El ajuste en el área de Desarrollo Social no se circunscribe a la reducción de más de 170 mil pensiones no contributivas, suspendidas o dadas de baja en los últimos dos años, sino también a una menor capacidad de atención de usuarios y al desmantelamiento de los equipos territoriales que dificultan aún más la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema. Hay al menos 100.000 pensiones no contributivas paradas con trabas burocráticas que hacen circular los expedientes en un bucle infinito de trámites. “Lo que se aprobaba en un lapso de seis meses ahora lleva más de dos años y no se solucionan en la mayoría de los casos”, aseguró a este medio Walter Pignataro, delegado general ATE Pensiones.

El primer paso adoptado por la cartera que conduce Carolina Stanley fue la suspensión, sin previo aviso, de unas 170.000 pensiones no contributivas por invalidez. No bien tomó estado mediático, la ministra aseguró que se revisarían caso por caso, lo que no sucedió ni siquiera cuando la Justicia la intimó a reponer todas las pensiones y, en todo caso, revisarlas una vez que los titulares ya estuvieran cobrando. La medida judicial buscaba proteger a un segmento vulnerable de la población. El año pasado sólo se restituyeron 9728 prestaciones por invalidez, en tanto que en lo que va de este se aprobaron apenas 8869 pensiones en todo el país. “Hasta diciembre de 2015 se otorgaban 12.000 beneficios por mes”, señalaron desde ATE Pensiones a través de un comunicado.

El siguiente paso fue la eliminación de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, creado en 1996, con lo cual las pensiones por vejez y madre de siete hijos fueron derivadas a la Anses. Se creó además la Agencia Nacional de Discapacidad, que quedó a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti. “Todas las personas que hoy tienen una pensión la van a continuar recibiendo de la misma manera que hasta ahora. También los centros de atención locales continuarán funcionando con normalidad y todos los trámites de solicitud de pensiones, que ya se hayan iniciado, seguirán su curso”, prometió entonces Michetti.

Sin embargo, la situación fue cuesta arriba para quienes tramitan una pensión, principalmente por invalidez. A la desconcentración de la administración de las pensiones se suma el desmonte de los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias. Por desconocimiento o imposibilidad física, estos equipos eran el nexo que permitía a las familias acercarse al beneficio, que no sólo consiste en un paliativo económico sino también descuentos en farmacias, atención médica y tratamientos. Hasta el momento cerraron las oficinas de atención de Tigre, Lomas de Zamora y Moreno, estratégicas en el Conurbano Bonaerense, mientras “existe un sinnúmero de lugares de atención con alquileres impagos”, denunciaron de ATE.  

El último eslabón de la cadena de ajuste se completa con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que alcanza también a prestaciones no contributivas. El cambio representó un empeoramiento de las condiciones para esta franja respecto de la fórmula original. La pensión no contributiva tradicional, que equivale a 70 por ciento de la jubilación mínima, quedó en 5362 pesos.