El aumento de las tarifas de transporte fue presentado como una oportunidad para que los de menores recursos ahorren. El argumento fue que combinando transportes se reducía el gasto. Transcurridos tres meses de la implementación del nuevo sistema, más de la mitad de los que viven en el área metropolitana afirma que paga más que antes. Y ese porcentaje se repite y aún es mayor entre quienes viven en la zona sur y la zona oeste del conurbano bonaerense. En la cuestión tarifaria, uno de los mayores factores de crisis está en la luz: nada menos que una de cada cuatro personas dice que directamente no las pueden pagar. Y por supuesto, la mayoría sostiene que las tarifas de gas son muy caras, en especial porque el aumento fue desproporcionado.

Las conclusiones surgen de un sondeo realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), que lidera Matías Barroetaveña. EL CEM es un centro interuniversitario producto de un acuerdo entre la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET); la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham. En total se entrevistaron 2145 personas de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico social. 

“Los hogares de la región metropolitana y en particular del conurbano ya no tienen en qué ajustar para hacer frente a los nuevos aumentos tarifarios  –señala Barroetaveña–. Cerca del 40 por ciento dice que las facturas son impagables con sus ingresos. Los servicios públicos son una necesidad básica de la población ya que afectan su calidad de vida y su salud, por lo tanto no pueden ser tratados como una mercancía más, librada al mercado”.

El impacto mayor está en el transporte, con rangos de aumento del 50 por ciento entre febrero y junio de este año. De entrada se intentó presentar el cambio tarifario como una ventaja para los más humildes porque, supuestamente, iban a poder aprovechar el sistema multimodal, es decir la combinación entre los distintos medios de transporte. El resultado, desde del punto de vista de la encuesta, es notorio: sólo 10 por ciento dice que paga menos que antes. Es un porcentaje que va en línea con estudios anteriores que indicaban que sólo una de cada diez personas podría aprovechar el multimodal. Más de la mitad, en cambio, siente el aumento.

Si se tiene en cuenta que la medida estaba destinada a no empeorar la situación de los humildes, la realidad es que hay un 12 por ciento de los consultados que dicen que no pueden pagar. Pero lo más grave es que en el conurbano profundo ese porcentaje llega al 29 por ciento, en especial en la zona norte. En la Capital, la gente que no puede pagar es mínima porque no tienen que hacer grandes combinaciones, pero en el segundo cordón el costo explota. 

Como señala Barroetaveña, las tarifas no son un precio más. Se trata de un insumo elemental en la calidad de vida. Eso se da más todavía en el transporte, subsidiado en el mundo entero, justamente porque se trata de un apoyo muy direccionado a los que menos tienen. En zonas como José C. Paz, San Miguel o incluso los sectores más alejados de Tigre el impacto es muy fuerte y es allí donde hay un 29 por ciento que dice que no puede pagar el aumento de transporte.

Respecto de la luz, las dificultades aparecen también en el primer cordón bonaerense porque allí aparecen más las industrias y comercios. Eso explica que, por ejemplo, el 36 por ciento de los encuestados en la zona sur del primer cordón digan que no pueden pagar las tarifas. Y lo  mismo sucede con quienes están en los talleres del segundo cordón, zona norte. Como es público y notorio, hay municipios del interior bonaerense que directamente se pronunciaron en emergencia tarifaria. Por supuesto que ya son muy pocos –sólo seis por ciento– los que afirman que la luz es barata, como ocurría antes, algo que llevaba a fuertes polémicas. El incremento sideral pasó a la gente a posturas muy críticas: el 41 por ciento afirma que las tarifas son caras y un 27 por ciento adicional sostiene que no las puede pagar.

Algo más amortiguado es el debate sobre el gas y el agua. Después de años en que el costo no era significativo, respecto de ambos servicios la mayoría de los usuarios pasó a decir que es caro o que no lo pueden pagar. El problema es especialmente grave en el segundo cordón del conurbano donde se utiliza mucho la garrafa de gas. Allí el 55 por ciento sostiene que se trata de un servicio caro o que no pueden pagar. Esas respuestas aparecen, sobre todo, en Florencio Varela y Berazategui. 

Durante la administración de Mauricio Macri la cuestión tarifaria está en el centro de la escena. No sólo por los aumentos de cada servicio, sino porque esos incrementos fogonearon la suba del resto de los precios, mientras se ponen topes a las paritarias. Es que a las personas encuestadas por el CEM no sólo los afecta la tremenda proporción que ahora deben asignar a transporte, luz, agua o gas, sino que a eso se suma el crecimiento en alimentos, en combustibles, en el celular –hoy el medio de comunicación de los humildes–, en el alquiler y en casi cualquier otro costo que afrontan mensualmente. Eso se reflejó en el Quinto Monitor de Clima Social que realizó el propio CEM. Casi cuatro de cada diez personas redujeron las porciones de comida porque no hay dinero suficiente para comprar alimentos. Una de cada cinco personas manifestó que tuvo hambre durante el último año y más de la mitad afirmó que su situación económica es peor o mucho peor que la que tenían a principios de 2017. A esto se agrega que cuatro de cada diez personas creen que está en peligro de perder su trabajo. Todo con focos críticos en el segundo cordón del conurbano bonaerense, es decir en la franja más humilde de la población. 

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