Cómo trabajan en Argentina los grupos organizados para disuadir a niñas y mujeres que quieren abortar para que no lo hagan, sobre qué bases argumentales la objeción de conciencia se construye –como indicó en 2010 el entonces papa Benedicto XVI– en tanto herramienta que obstaculice el acceso a derechos (algo sobre lo cual se refirieron, críticamente, algunos expositores de la tarde), y de qué manera la tasa de embarazos no deseados, en particular los de adolescentes, puede reducirse evitando los “talleres de educación sexual” y el “individualismo”. Con esos hilos conductores transcurrió ayer la mañana del tercer plenario de comisiones sobre interrupción voluntaria del embarazo, en una jornada que, además, no dejó duda del fuerte peso de espacios de presión y lobby organizados que actúan en bloque, al menos ante la Cámara de Diputados, a la hora de operar en contra de los proyectos ingresados.

De los 22 expositores convocados por quienes se oponen a la legalización, ocho –más de la tercera parte del total– revisten en distintos espacios y organismos de la Universidad Católica Argentina mientras que algunos tienen vínculos firmes pero menos orgánicos con ella. Entre los oradores de la mañana hubo, además, un funcionario público bonaerense, responsable del área Salud del municipio de San Miguel (que intervino en carácter de tal, y también como “profesional de la salud y testigo de situaciones difíciles”), y un prosecretario de Casación Penal bonaerense.

“Llego en nombre de un servicio que existe hace treinta años. Estamos en veinte provincias, en 57 localidades”, dijo al comenzar Diana Florez de Castillo, “directora fundacional” de Grávida, la ONG que en su web se define como “servicio voluntario de ayuda a la vida naciente y a la maternidad que cuida la vida del bebé por nacer, ofreciendo acompañamiento y orientación a la embarazada en dificultad y de este modo evitar el aborto”. Florez de Castillo aseguró que su “servicio” acompaña a mujeres que viven “situaciones de incesto, violación, pobreza absoluta, enfermedad propia o de sus hijas” y que “sin embargo apostaron a la vida”. “Intervenimos cuando la noticia del embarazo impacta, sorprende y desestabiliza hasta que la mujer pueda recuperar su estabilidad y capacidad de pensar decisiones verdaderas, libres y responsables”, detalló, antes de añadir: “¿Es conveniente facilitar el aborto en momentos de desesperación de caos emocional?”. Así, ejemplificó, actuaron en el caso de “Mariela”, una niña a quien a los 12 años, durante un control médico para expedirle un certificado escolar “se le descubre un embarazo de 18, 20 semanas, que ella ignoraba”. La niña fue derivada “con diagnóstico de aplicación del protocolo de aborto, que se presenta como única opción”, pero entonces el caso llegó a oídos de las “voluntarias” de Grávida, que hablaron con la chiquita y la familia para proponerle que continuara con el embarazo y luego entregara el bebé en adopción. “Lo dejó nacer, le puso nombre, dejó que una familia lo amara y protegiera. Y hoy hace cosas de quinceañera, ya empezó a preparar su fiesta de 15”, redondeó. Historias similares refirió al mediodía la abogada Carolina Alvarado, de la Fundación La merced vida, que, entre otras cosas, procura que esas mujeres escuchen el latido del feto: “cuando escucha el latido del corazón de su hijo, su propio corazón da un vuelco”. 

Ante el atril habló también un dúo oriundo de Río Negro, que en los últimos meses participó activamente de la organización de eventos antiderecho al aborto: Christian Weber y Evelyn Rodríguez, hijo y madre, que cuentan, cada uno a su turno, cómo él fue adoptado por la familia Rodríguez y luego, tras años de búsqueda, halló a su madre biológica y supo que él había sido engendrado por una violación que ella sufrió cuando tenía 12 años. “Me preocupa el énfasis en los derechos sexuales de los adolescentes teniendo en cuenta su libertad, su deseo”, dijo Rodríguez, quien detalló que ofreció a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, un proyecto para “acompañar a mujeres que atraviesan embarazos no deseados”, para que desistan y luego lleguen a “la posibilidad de ese bebé de ser adoptado, como Christian”. 

El eje de la objeción de conciencia en tanto “derecho” de profesionales de la salud presuntamente cercenado por los proyectos de interrupción del embarazo llegó de la mano de otro claro grupo de presión. Sus expositores están vinculados al lobby del proyecto de ley de “libertad religiosa” –que la semana pasada volvió a la palestra en una reunión de subcomisión, tras haber caído en letargo el año pasado– y también al caso de la ley de educación de religiosa en la provincia de Salta, que el año pasado llegó a ser tratada en la Corte Suprema. En algún caso, inclusive, un expositor llegó a asegurar que los proyectos en Diputados no contemplan la objeción de conciencia, algo que fue prontamente desmentido por el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipoveztky –nuevamente de corbata con detalles verdes–, que oficia de anfitrión de los plenarios. 

“El aborto en Argentina está despenalizado de hecho, porque no hay presas por abortar, y de derecho, porque a partir del caso FAL son amplios los supuestos” que lo permiten, aseguró Juan Gregorio Navarro Floria, del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y la revista católica Criterio, que eligió presentarse como abogado de la UCA y la Universidad Complutense. Sin embargo, añadió, “ahora se pretende imponer la obligatoriedad del aborto y este derecho es exigible, y no se reconoce el derecho a la objeción de conciencia” y “se obliga a realizar abortos a quienes tienen objeciones en contrario”. Esa línea, que comenzó a ser tallada con insistencia por otros oradores durante la mañana, posiblemente comience a hacer juego con el proyecto de “libertad religiosa” que retomó, casi sorpresivamente y en un texto sin cambios respecto del año pasado, la comisión de Asuntos exteriores y culto, y que, como este diario informó en su momento, tiende a facilitar, antes que un estado laico, uno pluriconfesional.