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Desde Barcelona

“Por los derechos y las libertades, por la democracia y la cohesión, ¡los queremos en casa!”. Bajo este lema 350 mil personas –750 mil según los organizadores– ocuparon una de las arterias principales de Barcelona ayer al mediodía, víspera del día en que se cumplen 6 meses de la encarcelación de los dos reconocidos activistas por la independencia, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El color amarillo, símbolo de protesta contra la represalia estatal hacia el movimiento secesionista, inundó de punta a punta la Avenida Paral·lel y los cantos por la libertad de los presos y el retorno de los exiliados sonaron con una estridencia que no se sentía desde hace tiempo. 

Convocada por la plataforma Espai Democràcia i Llibertat, que engloba no solo a las principales asociaciones independentistas (Òmnium Cultural y la ANC, cuyos líderes eran “los Jordis”) sino también a dos de los mayores sindicatos (CCOO y UGT) y a entidades de carácter múltiple como Unió de Pagesos (campesinos), Asociaciones Vecinales, Federación de Asociaciones de Padres y Madres o Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, la marcha de ayer buscó la transversalidad para apoyar sus demandas. La libertad de los nueve ex miembros del Govern encarcelados tras el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, así como el regreso de los tres políticos independentistas desplazados a Bélgica, los dos huidos a Suiza, una a Escocia y el ex president, Carles Puigdemont, ahora en Alemania, movilizó a un amplio sector de la sociedad catalana e, incluso, de la política. Trascendiendo los límites- hasta ahora sumamente rígidos- del bloque secesionista, partidos como Catalunya en Comú-Podem, con la presencia de su líder Xavier Domènech y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, también abanderaron la concentración pese a su desvinculación de la causa independentista.

Desde Esquerra Republicana (ERC) se quiso remarcar este carácter “transversal” de la protesta y su nueva portavoz, Marta Vilalta, hizo hincapié en la idea cada vez más repetida de “un frente democrático contra la represión”. Del mismo modo, el presidente del Parlament, Roger Torrent –también presente en la manifestación– denunció la “regresión que amenaza los pilares fundamentales de la democracia que está haciendo el Estado español” y apuntó que “cuando somos transversales y nos unimos en la defensa de los derechos y la democracia, somos imparables”.

Tal como lo enunciaron en su manifiesto, la plataforma impulsora de la marcha, se constituyó con un doble objetivo: la vuelta a casa de los políticos presos y el reclamo de un acuerdo “urgente y sin injerencias políticas o jurídicas” para formar gobierno, tras casi cuatro meses de haberse celebrado las elecciones regionales y seis de que el Estado central haya intervenido la autonomía de Cataluña. Los representantes de Espai Democràcia i Llibertat consideran que hay que votar lo antes posible a un president para levantar la aplicación del artículo 155, a la vez que exigen “diálogo y negociación” para resolver los problemas políticos en el ámbito de la política y no de la Corte. 

El viernes pasado el Tribunal Supremo español volvió a tumbar un pleno de investidura –ya es el cuarto intento fallido– al denegar nuevamente la salida de la cárcel del candidato Jordi Sánchez para asistir a la sesión del Parlament. La mayoría independentista de la cámara catalana propuso por segunda vez al activista en prisión preventiva, aún a sabiendas de que la respuesta más que probable del magistrado Pablo Llarena, sería la misma que un mes atrás. El juez cree que un mandato de Jordi Sánchez supondría un riesgo de reiteración delictiva y podría orientarse “hacia el quebranto de un orden constitucional”, según declaró en la víspera del pleno previsto para el viernes y suspendido luego por el presidente del Parlament.

Los partidos secesionistas confiaban en que la comunicación hecha el pasado 23 de marzo por el Comité de Derechos Humanos de la ONU instando al Estado español a respetar los derechos políticos del candidato cambiaría las cosas, pero tanto la oposición como el Tribunal Supremo lo consideran solo un “acuse de recibo” del organismo internacional. Ante este nuevo varapalo, la Mesa del Parlament- órgano rector de la institución- decidió el mismo viernes querellarse contra el juez Llarena por impedir la asistencia de Jordi Sánchez a la sesión de investidura, así como interponer una queja formal –a pedido de los ‘comuns’– por la negativa a liberar temporalmente a Sànchez, en contravención a lo declarado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La oposición unionista encabezada por Ciudadanos y el Partido Popular, a su vez, piensa investigar a la institución por supuesta malversación de fondos, denunciando el uso de la Cámara “como si fuera el gabinete de abogados del señor Puigdemont o el señor Sànchez”, según declaró Inés Arrimadas, número uno de Ciudadanos. 

Mientras los letrados de uno y otro lado trabajan sin descanso para ganar la batalla legal en la que se convirtió el conflicto entre Cataluña y España, el terreno político continúa yermo de propuestas que permitan a la región recuperar su gobierno, desde hace seis meses en manos de Mariano Rajoy. El reloj hacia unas nuevas elecciones corre desde que el anterior candidato, Jordi Turull, no pudiera tampoco ser investido el pasado 22 de marzo ya que antes de que se celebrase la segunda vuelta para obtener la mayoría fue encarcelado junto a otros diputados independentistas. Si antes del 22 de mayo los partidos no consiguen nombrar a un president, automáticamente se convocarán urnas, opción que se antoja cada día más posible pese a que nadie parece desearla. 

La semana que viene la cúpula de Junts per Catalunya (JxCat) se reunirá con su líder, Carles Puigdemont, en Berlín, donde el ex mandatario espera que la justicia alemana resuelva la orden de extradición enviada por el Tribunal Supremo español. Allí decidirán los próximos pasos que, según lo repetido durante los últimos días por diferentes miembros del partido, podrían dirigirse a un nuevo intento de investir a Puigdemont.  La CUP también es favorable a esta opción, mientras Esquerra insiste en buscar a un candidato que sea “investible” –es decir, sin procesos judiciales en marcha– para evitar una repetición electoral que teme riesgosa para la mayoría independentista en la Cámara catalana.