El fiscal Alvaro Piérola, quien lleva adelante la acusación contra el sacerdote Justo José Ilarraz, aseguró ayer que los testimonios que brindaron las víctimas durante las dos primeras jornadas del juicio “fueron contundentes en términos probatorios para acreditar la existencia de los hechos y la participación” del cura acusado de abuso sexual de menores. El juicio oral contra el cura Justo José Ilarraz, acusado de haber abusado de siete chicos de entre 10 y 14 años en el seminario en el que él era precepto, comenzó el lunes en Paraná a puertas cerradas y hasta ayer se escucharon los testimonios de los siete denunciantes.
“Fueron relatos contundentes, coincidentes, y creemos que serán mérito suficiente para probar los hechos”, afirmó Piérola en diálogo con una radio local. El fiscal criticó, también, la estrategia de Jorge Muñoz, abogado del sacerdote, que pedirá la prescripción de la causa o “la atipicidad de la conducta” del religioso y aseguró que “busca marcar contradicciones que tienen más que ver con detalles de los hechos y no con lo sustancial”. “Buscar en hechos que ocurrieron hace treinta años una contradicción que tenga que ver con el horario preciso en que a una persona la abusaron es como tratar de buscarle el pelo al huevo; hay que tomar el relato en su conjunto”, explicó Piérola, para quien el defensor quiere “negar todo el proceso que hace a una persona víctima de un delito de este tipo”.
Las audiencias se retomarán el próximo lunes en los tribunales de Paraná. Hasta ahora, el cura asistió a ellas acompañado por su hermano y su abogado y evita el contacto con la prensa.
Se esperan, por cada día, los aportes de al menos una decena de testigos y que se confirme la mecánica para que atestigüen un cardenal, tres obispos, 24 párrocos y cuatro ex sacerdotes. Para los primeros, por su jerarquía, los abogados querellantes presentarán esta semana por escrito sus preguntas. Es que los arzobispos eméritos de Paraná, Estanislao Esteban Karlic y Mario Luis Maulión, y el actual arzobispo de la capital provincial, Juan Alberto Puiggari, se excusaron de estar en la sala de audiencias amparados en el Código Procesal Penal de Entre Ríos, que les otorga ese beneficio.
Puiggari fue rector del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo; Karlic, el mentor de Ilarraz: el cura primero fue su chofer personal y después el ahora cardenal lo nombró prefecto de disciplina en el Seminario. Luego, cuando los hechos que investiga el juicio ya eran conocidos en el ambiente clerical, ordenó su traslado a Roma.
En una de las declaraciones surgió el nombre de una persona que desapareció misteriosamente del curso al que pertenecía en el Seminario de Paraná. El episodio coincide en tiempo y espacio con los abusos transcurridos en el instituto de formación ubicado en la zona de El Brete. Uno de los querellantes, Marcos Rodríguez Allende, solicitó al tribunal que una comisión policial pueda dar con su paradero para incorporarlo al expediente y tomarle testimonio. “El testigo sospecha que uno de sus compañeros habría sufrido cosas muy graves. Dijo que desapareció una noche, pasaron tres o cuatro días y no lo vio más. Y aportó nombre y apellido –expuso ante los medios Rodríguez Allende–. Así que pedí que lo buscaran y le tomaran declaración.” El Código Penal de Entre Ríos permite que cualquiera de las partes pueda plantear formalmente al tribunal la comparencia de un testigo, con los fundamentos correspondientes. En esta ocasión se hizo lugar pese a la oposición de la defensa.
“Todas las víctimas han coincidido y hay un denominador común de los abusos de Ilarraz, que eran a niños de 10 y 12 años que en su mayoría provenían de familias vulnerables que creían a ciegas en Ilarraz”, sostuvo el letrado. “Todas las víctimas se quebraron en llanto. Es un elemento determinante de la espontaneidad. Lo que buscamos es justicia a los abusos de menores de la Iglesia Católica. Los abusos no son sólo los que están en el juicio”, garantizó Rodríguez Allende. Dentro de este marco, el abogado querellante reiteró lo que viene remarcando desde el año 2012, respecto del “encubrimiento por parte de las altas autoridades de la iglesia que siempre supieron lo que pasaba y no hicieron nada”. Sobre ello, Allende afirmó que se está reforzando el debate y será materia también de investigación y análisis probatorio para que se remitan las actuaciones pertinentes con el objetivo de estudiar la posibilidad del “delito de encubrimiento por parte de algunos arzobispos que tomaron conocimiento directo de las víctimas y no avisaron ni a la familia ni a la Justicia”, explicó.
Cuando se retome la actividad, una de las actuaciones más importantes será la inspección judicial en las instalaciones del seminario, principalmente en la habitación de Ilarraz, que es señalada por casi todos los denunciantes como el lugar donde se consumaron las vejaciones.
