La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento de una dirigente  de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), agrupación que defiende el trabajo sexual, en una causa por trata. Se le imputa la modalidad de captación y acogimiento, agravado por el engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad de tres jóvenes, a quienes explotaba sexualmente en un prostíbulo que regenteaba en la ciudad balnearia. En la audiencia ante el Tribunal de Alzada intervino el fiscal general Daniel Adler, quien explicó a PáginaI12 el mecanismo que aplicaba la imputada, de acuerdo con la investigación judicial: primero les proponía a las mujeres formar una cooperativa pero luego les retenía un porcentaje que llegaba al 50 por ciento de lo que cobraban por los “pases” y les exigía el cumplimiento de horarios, entre otros requerimientos. “No era el esquema de una cooperativa, ella era quien regenteaba y explotaba el prostíbulo”, dijo Adler.

El procesamiento recayó sobre María Azucena López Villagra, conocida como María López, secretaria general de Ammar en Mar del Plata. En declaraciones públicas, la imputada sostuvo que “no se sabe diferenciar entre el trabajo sexual autónomo de mujeres y hombres mayores que deciden trabajar con su cuerpo y la trata de personas”. Para el fiscal general, no se trataría, en el caso investigado, de trabajo sexual autónomo. En 2013, otra dirigente de Ammar, de la ciudad de Buenos Aires, Claudia Brizuela, también fue procesada en una causa por trata de mujeres para explotación sexual: se le imputó colaborar con una red, que gozaba de protección policial,  ofreciéndole una pantalla de legalidad a través de la afiliación de las víctimas a la agrupación. En ese caso, la organización delictiva regenteaba dos burdeles en la ciudad de Buenos Aires y otros seis en la localidad bonaerense de San Miguel, de donde habían sido rescatadas 31mujeres explotadas sexualmente. 

En la causa de Mar del Plata, el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen analizó el bien jurídico protegido por las leyes vigentes, la libertad y autodeterminación de las personas y advirtió que si bien no se ejercía una privación de la libertad física, existía “un control constante y permanente” sobre mujeres evidentemente vulnerables en razón de su situación socio-económica y familiar, lo que las llevaba tanto a aceptar las condiciones desventajosas y control que les imponían, como a sostener un discurso impuesto en cuanto debían decir que alquilaban el local entre amigas.

La investigación se inició en 2013, a raíz de una denuncia recibida en la línea 145 de Asistencia y Denuncia por Trata de Personas. Dos años después, se individualizó el inmueble donde las mujeres eran sometidas sexualmente y se procedió a su allanamiento. Pero la investigación dio un giro con la declaración de un testigo de identidad reservada y el aporte de documentación que hizo otro de los declarantes, que establecieron que, en realidad, “la imputada regenteaba el establecimiento donde las mujeres eran explotadas sexualmente”, señaló la fuente.

Al procesarla, el juez Santiago Inchausti señaló que la mujer regenteaba el lugar; administraba los ingresos y aplicaba “sanciones” a las víctimas sí faltaban sin aviso. También las aleccionaba sobre cómo actuar en caso de un allanamiento: no debían nombrarla y sí les preguntaban, eran amigas o alquilaban juntas el lugar. Les prometía, además, que contarían con un abogado para que las representase si se unían Ammar.