El Gobierno y sus aliados peronistas pretenden aprobar una reforma al Código Procesal Penal que permitiría al Estado invadir hasta límites inimaginables la privacidad de cualquier persona sometida a una investigación penal. El proyecto iba a tratarse hoy en el Senado pero a último momento se suspendió para la próxima semana. Una coalición de organismos defensores de derechos civiles alertó sobre los riesgos de promover “un espionaje masivo y sistemático”, calificó de “alarmantes” las diversas vigilancias que promueve el proyecto y le pidió al Senado “que se abra una discusión seria” en comisiones.
El proyecto para convertir al Estado en un aparato de espionaje lo presentaron el 2 de marzo los senadores peronistas Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino. El 10 de abril, sin ninguna participación de la sociedad civil en el debate, lo aprobó la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside Guastavino. Sus impulsores se negaron a convocar a nuevas reuniones o a citar a expertos para opinar sobre su contenido.
“Es preocupante que el Estado avance sobre la posibilidad de intervenir en el fuero íntimo de quienes son objeto de una investigación penal sin que exista un debate respecto a la forma y alcance que dichas medidas deben tener para ajustarse a un debido respeto de las garantías constitucionales”, advirtió la Coalición de ONG por la Reforma Procesal Penal que integran el CELS, el Inecip y la Asociación por los Derechos Civiles. “Una ampliación de las capacidades estatales para afectar garantías constitucionales debe tener un estándar amplio de discusión parlamentaria que no fue cumplido en este caso, en el que además la información sobre el proyecto y sus alcances es confusa”, agregó.
El colectivo que también integran ACIJ y APP considera “alarmante lo establecido por el proyecto de ley al permitir que el/la juez/a ordene, previa solicitud del agente fiscal, la vigilancia acústica de conversaciones privadas del imputado que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores, la vigilancia remota de los equipos informáticos y la vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización”. Destaca que no se explica cómo se realizarán las intervenciones sobre los dispositivos y equipos informáticos y qué medidas se tomarán para proteger los datos personales recabados. “Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que la iniciativa habilitaría el uso de tecnologías sofisticadas de vigilancia que en otros países han dado lugar a casos de espionaje masivo y sistemático”, alertan, ya que “otorgan amplio margen para cometer abusos si no se toman los recaudos necesarios o no se establece un órgano transparente e imparcial que se encargue de su utilización”.
“Con la excusa del empalmar el código procesal vigente con el nuevo, que todavía no se implementó, el Senado está proponiendo una reforma que agrega cuestiones muy complejas, que habilita la intervención de tecnologías en la vida privada y no lo está haciendo con el debate suficiente para una ley de afectación de garantías constitucionales”, señala Paula Litvachky, del CELS. “Hay pocas materias más sensibles para legislar que las atribuciones que se le dan al Estado para aumentar su capacidad de intervenir sobre la vida privada de las personas. Un tema de esa sensibilidad exige un nivel de debate mucho más alto que el que le dieron, que fue nulo”, explica.
“Hay que discutir las experiencias comparadas sobre el uso de estas tecnologías que pueden ayudar a mejorar la capacidad de investigar. Hay toda una justificación ideológica para ampliar las capacidades del Estado que muchas veces no tiene sustento en hechos concretos, sino más bien en una cosmovisión vinculada a la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, que hace que cada vez se amplifique más la posibilidad de que el Estado intervenga sobre la vida privada. Es una discusión en el mundo y debe serlo también en la Argentina”, plantea la directora del área de Justicia y Seguridad del CELS. “Además, el proyecto es técnicamente muy deficiente. Aún si se acuerda que nuevas herramientas son necesarias, la discusión sobre su uso tiene que ser muy seria en términos de controles y límites, y tampoco se dio esa discusión”, agrega Litvachky, quien relaciona la iniciativa y su tratamiento sin debate con el manejo del Gobierno sobre las escuchas. “Se trata de convalidar hechos consumados como el traspaso de las escuchas a la Corte, que el Gobierno decidió por decreto”, recuerda.
“Vemos con preocupación la constante postergación en la implementación del Código Procesal Penal federal, que no necesitaba de mejoras”, arranca Aldana Romano, directora ejecutiva del Inecip. Vale recordar que el nuevo código se sancionó en 2014, al año se sancionaron las leyes orgánicas que organizan la Justicia Federal pero el gobierno de Cambiemos suspendió su entrada en vigencia en acuerdo tácito como los jueces de Comodoro Py.
“Vemos que no se trata sólo de sumar leyes que se discutieron y mucho”, señala Romano, y recuerda que “las técnicas especiales de investigación se discutieron durante meses en Diputados hasta lograr un proyecto que recupera el rol del fiscal como investigador y acusador, y al mismo tiempo estableció límites claros a la utilización de esas técnicas”. “Nadie discute que el Estado debe ser eficaz en perseguir problemas criminales complejos pero hay un límite claro de resguardo de legalidad que son las garantías de todos los ciudadanos para que el Estado no ejerza un poder abusivo”, destaca. “Reglas claras sobre temas como cuándo proceder con una medida, por cuánto tiempo, con qué fundamentos, quedaron bien definidas en Diputados. Ahora, enmascarados en el discurso de ‘compatibilizar lo que se reformó’, nos encontramos con que abrieron la puerta a otras técnicas, bastante peligrosas, y sin este control que es absolutamente indispensable para permitirle al Estado avanzar sobre los derechos de los ciudadanos.”
