alteración en la tendencia alcista de los precios y/o una revisión de esa pauta salarial, los trabajadores formales culminarán el 2018 con una pérdida real de sus ingresos. Con ese saldo, más que la Meta de Inflación, la atención debería concentrarse en la Meta del Salario del gobierno de Mauricio Macri.
A diferencia del objetivo oficial con los precios, con el de los salarios va consiguiendo los avances pretendidos. Logró que disminuya la carga de los salarios en la estructura de costos de las empresas. La inflación es una manifestación de esa política laboral regresiva, con la pasividad portentosa de conocidos capos sindicales, algunos viajando a Europa con el ministro Jorge Triaca (h) y otros con un silencio estruendoso, cuando hace poco habían liderado varios paros generales por el alcance del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia, que hoy involucra a un universo más amplio. No todos los jefes de gremios actúan con lógica empresaria, colonizados con ideas económicas neoliberales; existen también muchos otros que resisten el ajuste en un contexto de persecución política judicial para quienes no se someten al gobierno de Macri.
Despidos
El portal Infogremiales es una fuente relevante para el seguimiento de la sucesión de conflictos laborales derivados de despidos, suspensiones, pago en cuotas o reducción de salarios. Una de las principales cadenas de comercialización de bienes de consumo masivo, la francesa Carrefour, presentó un procedimiento preventivo de crisis para reducir la planta entre 1000 y 2500 trabajadores; la multinacional farmacéutica Abott inició un plan de retiros voluntarios en su planta de Florencio Varela, que ya implicó una baja de alrededor del 20 por ciento de su plantilla; La Campagnola, del grupo Arcor, desplazó a unos 300 trabajadores en sus dos plantas localizadas en Mendoza, entre 2017 y lo que va de este año, y no paga una suma compensatoria por inflación de 7000 pesos; Estancia El Rosario, fábrica de los ineludible alfajores cordobeses, no paga los salarios de sus trabajadores hace dos meses y está a punto de cerrar; la mayorista Autoservicio Primo Hermanos dejó de operar despidiendo a 48 trabajadores, agremiados en la rama logística de Camioneros; la multinacional Cargill dispuso un lockout (cese de la producción y suspensiones sin goce de sueldo), como respuesta al reclamo por el despido de 33 trabajadores de la planta de Villa Gobernador Gálvez. La Unión de Jerárquicos Petroquímicos de Bahía Blanca alertó de una posible reestructuración de Unipar Indupa, controlada por capitales brasileños, que significaría pérdida de puestos.
El ajuste de trabajadores en el sector privado, sin discriminar grandes o pequeñas empresas, locales o extranjeras, se extiende a la administración pública. Hubo reducción de personal en áreas vinculadas a la producción, como en la fábrica militar Fanazul, y organismo como el INTI, los ministerios de Hacienda y de Energía, la red de medios públicos, Senasa, entre otras dependencias. Además se ha presentado un régimen de retiros voluntarios. El dato llamativo es que en el registro del Ministerio de Trabajo, en base a información proporcionada por el registro de la Seguridad Social (AFIP), la cantidad de empleados públicos aumentó en 53 mil en enero pasado respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de la administración central, los despidos son parte de la estrategia de renovación de personal para incorporar personal con sello PRO, con salarios por encima de los cesanteados. Es una nueva etapa de la colonización del Estado por parte de fuerzas políticas conservadoras.
Salarios
El reciente informe de Economía Política para la Argentina (EPPA), publicado en el suplemento Cash, el domingo pasado, detalla la evolución del salario real sectorial en los dos primeros años del gobierno de Macri. En base a datos del Ministerio de Trabajo, destaca la caída del poder adquisitivo en los empleados del Transporte, con una merma de 8,5 por ciento, sector que tuvo a sus principales dirigentes sindicales como los más combativos en el último gobierno de CFK, y hoy son dóciles acompañantes de la administración macrista que castiga el salario real y amplia la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias. Los docentes también sufrieron una pérdida de 8,2 por ciento del salario real, seguido por petroleros, con 7,8 por ciento; estatales, 7,1 por ciento, y trabajadores de comercio, con 4,9 por ciento.
El Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo-Universidad Nacional de San Martín también realizó un estudio de la evolución del salario real de los trabajadores formales. Calculó una caída mayor, del 10 por ciento, para los trabajadores del transporte de corta distancia, en base a registros de los convenios y de información del Indec, en dos años de economía macrista. Porcentaje similar de pérdida padecieron los trabajadores de la actividad textil, mientras que los del calzado retrocedieron 6,0 por ciento.
A partir de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), procesados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, el informe precisó los salarios efectivamente pagados por los empleadores privados a los trabajadores registrados. En términos globales, hubo un alza del 3,0 por ciento de los salarios reales abonados por las empresas en 2017, pero esa mejora no fue suficiente para compensar la pérdida de poder de compra de 2016. Concluye entonces que el salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado en los dos primeros años del gobierno de Macri retrocedió 3 por ciento. En el primer trimestre de este año, con una tasa de inflación de 6,7 por ciento y salarios sin actualización, se produjo una caída adicional del ingreso real de los trabajadores.
El retroceso será más pronunciado si no hay revisión de los acuerdos paritarios que ya se pactaron al 15 por ciento en este año. Sin un ajuste al alza se repetirá otro año con la mayoría de los sindicatos fijando aumentos de convenios por debajo de la inflación. El Cetyd-Unsam detalló que de 16 convenios analizados, que representan más del 60 por ciento del total del empleo privado, en 13 se acordaron aumentos inferiores al índice de precios al consumidor de enero de 2016 a diciembre de 2017.
Objetivo
El director del Cetyd-Unsam y ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, explica en el reporte que la pérdida de ingresos se suma a un nuevo ciclo de despidos colectivos en el sector privado. Reducción de personal provocado por la inviabilidad de empresas sometidas a tarifazos, apertura de importaciones, baja de consumo y poco crédito a la industria. Menciona que los datos evidencian un claro deterioro en la estructura ocupacional: retrocede el empleo privado asalariado registrado (formal) y avanzan el precario (monotributo en sus diversas formas, personal por agencia, contratos a plazo fijo) y la informalidad. “Producto de estas ‘nuevas’ formas de contratación, la desocupación se mantiene ‘estable’ y se anuncia un crecimiento del empleo que enmascara cambios cualitativos relevantes”, señala.
Destaca cuál es la clave de la política económica del gobierno de Macri: reducir el costo laboral unitario (por unidad producida) del empleo registrado del sector privado. Esta meta es uno de los principales ejes del modelo actual de política económica, que asegura que con una disminución de esa variable aumentará el rendimiento del capital y, de este modo, incrementará los incentivos económicos para promover las inversiones e impulsará así el crecimiento de la economía y del empleo.
La reducción del costo laboral unitario en la economía macrista podría haber sido el resultado de una mejora de la productividad laboral: si una misma dotación de trabajadores consigue aumentar la capacidad de producción, el costo laboral unitario se reduce porque al empresario le resulta más económico fabricar cada uno de esos bienes. Pero no hubo cambios en la productividad en relación a 2015, indica el informe Cetyd-Unsam.
Otra forma de disminuir el costo laboral unitario es que aumenten los precios de bienes o servicios que producen las empresas o por la caída del salario real. Esto último fue el factor principal que impulsó su baja, estimado en 3 por ciento. Esto implica que, en términos globales, las ganancias empresarias por unidad de producto se incrementaron en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores.
El oficialismo puede mostrar al mundo empresario que se está esmerando para cumplir la tarea, pero la exigencia es más alta porque el objetivo de reducción del salario es más ambicioso. Por eso la insistencia con la Meta del Salario en el 15 por ciento en línea con la fantasiosa Meta de Inflación. Como no cumplirá con ese trayecto en los precios, con paritarias pactadas en ese nivel, conseguirá otra vuelta de ajuste en el costo laboral unitario. Este es la principal finalidad de la desconcertante, para quienes quedan atrapados de la estrategia de distracción oficial, batalla pérdida con los precios en la que insisten los funcionarios.
Mientras la mayoría se entretiene con un Banco Central devaluado con las imaginarias Meta de Inflación, el gobierno avanza con firmeza apuntando al blanco con la Meta del Salario.
