El Senado aprobó ayer la reforma de la ley Defensa de la Competencia, con 50 votos a favor y 7 en contra. El proyecto convertido en ley contempla la incorporación de la figura del arrepentido y la creación de un Programa de Clemencia para quienes faciliten información para detectar carteles económicos o empresarios. También establece la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia, que estará conformada por acuerdo de la Cámara alta. Al cierre de esta edición, el mismo cuerpo se disponía aprobar la Ley de Compre Argentino que, entre otras cuestiones, amplía el margen de preferencia de acceso de las pymes como proveedoras del Estado nacional. Este proyecto había recibido cambios durante su tratamiento en comisión del Senado y deberá volver a la Cámara baja.

La reforma sobre Defensa de la Competencia abrió el debate económico, que se inició minutos después de las 15. Durante el tratamiento la oposición aprovechó los intersticios para hacer referencia a los fuertes aumentos de los servicios públicos. La iniciativa convertida en ley prohíbe “todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado”. La iniciativa recogió algunos cambios en su debate en Comisión. Una de esas modificaciones fue en el texto del artículo 23, que establece la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia, cuya conformación deberá contar con el acuerdo de la Cámara alta. El justicialismo había cuestionado el segundo párrafo del artículo donde se señala que si pasan sesenta días sin que la Cámara alta se expida, la facultad de nombrar a los integrantes de ese ente recaerá en el Ejecutivo.

El tribunal estará integrado por cinco miembros, quienes deberán tener “idoneidad técnica” en la materia y presentarse a concurso público. Luego de la pre-selección, el Ejecutivo deberá enviar los pliegos al Senado para que preste su acuerdo. En el marco de la ley se constituye también una Sala de Defensa de la Competencia bajo la órbita de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial.

La senadora Inés Brizuela y Doria (Cambiemos Fuerza Cívica Riojana), presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, indicó que “la ley establece una serie de requisitos por los cuales una operación de fusión deberá ser notificada a la autoridad de aplicación, elevando los montos para “evitar una sobreabundancia de trámites de menor cuantía”. Entre las sanciones dispuestas se contempla desde el cese de las conductas anticompetitivas, hasta la aplicación de multas de acuerdo a la gravedad del ilícito y la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado. El Programa de Clemencia exime de sanción al primer integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias para detectarlo y sancionarlo; y reduce la multa entre 20 y 50 por ciento para algún otro miembro que aporte una prueba adicional.

La senadora Cristina Fernández (Unidad Ciudadana) rechazó la idea, que se intenta imponer, acerca de que no existen medidas que favorezcan la competencia y proteja a las pymes, e hizo un racconto de los programas que se aplicaron bajo la gestión del kirchnerismo de fomento para ese sector. La ex presidenta se refirió a la concentración que se da en la economía y que se refuerza con el cierre de empresas del sector que no logran superar las políticas de Cambiemos. “Hoy estamos mucho peor que en 2015, en materia de trabajo y de inflación”, resaltó Fernández. “Digamos que estamos aprobando esta ley porque es lo que pide la OCDE; y no voy a hacer un juicio de valor sobre el deseo del Gobierno por ser parte de la OCDE. Pero esta ley no es clara para evitar monopolios”, aseguró la senadora, quien apuntó contra la “abstracción y generalidad” que prima en el artículo 6 que define posiciones concentradas. “Si no tiene un número, es un eufemismo”, concluyó. 

Luego se inició el tratamiento del proyecto de ley de Compre Argentino, el cual es presentado como una norma de fomento para que pequeñas y medianas empresas puedan participar como proveedores del Estado. El proyecto amplía la preferencia sobre bienes de origen nacional del 7 por ciento actual al 15 por ciento para las pymes, mientras que para las grandes empresas nacionales pasará del 5 al 8 por ciento. El proyecto mantiene en el 40 por ciento la participación del componente importado para que la denominación sea “bien nacional”. Las compras públicas representan más del 5 por ciento del PBI y 2,5 del empleo.