![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Fernando-Krakowiak.png?itok=wbMGCcrR)
El proyecto de ley corta de comunicaciones que presentó el gobierno le abre las puertas a las telefónicas para brindar televisión satelital, pero además promueve la compartición de infraestructura pasiva para acelerar el despliegue de redes. Esta última medida no solo habilita a los licenciatarios privados a compartir torres, postes y ductos entre sí sino que también pone a disposición de esas firmas la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) de Arsat. El proyecto modifica también un artículo de la ley de Desarrollo de la Industria Satelital que le reservaba a Arsat bandas de frecuencias de espectro con carácter preferencial, las cuales pasarán a manos de los privados.
La red de fibra que construyó Arsat contaba en agosto del año pasado con 29.501 kilómetros. De ese total, los kilómetros iluminados sumaban 22.622 y había 285 localidades donde la fibra se encuentra efectivamente operativa para que coooperativas, cableros e ISP puedan conectarse.
El secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici, aseguró el 21 de abril de 2016 que la apertura de Arsat al capital privado era una posibilidad que se estaba evaluando. La intención oficial en ese entonces era transferir el data center de Arsat al Ministerio de Modernización y lotear entre los privados las otras unidades de negocios: el área satelital, la Refefo y la Televisión Digital Terrestre. El data center finalmente pasó a ser controlado por Modernización, pero la privatización de las otras unidades no pudo avanzar.
En el caso de la Refefo, el principal freno fue el lobby cruzado que ejercieron las grandes empresas del sector. Ninguna tuvo la fuerza suficiente para inclinar la balanza a su favor, pero todas hicieron lo suyo para que ese activo no cayera en manos ajenas. De ese modo, se mantuvo el statu quo hasta el día de hoy. Ahora buscan avanzar un paso más generando las condiciones para que todas las compañías puedan usufructuar esa red.
Arsat ha venido firmando contratos de servicios con empresas de telefonía móvil y proveedores de internet para brindarles comunicación entre distintos puntos de su red. Sin embargo, si el nuevo proyecto se aprueba los privados directamente podrán disponer de los ductos de la firma.
El artículo 1 del proyecto lo deja claro: “Los licenciatarios de Servicios de TIC, deberán permitir el uso y ocupación de su infraestructura pasiva, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que utilicen para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo requerido en la prestación de sus servicios, a otros licenciatarios, para el despliegue de sus redes”.
La clave estará en el reglamento que dicte el Ministerio de Modernización, pero en ese momento ya no tendrá intervención el Congreso. Lo único que aclara el proyecto es que “el uso compartido de infraestructura se instrumentará mediante convenios celebrados entre los licenciatarios y/o titulares, en los que se establecerán las condiciones técnicas y económicas, en forma objetiva, transparente, no discriminatoria y proporcionada”.
Otro punto que involucra a Arsat es la modificación artículo 11 de la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital. El texto original decía: “Resérvanse con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT las bandas de frecuencias que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante de la presente ley”. En ese anexo II se reservaban para la compañía estatal 130 MHz en distintas bandas de frecuencia. Para el servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA) a nivel nacional se reservaron 50 MHz en la banda 1700-2100 MHz y otros 20 MHz en la banda de 700 (738-748/793-803). Además, se reservaron 60 MHz para el Servicio de Comunicaciones Personales (PCS): 20 MHz en la banda de frecuencia 1850-1910/1930-1990 MHz.
En la ley 27.208, sancionada en noviembre de 2015, se aclaraba que la porción correspondiente a la banda de 700 MHz se utilizaría para dar cobertura a grandes áreas con baja densidad (poblaciones rurales dispersas y rutas), para reforzar la cobertura en zonas de “sombra” y para garantizar comunicaciones fiables a organismos de la seguridad pública. Con la banda alta (1700-2100 MHz) se pretendía brindar accesos de alta capacidad móviles en zonas densamente pobladas. Por último, se aseguraba que con los 20 MHz por área en la banda de frecuencia 1850-1910/ 1930-1990 MHz se buscaría garantizar servicios de comunicación móvil.
La ley explicitó incluso que se explotarían aprovechando el despliegue de la Refefo y alentando el ingreso de nuevos actores al mercado de la telefonía celular, como cooperativas y empresas provinciales.
Parte de ese espectro había quedado desierto luego de la licitación que realizó el gobierno en 2014 porque la empresa Arlink, del empresario Daniel Vila, obtuvo un bloque de frecuencias como operador entrante pero nunca las pagó. Cuando Arsat iba a disponer de ese activo, Vila metió una medida cautelar en la justicia mendocina y ese litigio recién se resolvió en septiembre del año pasado. El gobierno de Mauricio Macri había prometido que iba a poner el espectro a disposición de los privados (aún no está claro si por licitación o asignación directa), pero para ello necesita modificar la ley de Desarrollo de la Industria Satelital. La propuesta incluida en la ley corta consiste en reemplazar el artículo que reserva el espectro con carácter preferencial para Arsat con otro mucho más vago en su enunciación que simplemente dice que “la autoridad de aplicación adjudicará en forma directa a Arsat las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines”.
