Un año después de que el Ministerio de Desarrollo Social diera de baja más de 100 mil pensiones no contributivas, la Agencia Nacional de Discapacidad despidió ayer a 60 trabajadores, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad. ATE Pensiones se declaró en estado de asamblea permanente y denunció la “persecución” contra los delegados cesanteados. Además advirtió que la medida afectará las prestaciones del Estado. “Los despidos ocurren en el marco del desguace del área y de una fuerte merma en la asignación de pensiones”, advirtió el sindicato a través de un comunicado, en el cual también denunció el “deterioro del sistema no contributivo”. En septiembre del año pasado el Gobierno creó la Agencia Nacional de Discapacidad en reemplazo de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. En esa ocasión los trabajadores de ATE denunciaron que la medida tendería a un vaciamiento del organismo. La vicepresidenta Gabriela Michetti asumió la defensa del cambio. Sostuvo que la creación de la nueva dependencia “es más que un cambio de estructura”. Y agregó: “Esta jerarquización es un gran paso para avanzar hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad en la Argentina”. Siete meses después de esa promesa, el oficialismo vuelve a golpear sobre la agencia encargada de atender los problemas de sectores sociales con alta vulnerabilidad.

Los empleados se enteraron de su despido en la puerta del organismo, a medida que la policía les impedía el ingreso al edificio donde hasta ayer desempeñaban sus tareas. En algunos casos, a los cesanteados simplemente se les comunicaba que “no estás”. En otros, se invocaba “impedimento”. “Durante la mañana, nos encontramos con un panorama triste y doloroso. Al llegar a nuestro lugar de trabajo, un enorme operativo policial, sin precedentes, y un listado que impedía el acceso de muchxs compañerxs”, relató Walter Pignataro, delegado de ATE Pensiones.

Los 60 despidos no corresponden solamente a la sede porteña sino que se extienden por distintos puntos del país, entre ellos, las delegaciones de Córdoba, Neuquén, Mendoza y Ushuaia. Algunos de los trabajadores del conurbano bonaerense se enteraron de su despido a través de los mensajes de sus compañeros porteños, porque ni siquiera fueron notificados. “En Luján hubo cuatro despidos y nosotras somos las tres únicas mujeres, trabajadores sociales, que prestamos función en la sede”, denunció en una entrevista a un medio local Silvia Moglie, quien advirtió que en esa localidad “los vecinos con problemáticas no podrán acceder a la pensión”.

Moglie denunció, además, que hubo “un pase de nombres” a raíz de que fueron los propios trabajadores quienes en su momento denunciaron “las 180 mil bajas”, que el Gobierno luego quiso atribuir a “un error”. “Nos marcaron, nos persiguieron, y nosotros solo ejercemos nuestra tarea. Denunciamos el ajuste y el desguace de las políticas públicas”, completó la delegada.

ATE Nacional, por su parte, señaló que la primera decisión que anticipó el ajuste fue la eliminación por decreto de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (creada en 1996). “Desde la creación de la Agencia se ha tercerizado la liquidación de haberes de los trabajadores y se abonan cifras de hasta 5000 pesos menos por la misma tarea”, advirtió la Asociación de Trabajadores del Estado. Otro de los antecedentes del ajuste en marcha fue el cierre de las oficinas de atención de Tigre, Lomas de Zamora y Moreno. “Hasta diciembre de 2015 se otorgaban 12.000 beneficios por mes y, en los cuatro meses que lleva el año, se aprobaron 8869 pensiones de todo el país”, subrayó ATE, que agregó que hay “un total de 100.000 trámites parados en el área de auditoría médica, esperando resolución”.

Los despidos se produjeron un año después de que el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, diera de baja miles de pensiones, que luego se vio obligada a revisar ante el escándalo público que produjo la filtración de la medida. Lo cierto es que muchos de los afectados nunca volvieron a cobrar el beneficio, a pesar de los recursos presentados por la Red por los Derechos por las Personas con Discapacidad (REDI), que se ganaron en todas las instancias.

Entre los antecedentes del ajuste en marcha cabe mencionar un documento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad, de febrero de 2018, que según denunció el portal Nuestras voces, ordenaba rechazar los expedientes pendientes por discapacidad laboral de niñas, niños y adolescentes que “no tienen incapacidad laboral”. El mismo instructivo establecía mayores condiciones a las personas con cáncer, con síndrome de Down, HIV, Epoc, Parkinson. Según la denuncia de los delegados de ATE, al frenar los expedientes se quedarían sin cobrar pensiones ya acordadas alrededor 20 mil personas.